ECONOMíA

El Fondo se hace el oso

El Fondo Monetario, a través de su vocero, Thomas Dawson, salió ayer a bajarle el tono al conflicto abierto en los últimos días con el Gobierno. Como es sabido, los burócratas del organismo postergaron la primera revisión del acuerdo firmado en septiembre, y le sugirieron a Lavagna que debían elevarse las metas de superávit fiscal para aumentar así los pagos de la deuda, lo cual generó una dura respuesta del propio Kirchner. “No vemos esto como un retraso porque aún estamos dentro del marco de tiempo esperado”, se atajó Dawson. Sin embargo, el vocero reconoció que existen diferencias con la administración Kirchner y que una de ellas es “la política sobre deudas atrasadas”.
Sin embargo, un importante funcionario del equipo económico salió al cruce de Dawson, al afirmar a Página/12 “que está equivocado cuando dice que faltan completar aspectos de la primera revisión del acuerdo, porque no hay nada pendiente. Si tienen dudas, corresponde a la segunda revisión”.
No pasaron tres meses del acuerdo trianual suscripto por el Gobierno con el FMI y ya empezaron las primeras escaramuzas. En los últimos días, Kirchner disparó por lo menos dos veces con munición gruesa contra el Fondo. “Ven que la Argentina crece y quieren más. Quieren cambiar el superávit, pero parece que todavía no me conocen. No me van a torcer la mano”, afirmó. La reacción del Presidente no fue espontánea: Lavagna le preparó un memorándum en el que explica que, como todos los analistas estiman que la economía crecerá más de lo que figura en el Presupuesto 2004, habrá más recaudación y, por lo tanto, los técnicos del FMI pretenden que esos recursos adicionales se destinen a mejorar la oferta de pago a los acreedores de privados.
En concreto, si se confirmaran los nuevos pronósticos de crecimiento, la recaudación podría superar en unos 5000 millones de pesos las metas presupuestarias. La discusión es si esos recursos se destinarán a financiar gastos internos (como ser aumento de salarios públicos y jubilaciones, o incrementos en la obra pública y los planes sociales), o irán a engrosar los pagos a los acreedores, como quiere el Fondo.
Kirchner decidió pasar al ataque cuando se enteró, además, que como método de presión el directorio del organismo demoraba la aprobación de la primera revisión del acuerdo vigente, lo cual complica la relación del Gobierno con todos los organismos internacionales. Por ejemplo, el Banco Mundial no podría autorizar el desembolso de créditos hasta tanto el Fondo no diera el visto bueno.
Ayer el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, confirmó que desde el Fondo “se indicó al gobierno argentino que analizara la posibilidad de revisar el superávit fiscal comprometido para pagar la deuda”. Insistió con que “hay signos de recuperación que no pueden verse comprometidos por seguir profundizando la difícil situación social que vive Argentina”. Y ratificó que el Gobierno no se moverá de la pauta de superávit fiscal (del 3 por ciento del PBI) ya acordada: “Hemos sido terminantes en que éste es el límite de las posibilidades”, aseguró.
Desde el Fondo, en cambio, buscaron minimizar el conflicto. “Nunca se fijó una fecha para una reunión del directorio (sobre Argentina) y no la tendremos hasta que estimemos que podemos concluir. No vemos esto como un retraso porque aún estamos dentro del marco de tiempo esperado”, sostuvo Dawson, actuando de sorprendido.
“Estamos trabajando tan duro como podemos, y las autoridades argentinas están trabajando tan duro como pueden”, se limitó a contestar el funcionario, en conferencia de prensa, cuando le preguntaron si algunos de los puntos conflictivos con Buenos Aires eran la demora en la implementación de las compensaciones a los bancos y un nuevo esquema tarifario para las empresas de servicios públicos.
Pero ante la insistencia de los periodistas admitió que uno de los puntos que suscitaba controversia era “la política sobre deudas atrasadas” con los acreedores privados. Al respecto, señaló que el FMI “seguirá en contacto con las autoridades, los acreedores institucionales y privados para saber cómo evoluciona el proceso, y al final habrá que hacer un juicio”.

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Hörst Koehler junto a Thomas Dawson, vocero del FMI.
Bajaron el tono al conflicto. Pero presionan al Gobierno.
 
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