El gobierno porteño paga 10.500 pesos por mes para que una familia de 12 personas viva hacinada en un hotel de Constitución, que fue clausurado por la misma administración PRO y se mantiene abierto violando la clausura. Los datos se desprenden de una causa en la que el juez Andrés Gallardo le ordenó a la gestión PRO que reubique a la familia y que, mientras tanto, le garantice condiciones mínimas (una heladera para que los alimentos no se pudran y evitar los cables expuestos donde alguno de los nueve menores se puede electrocutar). Como el gobierno porteño no acató el fallo, el juez le impuso una multa de cinco mil pesos diarios al jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y otra de tres mil pesos a la ministra de Desarrollo Humano, Guadalupe Tagliaferri. Los macristas respondieron recusando al juez.

La causa viene desde febrero de 2012, cuando la jefa del hogar María Inés Amarilla pidió una vivienda digna para su familia. Ella y su marido son cartoneros y viven con nueve menores, con los que pasaron por una serie de hoteles hasta llegar al que habitan hoy en Constitución.

El juez Gallardo dispuso una inspección judicial del lugar donde vivían tras un informe del Ministerio Público de la Defensa. Allí comprobó las condiciones deplorables en las que vivían y, a su vez, secuestró documentación que prueba que el gobierno porteño le paga en forma directa al dueño del hotel 10.500 pesos por mes, pero además la familia tiene que abonar otros 2500 pesos. En total, 13 mil pesos por tres pequeñas habitaciones sin camas, sin baño, sin heladera y sin calefacción de ningún tipo. En los pasillos se acumula agua sucia y hay humedad en las paredes y en el techo. Ninguna de las habitaciones tiene ventana.

Detrás de un panel, el magistrado encontró una faja de clausura de la Agencia Gubernamental de Control. Posteriormente, se comprobó que efectivamente el lugar estaba violando una clausura de la AGC. Pese a esto, el gobierno continúa pagando por las habitaciones.

El juez, entonces, ordenó al Gobierno porteño que reubique a la familia y que, mientras tanto, les provea de abrigo, agua y que sean reparadas las instalaciones eléctricas del lugar donde viven hacinados. La gestión PRO apeló el fallo y siguió sin cumplir la orden judicial.

Como toda respuesta, desde la gestión PRO propusieron trasladar a las 12 personas de las tres habitaciones en las que están a dos habitaciones en otro hotel. El magistrado indicó que “la propuesta de reubicación no cubre los requerimientos mínimos para el grupo familiar afectado, dado que sólo le ofrecieron dos habitaciones cuando por la composición de la familia requiere al menos tres habitaciones”.

Gallardo dispuso el lunes una última constatación del estado del lugar. En el acta, se indicó que “las habitaciones siguen en el mismo estado, con colchones en muy malas condiciones, humedad en las paredes, falta de sábanas, ropa de abrigo. Las habitaciones están heladas. Es imposible acceder a artefactos que proporcionen calefacción, porque las deficientes instalaciones imposibilitarían su conexión. El baño sigue con el caño suelto de agua, sin conexión”. También, que una de las niñas estaba con mucha tos debido al frío.

A raíz de esto, ayer Gallardo le impuso una multa diaria al jefe de Gobierno y su ministra de Desarrollo Humano porque “no dieron cumplimiento a la intimación”. “El incumplimiento reviste extrema gravedad, dado que la señora María Inés Amarilla y su familia se encuentran viviendo en condiciones de extrema precariedad. Se trata de proveer de algunos elementos básicos para su subsistencia, tales como colchones, ropa de abrigo y una heladera”, indica el fallo, donde el magistrado destaca que el gobierno porteño “vulnera el derecho a una vivienda digna del grupo familiar Amarilla, abonando mensualmente una suma desmesurada y sugestivamente elevada al dueño del hotel, aún a sabiendas de que dicho hotel se encuentra clausurado por el propio Gobierno y a todas luces inhabitable”.

El juez Gallardo advirtió que el monto que se paga para que la familia viva en esas condiciones equivale al alquiler de un tres ambientes y que esto “habla a las claras de, al menos, dos formas de corrupción. La primera que cabe a quienes pagan semejantes sumas de dinero público a un particular”. “Esa corrupción, obviamente, será denunciada para que la Justicia penal la investigue”, indicó el magistrado.

“La segunda corrupción tiene que ver con la dimensión humana. El Gobierno parecería más preocupado por los sufrimientos y el estrés de la mona Sandra que por la angustia y el padecimiento de los seres humanos”, escribió el juez, que citó un fallo en el que el Gobierno porteño accedió a darle a la orangutana “condiciones adecuadas para su habitat, nutrición y observaciones clínicas periódicas, así como mediciones del estrés”. El juez, incluso, citó al Papa : “No se puede confundir la compasión hacia los animales, que exagera el interés hacia ellos, mientras deja indiferente el sufrimiento del prójimo”.