En Luján, cuyo intendente Oscar Luciani responde a Cambiemos, se confirmó que en el Hospital Municipal sólo se atenderá a los que acrediten ser residentes de esa ciudad, mientras que serán rechazados los pacientes que lleguen de localidades vecinas. “Denunciamos esta medida por ser ilegal, contraria a la Constitución, y porque va en contra del derecho de las personas de atenderse donde quieran y con el profesional que quieran elegir”, afirmó en diálogo con Página/12 Nicolás Luna, titular de la filial local de la Cicop, la asociación sindical que agrupa a profesionales médicos de la provincia de Buenos Aires. Luna recalcó que lo que sucede en Luján se anuncia también en otras localidades, y que la disposición “pone en riesgo a los profesionales de la salud, que podrían ser acusados del delito de ‘abandono de persona’” por negarse a dar asistencia a casos de urgencia de pacientes que lleguen “del otro lado de la frontera”.

Luna agregó que en Luján “se pretende limitar la atención a los 100 mil habitantes de la ciudad, relegando a los 400 mil que habitan en el área” de influencia del establecimiento. Al parecer, medidas similares se tomarían en otros partidos, General Rodríguez y Exaltación de la Cruz entre ellos, de manera que “estaríamos hablando de una política del Estado provincial y no de un municipio”. En diciembre de 2007, con Mauricio Macri jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, su entonces ministro de Salud, Jorge Lemus, quiso tomar –sin éxito– una medida similar (ver aparte).

Ante las críticas, el director ejecutivo del hospital, José Giordano, confirmó que “se trata de una directiva que esta Dirección toma en función de la situación crítica que vive el país en general y la provincia de Buenos Aires en particular”. Agregó que “es sabida la gran dificultad que hay en los hospitales vecinos, sobre todo de especialidades críticas, y eso viene repercutiendo desde hace más de un año sobre la atención en nuestro hospital, preparado para atender a una población de 120 mil habitantes, con 120 camas, con dificultades para absorber lo que la provincia tiene como déficit”.

Giordano aseguró, además, que se trata de “una restricción transitoria”. El director del hospital de Luján llamó esta semana a conferencia de prensa para hablar sobre el tema, que ya desde fines de junio se venía discutiendo en las redes sociales.

Página/12 consultó en primer lugar al presidente de la Cicop, Fernando Corciglia, quien antes de derivar el tema al responsable de la filial Luján, recordó que la entidad sindical ya tuvo duros enfrentamientos, en favor de la gratuidad del hospital público, contra medidas adoptadas en su momento en San Miguel, durante la intendencia del ex carapintada Aldo Rico, o en San Isidro, enfrentando a la saga de la familia Posse. “Nosotros siempre estamos en defensa del hospital público y abierto, de manera que la medida que se anunció en Luján es repudiable y no tiene nada que ver con el concepto de salud pública”. Definió la situación diciendo que “esto es como si se pretendiera alambrar las fronteras” en la provincia de Buenos Aires.

El titular de la Cicop en Luján, Nicolás Luna, señaló que lo que está ocurriendo, en el mismo sentido, en otros partidos bonaerense, indicaría que “se trata de una decisión consentida desde el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires”. Aseguró que “aunque se diga que es una medida transitoria, es igualmente ilícita porque contradice nuestra Constitución, porque atenta contra el derecho de las personas a tener acceso al sistema de salud público”.

Puntualizó que, desde el punto de vista de la Cicop, “esta es una medida discriminatoria, porque discriminar por lugar de residencia es similar a discriminar por raza, por religión, por ideología”. Insistió en que es también “una medida que pone en riesgo a los médicos y profesionales de la salud porque podrían llegar a ser acusados de ‘abandono de persona”, porque si llega a ocurrir el fallecimiento de alguien por falta de atención, van a ser los médicos los que van a tener que responder por ello y es injusto”.

Sostuvo que se trata de una resolución que “representa un bochorno para toda la ciudad, no sólo para los profesionales de la salud”. Destacó que se trata de “un nuevo problema para nosotros, que venimos manteniendo una dura lucha por las paritarias, por la obtención de mejores presupuestos para los hospitales provinciales”. Dijo que el actual gobierno provincial “igual que a nivel nacional, está arrojando escuelas y hospitales por la ventana”.

“Nosotros vamos a dar la pelea para que se revierta esta resolución, pero es necesario que contemos con el apoyo de otras organizaciones sociales y de derechos humanos, para que se sumen profesionales que presenten recursos de amparo para que la Justicia se expida en contra de este tipo de medidas que atentan contra la salud de la población”.

El dirigente de la Cicop subrayó que “lo que están queriendo hacer con el Hospital de Luján es lo misma arbitrariedad que se está aplicando en otras áreas de la sociedad, donde queda claro una vez más la insensibilidad social de la actual gestión de gobierno a nivel provincial y nacional, en contra de los que menos tienen”.