El Gobierno confirmó que los usuarios de todo el país no deben pagar las boletas de gas hasta tanto la situación se resuelva en la Justicia. En las mismas condiciones están los hogares bonaerenses cuyo servicio de electricidad está concesionado en favor de Edenor y Edesur. También tienen fallos a su favor el resto de los usuarios bonaerenses. Pero lejos de alegrarse por eso, el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, se esmeró ayer en demostrar que el violento aumento de tarifas resuelto por el Gobierno es lo mejor que les podría haber pasado a los hoy sufridos usuarios, porque será la fuente que derrame beneficios en su favor. “Sin energía es imposible que vengan inversiones, que el país empiece a crecer y que el sector más dinámico derrame riqueza”, postuló.

Aguad insistió en la cuestionada teoría del derrame que fue piedra basal del neoliberalismo en los 90, para justificar la concentración de la riqueza y medidas “que no son simpáticas”, pero que se supone favorecerán la inversión ybeneficios ulteriores para los que menos tienen. “Hoy nos hace dependiente no tener energía. Nos hace más dependientes que la deuda externa o que el déficit monetario”, enfatizó. Aguad agregó que “es durísima la coyuntura, el país está muy pobre, se ha empobrecido mucho la Argentina. Hemos vivido en una irrealidad y va a costar mucho superar esta coyuntura. El gran impacto lo está sintiendo la clase media”.

El derrame por ahora está frenado por la Justicia. A fines de la semana próxima se conocería si la Sala II de la Cámara Federal de La Plata suspende los efectos de los fallos que frenaron el tarifazo del gas a nivel nacional y de la luz para los usuarios de Edenor y Edesur en la provincia de Buenos Aires antes de que la Corte tome el tema. Por su parte, los usuarios que cuentan con el servicio de las distribuidoras eléctricas regionales bonaerenses también tienen fallos vigentes a su favor que suspenden el aumento tarifario. En el resto del país, la recomendación acerca de pagar o no la boleta de la luz depende de la situación del expediente judicial.

“En este momento hay un fallo judicial vigente. Nosotros estamos discutiéndolo en la sede judicial. Hasta tanto no se resuelva, no hay que pagar las boletas”, dijo ayer el jefe de Gabinete, Marcos Peña. De esa forma, confirmó lo que este diario viene planteando desde el día posterior al anuncio que la semana pasada encabezó el ministro de Energía, Juan José Aranguren, sobre los nuevos topes tarifarios.

El Gobierno publicó el martes pasado una resolución con nuevos topes sobre el valor de la boleta del 400 y el 500 por ciento como incremento máximo interanual en el gas. Introdujo esos máximos sobre el esquema de aumento tarifario desarrollado con la resolución 31. El problema fue que esa resolución estaba anulada para todo el país a raíz de un fallo judicial dictado por la Sala II de la Cámara Federal de La Plata. Ante esta situación, Aranguren dijo que el Gobierno presentaría un recurso extraordinario que suspendería inmediatamente los efectos del fallo adverso. Sin embargo, la Cámara lo contradijo y recordó que antes de decidir si acepta la apelación y suspende el efecto del fallo mientras la Corte analiza el tema, la contraparte tiene diez días para estudiar el recurso presentado por el Gobierno. Ante la inminencia de la feria judicial, la resolución de la Cámara iba a quedar recién para mediados de agosto. Esos tiempos se acortaron porque los magistrados habilitaron la feria para analizar el recurso presentado por el Gobierno.

“La Justicia tiene que encontrar la manera de dar una previsibilidad en todo el tema tarifario que es claramente responsabilidad del Estado. La multiplicidad de cautelares y amparos en todo el país genera más complicación. Pero bueno, creemos que es positivo que se haya habilitado la feria judicial y que esto se pueda resolver lo antes posible cuando llegue a la Corte”, dijo Marcos Peña. Hasta tanto la Cámara no responda si concede la apelación y si lo hace con efecto suspensivo sobre el fallo, el aumento no está vigente y no hay que pagar las boletas. “Se confirma lo que decíamos, de que la gente no tiene que pagar”, agregó Claudio Boada, de la Unión de Usuarios y Consumidores. “Unicamente hay que pagar las boletas que vengan con las tarifas hasta el 31 de marzo”, aclaró Héctor Polino, de Consumidores Libres.

La luz, difusa

En el caso del servicio de electricidad la situación es mucho más difusa, porque el incremento de la energía mayorista pasa por el filtro de las distribuidoras de jurisdicción provincial, con lo cual la judicialización no se produce a nivel nacional. En una situación muy similar a los usuarios de gas de todo el país están los hogares bonaerenses que cuentan con el servicio de Edenor o Edesur, ya que una cautelar presentada por legisladores del FpV suspendió el aumento y la propia Sala II de la Cámara Federal de La Plata responderá la próxima semana sobre el efecto suspensivo de la apelación del Gobierno. También en el partido de San Martín y La Matanza hubo fallos de primera instancia y ratificación de Cámara sobre la cuestión tarifaria.

Para el resto de los usuarios bonaerenses hay también en la Justicia fallos que suspenden el aumento, aunque los tiempos del trámite judicial hacia adelante son más inciertos. En primer lugar, el juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata Luis Arias había dictado una medida cautelar que suspendió el tarifazo en la provincia de Buenos Aires sin contar Edenor y Edesur. Las empresas apelaron y a pesar de que el juez no otorgó la suspensión del fallo, la Cámara sí lo hizo. El jueves pasado, Arias dictó otro fallo en el cual anuló los aumentos.

Por otro lado, la entidad de consumidores Deuco, que dirige Pedro Bussetti, presentó junto a la CTA un recurso de amparo aceptado por Cecilia Valeros de Corica, quien dirige el juzgado Civil y Comercial Nº 11 de la Plata. La jueza dictó la suspensión del aumento en territorio bonaerense excluyendo a las distribuidoras Edenor y Edesur. La resolución de la cuestión de fondo está en manos de la Corte Suprema bonaerense. El tarifazo en el servicio de luz decretado por el Gobierno nacional también fue judicializado en Catamarca, Santa Fe, Mendoza, Córdoba y Jujuy, entre otros distritos, aunque el pago o no de las boletas depende de la instancia judicial en la que se encuentre cada caso. La judicialización del aumento en el servicio de agua está mucho más atrasada que en el caso del gas y la luz. El único fallo colectivo vigente es el de La Matanza, presentado por la intendenta Verónica Magario.