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Página/12 En México

Desde Ciudad de México

No es común que un presidente se disculpe ante su pueblo. Y menos en México. Pero acaba de suceder por segunda vez en los últimos 40 años. Primero fue José López Portillo, en 1976, cuando pidió perdón a la nación por no saber administrar la riqueza energética que, en esa época, podía poner de rodillas a la mismísima OPEP (Organización de Países Productores y Exportadores de Petróleo), y por no poder evitar que los grandes empresarios saquearan las reservas monetarias del país (luego, la economía nacional se hundió en una crisis de la que no ha salido desde entonces).

La noche del lunes pasado fue el turno de Enrique Peña Nieto, quien se disculpó por dar la impresión de ser uno de los presidentes más corruptos que ha tenido México, aunque aseguró que no lo es, nomás lo parece.

“Les reitero mi sincera y profunda disculpa por el agravio y la indignación que les causé”, dijo Peña Nieto a la sociedad mexicana en alusión al escándalo que estalló tras una investigación periodística que el 9 de noviembre de 2014 expuso la supuesta adquisición de una mansión de 7 millones de dólares por parte de Angélica Rivera, esposa del presidente y ex actriz de telenovelas en Televisa, al contratista favorito de Peña Nieto desde hace más de una década.

El acto de contrición presidencial fue recogido como parte de una operación de lavado de conciencias por la prensa internacional, que cada vez mira a Peña Nieto con mayor recelo. Los principales medios del mundo registraron el mea culpa de Peña Nieto mientras promulgaba públicamente siete leyes secundarias que dan cuerpo al Sistema Nacional Anticorrupción, entre ellas las leyes de Responsabilidades Administrativas, del Tribunal de Justicia Administrativa, de Fiscalización y de la Administración Pública Federal. Además reformó el Código Penal Federal y la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República para crear la Fiscalía Anticorrupción.

El acto resultó deslucido por el previo veto presidencial a un artículo de la Ley de General de Responsabilidades Administrativas, conocida como “3 de 3”, que obligaba a todos los empresarios que tuvieran contratos con el gobierno a presentar sus declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal.

México es el país más corrupto entre los 34 Estados miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el número 11 entre 22 naciones latinoamericanas y el 95 entre 168 países evaluados en 2015 por Transparencia Internacional. Comparado con los países del G-20, sólo Argentina y Rusia están peor que México.

La corrupción en este país lo abarca todo, pero pocas veces había sido documentada al más alto nivel de la clase política, como ocurrió en el caso de la llamada Casa Blanca, una propiedad de 7 millones de dólares en la calle Sierra Gorda, en el exclusivo fraccionamiento Lomas de Chapultepec, propiedad de la pareja presidencial, expuesta por una investigación periodística que ha sido premiada internacionalmente después de que fue despedido todo el equipo periodístico que la hizo posible en Noticias MVS.

Si acaso, sólo peor que la corrupción es la impunidad. En el fondo, históricamente toda medida para combatirla ha quedado en la retórica y el juego de apariencias.

De hecho, el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción mexicano anunciado por Peña Nieto evita fiscalizar al presidente, a quien no se puede perseguir judicialmente por actos de corrupción ni por casi ningún otro delito que no sea “grave”, según las leyes mexicanas, o por “traición a la patria”, en contraste con otras legislaciones latinoamericanas como la de Guatemala, donde el expresidente Otto Pérez Molina se encuentra en prisión preventiva, o la de Brasil, donde la presidenta Dilma Rousseff fue separada del cargo, o la de Argentina, donde se persigue a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Al problema endémico de la corrupción en México se suma el doble agravio de la ostentación, lo que exacerbó a la sociedad en torno del escándalo de la inexplicable riqueza del presidente y su esposa, presumida primero en las páginas de una revista de banalidades de la oligarquía nacional y expuesta, después, en la investigación periodística que identificó no sólo conflictos de interés sino un eventual caso de corrupción al más alto nivel.

Por cierto, ya tarde en la noche del mismo lunes, Presidencia de la República aseguró que, desde diciembre de 2014, Angélica Rivera, esposa del presidente Enrique Peña Nieto, canceló el contrato de compraventa de la Casa Blanca, por lo que dejó de tener posesión del inmueble que adquirió del contratista del gobierno federal Grupo Higa. “Desde esa fecha la señora Rivera no tiene relación alguna con el inmueble, es decir, ni la posesión ni la propiedad”, algo que habría ocurrido hace 19 meses pero que la sociedad mexicana no supo sino hasta el mismo lunes pasado, ya entrada la noche.

Tal opacidad contrastó con el discurso presidencial, ese mismo día: “En carne propia sentí la irritación de los mexicanos, la entiendo perfectamente. Por eso, con toda humildad, les pido perdón. Les reitero mi sincera y profunda disculpa por el agravio y la indignación que les causé. Y en esto reconozco que cometí un error. No obstante que me conduje conforme a ley, este error afectó a mi familia, lastimó la investidura presidencial y dañó la confianza en el gobierno”, dijo Peña Nieto al presentar su iniciativa anticorrupción.

Y es cierto. Lo sintió en carne propia, pero no necesariamente en su ámbito más privado, sino como líder de facto de su partido, el PRI, que hace poco más de un mes perdió 7 de 12 gobernaciones en disputa, incluyendo estados como Veracruz y Quintana Roo, que su partido había gobernado ininterrumpidamente durante casi un siglo. El presidente atribuyó tamaña derrota a lo que llamó “mal humor social”.

Peña Nieto se muestra más preocupado por la percepción pública que por el Estado de derecho: cada día, dijo, desde el escándalo por la Casa Blanca, “estoy más convencido y decidido a combatir la corrupción”. En realidad, desde entonces, lo que ha hecho fue nombrar un “zar anticorrupción”. El 3 de febrero, el presidente priista nombró a Virgilio Andrade secretario de la Función Pública (un ministerio que el propio Peña Nieto había hecho desaparecer hacía unos meses) para que investigara no si el presidente había incurrido en corrupción, sino si existía “conflicto de interés” por la supuesta compra que hizo su esposa de la Casa Blanca al Grupo Higa, contratista favorito de Peña Nieto desde que era gobernador en el estado de México (2005-2011).

Ya en el cargo, Andrade aclaró que carecía de atribuciones para cumplir con la instrucción presidencial, pues la compra ocurrió cuando Peña Nieto era gobernador. Entonces se centró en averiguar si el contratista Grupo Higa había sido favorecido con contratos públicos. Seis meses después, la conclusión fue “No”.

La instrucción presidencial incluía investigar al actual secretario de Hacienda, Luis Videgaray, mano derecha de Peña Nieto, quien habría comprado una casa de campo por 581 mil dólares, al contado, en un exclusivo fraccionamiento de Malinalco, en el estado de México. El funcionario también fue exonerado, pese a que el contratista al que le compró la propiedad tardó más de un año en cobrar un cheque por 6,6 millones de pesos que recibió del funcionario y, en el mismo lapso, obtuvo al menos cuatro contratos de la banca pública de desarrollo que en esa época presidía el propio Videgaray.

Para Peña Nieto, todo fue “un error”. Para buena parte de la sociedad mexicana, la lectura es que el error fue permitir que lo pescaran.

“Todos tenemos que ser autocríticos, tenemos que vernos en el espejo. Empezando por el propio presidente de la República”, dijo Peña Nieto. Y el país recordó el cuento de Blancanieves.