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En la misma semana, se conoció la detención de los denunciantes de dos escándalos financieros que afectan a la Argentina: la fuga de capitales y fraude fiscal a través del JP Morgan entre 2006 y 2008, y la revelación de la tenencia y propiedad de sociedades offshore por más de una decena de funcionarios del actual gobierno nacional gestionadas a través de la sociedad panameña Mossack Fonseca. Lo expresado no es un error: no son los banqueros, los abogados ni los administradores de los fondos que facilitaron estas malas prácticas los detenidos, sino los denunciantes de las operaciones ocultas y fraudulentas. Hernán Arbizu, ex vicetitular de la filial local del JP Morgan, será extraditado el miércoles 22 a Estados Unidos para responder a la denuncia por presunto fraude financiero que le formulara su ex empleador, el mencionado banco de inversión. Un día antes, en Suiza, tomaba estado público la detención de un técnico en sistemas que trabajaba en las oficinas de Mossack Fonseca en Ginebra, denunciado por esta firma de haber sustraído documentación que compromete a sus clientes. Supuestamente, los famosos Panama Papers. En tiempos en que los escándalos financieros, la circulación espúrea de capitales, la evasión fiscal y la fuga de capitales ligados al crimen organizado es tema permanente de la agenda de cumbres mundiales como el G-20, los sistemas judiciales y los organismos de regulación vuelven a demostrar que son más eficientes para perseguir a los denunciantes que a los que habilitan estas malas prácticas. Estos no son los primeros casos, pero Argentina acaba de plegarse de lleno a esa tendencia.

El caso Arbizu es emblemático en varios sentidos. Hasta 2008, desde la filial de JP Morgan “atendió” a las mayores fortunas familiares y empresas más poderosas que operan en el país, armando la arquitectura financiera para posibilitar la fuga al exterior de sus excedentes. “Mi target era 20 millones de dólares para arriba”, contó en una entrevista con el autor de esta nota. Pero el eficiente ejecutivo de JP Morgan hizo una jugada en falso: habría utilizado dinero de la cuenta de un cliente para alguna operación propia, y para evitar que se detectara transfirió fondos de un tercero a la cuenta del primer cliente. El tercero detectó la falta de unos dos millones de dólares antes de que fueran repuestos y se los reclamó al JP Morgan de Estados Unidos. La entidad, rápida de reflejos, denunció a su ejecutivo en Argentina para deslindar responsabilidades. Fue en ese momento que Arbizu saltó el cerco: se autodenunció ante la Justicia argentina por facilitar la fuga y evasión de más de 480 millones de dólares entre 2006 y 2008, buscando ser juzgado en Argentina para evitar la extradición.

Eso ocurrió en 2008. Presentó los datos de cada cuenta, con los nombres reales de sus titulares y los montos fugados. Pero a pesar del tiempo transcurrido, la causa ni se movió. La orden de extradición llegó cuando todavía no fue ni siquiera citado a declarar. Le falló la estrategia, también el destino político. Mientras gobernó el kirchnerismo, esperó y reclamó que la causa local se moviera parando la extradición. Cambió el gobierno y las prioridades políticas. Con varios ex funcionarios de JP Morgan en cargos clave –y otros involucrados en sospechas de fuga–, la opción que tomó fue dar curso rápido a la extradición. Cerca de Arbizu, aseguran que éste sabía, desde la noche del 10 de diciembre, cuál sería su futuro.

La paradoja del denunciante preso, mientras que los responsables de la fuga y el banco que la operó ni siquiera son investigados, no es una exclusividad de este caso, aunque a éste le sobren condimentos. Al día siguiente de la detención de Arbizu para su extradición, el gobierno nacional resolvió pasar la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo responsable de estudiar las denuncias de operaciones sospechosas, a la órbita del Ministerio de Hacienda y Finanzas, encabezado por otro ex alto ejecutivo de JP Morgan, Alfonso Prat Gay. A su vez, al frente de la UIF han sido nombrados Mariano Federici y María Talerico, el primero proveniente del Estudio Marteau, litigante en varias causas contra la propia UIF en defensa de los denunciados por operaciones de lavado, mientras que Talerico ejercía la representación legal de representantes del HSBC en la misma temática.

Los nombres de Arbizu, Prat Gay y HSBC ya se habían cruzado en oportunidad del tratamiento de la denuncia contra el HSBC por las cuentas de argentinos en Ginebra. Arbizu había sido convocado a las sesiones de la comisión especial investigadora para exponer sobre los mecanismos de fuga del sistema bancario argentino. Allí responsabilizó a buena parte de la banca privada por las operaciones de fuga y lavado de divisas, y a los administradores de fondos que actúan como facilitadores, entre los que aparecía Prat Gay. El por entonces diputado Ricardo Buryaile trató de descalificar a Arbizu por sus antecedentes, ante lo cual Arbizu no perdió la calma. “No los niego, yo mismo me he autoinculpado. Pero le puedo dar el nombre de diez banqueros que usaba Prat Gay para sacar la plata afuera”, respondió ante un nutrido grupo de diputados y periodistas presentes en la sesión. Cuando tuvo que dar la lista de los principales bancos a través de los cuales, según sus dichos, se concretó la fuga y blanqueo de divisas, tampoco dudó: Citibank, UBS, Credit Suisse, Santander, HSBC, BBVA y Goldman Sachs, además de JP Morgan.

La legislación británica le puso nombre a esta figura de denunciante tradicionalmente vinculado a la propia entidad denunciada: whistleblower, cuya traducción literal sería “el que hace sonar el silbato” (to blow the whistle) o, en sentido figurado, el que hace sonar la alarma. Sin embargo, por razones seguramente culturales, en Argentina se los califica como “arrepentido” o “batidor”. Del sentido positivo o loable en inglés, pasa a tener un sentido despectivo o negativo cuando se lo traduce. Inversamente a lo que ocurre con “tax haven”, cuya traducción literal es “guarida impositiva” y, sin embargo, se ha elegido llamarlas por la más amable combinación “paraíso fiscal”.

No sólo es un problema semántico. El trato a lavadores y a denunciantes suele ser el inverso al que se esperaría para un combate real a este delito financiero. Rudolf Elmer, ex empleado del banco Julius Bär en islas Cayman; Bradley Birkenfeld, ex UBS en Estados Unidos; Hervé Falciani, ex HSBC, entre otros “whistleblowers”, sufrieron condenas o son investigados por violación del secreto bancario, en tanto que quienes protagonizaron al frente de los más importantes players de la banca global los peores escándalos financieros con sus malas prácticas, han pagado su “falta” con una multa muy inferior a los cientos de millones evadidos. En Argentina, ni siquiera eso.