Renovar por cinco años su mandato al frente del Fondo Monetario Internacional no le alcanzó a Christine Lagarde para librarse de una investigación judicial en Francia. El Tribunal de Casación en París rechazó ayer la solicitud de revisión del caso en el que la directora gerente del Fondo está imputada por negligencia en el uso de los fondos públicos. Por lo tanto, la abogada irá a juicio. Los magistrados cuestionan una indemnización por 404 millones de euros recibida por Bernard Tapie, un poderoso empresario afín al gobierno de Nicolas Sarkozy, durante su paso por el Ministerio de Economía francés.

Aunque el escándalo vinculado al banco Crédit Lyonnais continuará teniéndola en el banquillo de los acusados, Lagarde fue respaldada ayer por el Consejo de Administración del FMI. El órgano que representa a los 189 países miembro de la institución financiera multilateral indicó que “mantiene la expresión de su confianza en la capacidad de la directora gerente de mantener de forma efectiva sus funciones”. La directiva del organismo multilateral de crédito que este año volverá a supervisar la economía argentina a través de su tradicional Artículo IV podría ser condenada a un año de cárcel y 15.000 euros de multa. Aunque cuestionaron la decisión del Tribunal, los abogados de la francesa aseguran que el juicio demostrará su inocencia.

La causa se remonta veinte años atrás cuando el empresario Bernard Tapie, ex propietario del equipo de fútbol Olimpique de Marseille, vendió su participación en la empresa Adidas para dedicarse a la política. Como la firma se revendió rápidamente por una suma mayor, Tapie consideró que el Estado, a través del Crédit Lyonnais que se encargó de la venta, lo engañó y le hizo perder dinero en la transacción. Para subsanar esa situación, el Ministerio de Economía con Lagarde al frente realizó en 2008 un “simulacro de tribunal”, para resarcir a Tapie que era un buen amigo del presidente Sarkozy con 404 millones de euros adicionales. De hecho, en febrero del año pasado la Corte de Apelación de París anuló el arreglo compensatorio y en diciembre ordenó a Tapie la devolución del dinero. Al reembolso de la indemnización, se sumaron intereses desde 2008 y 300.000 euros de gastos de procedimiento.