Las entidades rurales reclamaron ayer una nueva Ley de Semillas que contemple los eventos biotecnológicos, es decir, que controle a Monsanto. La multinacional estadounidense busca instalar desde el año pasado el cobro de un canon extra a los productores al momento del acopio en caso de detectar rastros de los genes que en buena medida monopoliza. Los productores argumentan que ya pagan por la tecnología al momento de la compra de la semilla y pidieron a la empresa la suspensión de esa regalía mientras se negocia la actualización de la legislación.

“Ante la proximidad de la nueva cosecha, convocamos a una mesa de diálogo a la industria semillera y a la comercialización de granos”, dice el comunicado firmado por Confederaciones Rurales, Sociedad Rural, Coninagro y Federación Agraria. “Pensamos que es necesaria la búsqueda de un consenso para encontrar una solución definitiva al control del comercio y uso de tecnología incluida en las semillas, actualizando la Ley de Semillas y el funcionamiento de los organismos de control del Estado. Para comenzar a construir estos consensos es necesario eliminar la cláusula ‘Monsanto’”, agregan las entidades. A la reunión de ayer también asistieron representantes de las bolsas de cereales, los acopiadores, empresas semilleras y sus proveedores Monsanto y Dow Chemichal.

En esta controversia hay tres actores. Por un lado, Monsanto como productor de la tecnología transgénica que utilizan, por ejemplo, Nidera y Don Mario, que producen semillas. En tanto, los productores adquieren semillas para sembrar o acopiar para la campaña siguiente y otros usuarios para modificarlas y encontrar nuevas variedades.

Los productores consideran que hay varios problemas con respecto al uso de las semillas. Uno de ellos tiene que ver con los fitomejoradores, que son empresarios que se dedican a obtener nuevas variedades de las semillas que adquieren. Esa actividad está contemplada como “derecho de uso propio” en la Ley de Semillas vigente, pero esa normativa no incluye a los nuevos eventos biotecnológicos, con lo cual existe una suerte de vacío legal. En ese contexto, Monsanto exige a los fitomejoradores una compensación porque las semillas transgénicas se rigen, en lugar de por la Ley de Semillas, por la Ley de Patentes, que no contempla el derecho de uso propio.

Otra discusión tiene que ver con la utilización de la semilla. Monsanto es proveedor de biotecnología a los fabricantes de semillas, como Nidera y Don Mario. Los productores adquieren las semillas de estas empresas, pero cuando llega el momento de venta de la cosecha, Monsanto desde abril de 2015 pretende aplicar para sus nuevas variedades una cláusula por la cual cobra 15 dólares por tonelada que ingresa al acopio o a la cerealera si el grano presenta antecedentes genéticos vinculados a los desarrollos de Monsanto. La empresa norteamericana argumenta que existe un alto grado de informalidad en las transacciones de semillas.

“Se planteó empezar a trabajar para llegar a consensos de largo plazo a través de la modificación de la Ley de Semillas. Se trata de una norma de principios de los años 70 que no contempla la biotecnología. Sería importante adecuarla para incluir la regulación sobre las empresas que están en ese eslabón de la cadena, como Monsanto”, explicó Jorge Solmi, vicepresidente de la Federación Agraria y dirigente del Frente Renovador.

En Estados Unidos, la comercialización de semillas está regida por la ley de patentes. En su modelo de negocios, Monsanto siempre apostó por exportar esa lógica al resto de los países donde opera. Sin embargo, en Argentina la Ley de Semillas tiene mayor preminencia que la de patentes. Monsanto posee a nivel mundial 1600 patentes en biotecnología y suministra semillas en 150 millones de hectáreas. En el mercado local tiene presencia en casi el ciento por ciento del suministro de semillas destinadas al cultivo de soja modificada genéticamente.