El Gobierno le informó al juez federal de La Plata Alberto Recondo que “las empresas de gas no pueden emitir facturas con ninguna clase de aumento hasta tanto la Justicia no resuelva la cuestión judicial de fondo”. Fue en respuesta a la solicitud de información complementaria que el magistrado había realizado ante la Procuración del Tesoro en el marco del pedido de una nueva medida cautelar para anular la resolución que fijó los topes del 400 y 500 por ciento al tarifazo en el gas. En función de la confirmación del Gobierno de que no habrá nuevas facturas, Recondo rechazó el pedido de la cautelar por considerarla innecesaria. De todos modos, las asociaciones de consumidores piden que las empresas refacturen en función del cuadro tarifario vigente, que es el que regía previo al aumento.

Días atrás el jefe de Gabinete, Marcos Peña, había admitido que los usuarios no debían pagar las facturas conforme a la situación judicial del incremento tarifario. El aumento del gas en todo el país está por ahora anulado a partir de la decisión de la Sala II de la Cámara Federal de La Plata. Ante ello, el Gobierno presentó un recurso extraordinario aunque todavía los camaristas no informaron si conceden la apelación con efecto suspensivo sobre el fallo, lo que volvería a poner en vigencia el aumento tarifario. Luego el tema pasa a la Corte Suprema.

Mientras se espera la decisión sobre la suspensión del fallo, los denunciantes encabezados por el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis) hicieron otra presentación para solicitar una medida cautelar en contra de la resolución que introdujo los topes del 400 y 500 por ciento en el aumento tarifario original del gas. “Si son nulas las resoluciones precedentes por ausencia de realización de audiencias públicas, esa invalidez se extiende inexorablemente a las disposiciones subsiguientes que padecen del mismo vicio”, consideró la fiscal federal de La Plata, Ana Miriam Russo, en un escrito que presentó ante el juez Recondo, quien a su vez pidió información a la Procuración del Tesoro. La respuesta que recibió complementa los dichos de Peña.

El Gobierno confirmó que quedaron pospuestas “todas las acciones que signifiquen aplicación efectiva de la Resolución 129 –que estableció los nuevos topes tarifarios–, en cuanto se refieran a la aplicación de precios y tarifas establecidas en las resoluciones que fueron declaradas nulas por el fallo impugnado”. En relación a esa comunicación, Recondo consideró que “constituye suficiente manifestación de voluntad estatal como para considerar que al menos por el momento no se encuentra demostrado el peligro (...) como para justificar la orden cautelar solicitada”. En consecuencia, el juez rechazó el pedido de cautelar.

De todos modos, Recondo se manifestó sobre la cuestión de fondo en disputa al recordar su “opinión favorable a la pretensión de los accionantes tendiente a que se garantice la participación ciudadana mediante la realización de una audiencia pública relativa a las disposiciones que han modificado el régimen tarifario del servicio público de transporte y distribución de gas natural”. En declaraciones televisivas, Recondo reafirmó que “previo a subir el precio de los servicios a los consumidores es obligatorio el llamado a una audiencia pública”. También consideró que “muchas familias no pueden pagar el aumento, pero no hay que desatender la grave crisis energética, por lo que en ese dilema hay que tomar una decisión”.

Por lo pronto, la decisión sobre el futuro inmediato del tarifazo está en manos de la Cámara Federal de La Plata, que está a la espera de que los demandantes presenten su descargo ante el recurso extraordinario que antepuso el Gobierno. La contraparte hará lo suyo entre martes y miércoles de la semana que viene y es posible que los jueces de turno por la feria judicial dejen que la situación sea resuelta por los camaristas a mediados de la primera semana de agosto.

Durante este interludio hasta que la Corte Suprema defina, las asociaciones de consumidores exigen que el Gobierno ordene refacturar según el cuadro tarifario anterior. “Si el Gobierno reconoce que el aumento tarifario no está vigente, también debería ordenarle a las distribuidoras que refacturen para que la gente pueda pagar y que al usuario que pagó de más que se le reintegre el dinero o que se beneficie un pago a cuenta. ¿Qué pasa si esta situación dura dos meses más? El usuario debe tener más certezas”, explicó a este diario Pedro Bussetti, titular de Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco). Además, Bussetti enfatizó que “los usuarios tienen temor porque un corte del servicio de gas por no pago es un grave problema, aunque en este contexto nadie debe pagar las boletas de gas”. Advirtió que “si el día de mañana la situación judicial se vuelve favorable al Gobierno, esperemos que no se le exija a la gente que pague todas las facturas juntas”.