De los distintos aspectos que trata el fallo de la Corte Suprema del jueves último, el que debe haber incomodado más al ministro Juan José Aranguren habrá sido la decisión del tribunal ordenando que la fijación del precio mayorista del gas (el denominado “gas en boca de pozo”) también deberá pasar por audiencia pública. Y la incomodidad del ministro se relaciona a que es la cuestión que menos interés tenía en ventilar y más hubiera querido preservar de un debate abierto. Hasta donde pudo, sostuvo que el precio del gas que se paga a los productores estaba fuera de toda regulación, y que si hubo un aumento del costo es porque el anterior gobierno (la herencia recibida) hizo al país “dependiente de la energía importada”, encareciendo así los costos del gas distribuido por redes. Justificación suficiente, a su criterio, para aumentar el precio que se paga a los productores y así incentivar la producción local. Pero el fallo de la Corte, sin embargo, lo obligará a explicar ante una audiencia pública por qué, si el precio anterior ya estaba (en dólares) por encima del que se paga, por ejemplo, en Estados Unidos o Canadá, lo aumentó en un 100 por ciento (en dólares), cuando ya existían otros mecanismos de incentivo de precios para quienes aportaran producción excedente (nuevos yacimientos o aumento de la producción de los que ya están en explotación). Es decir, que deberá defender una transferencia de ingresos a favor de los concesionarios de áreas gasíferas por 2800 millones de dólares, no a cambio de aumentar la producción ni de comprometer inversiones, sino simplemente por lo que ya producen. Quizás deba explicar, además, que entre los receptores del beneficio (que pagarían con la mayor tarifa los usuarios residenciales, comercios, pequeñas industrias y cooperativas, entre otros) se encuentra la empresa Shell, que participa en las concesiones de dos áreas gasíferas en la cuenca neuquina.

La Resolución 28 del Ministerio de Energía, de marzo de este año, le otorgó a los productores un precio del gas en boca de pozo de cinco dólares en promedio por millón de BTU (unidad calórica de medición, equivalente a unos 27 metros cúbicos). Dicho valor prácticamente duplica al vigente, en promedio, en el año 2015, de 2,60 dólares por millón de BTU. Vale tener en cuenta que, como el precio está fijado en dólares, las productoras, que pagan sueldos, precios de transporte, insumos y otros costos en pesos, ya recibieron un sustancioso beneficio en diciembre con la megadevaluación con la que debutó el gobierno de Mauricio Macri. A ese valor indexado, Aranguren lo multiplicó por dos. La diferencia entre el valor de producción del gas en 2015 y el que recibirían este año con el aumento, fue estimado por el Instituto de Energía Scalabrini Ortiz (IESO) en 2800 millones de dólares. Es el ingreso extra que recibirían las concesionarias de áreas gasíferas, incluída Shell en la nómina de beneficiarios. La empresa que el propio Aranguren presidiera hasta mediados de 2015 es operadora y principal accionista de dos concesiones en la cuenca neuquina, Sierra Blanca y Cruz de Lorena, a través de una subsidiara que le pertenece en un 100 por ciento: Oil & Gas Development. Aunque con una porción muy menor, participa del reparto que generosamente les otorgó su ex presidente local a las petroleras por resolución 28.

Las razones con las que el ministro Aranguren justificó esa contribución a la renta petrolera fue que, sin un incentivo de precio, no se podría recuperar la producción y, en consecuencia el país seguiría dependiendo de la importación para asegurar su abastecimiento de energía. La opción de hierro que planteó el gobierno era el aumento, que debían pagar los usuarios con la nueva tarifa, o que “el país se quede sin energía”. La sola idea de semejante catástrofe debería haber obrado como disuasivo de toda discusión o análisis, según habrán imaginado los estrategas oficiales. Pero la realidad política y la reacción social definió un sendero diferente.

Andrés Repar y Marcos Rebasa, coordinadores del IESO, aseguran que el precio anterior al aumento, el vigente durante 2015, no era insuficiente. Los 2,60 dólares que recibían como retribución los productores representan un valor 30 por ciento superior al que se paga, por ejemplo, en Canadá o Estados Unidos (en torno a los dos dólares por millón de BTU). El valor del gas que se utiliza para abastecer a los usuarios, sean residenciales o no, no tiene subsidios. Es decir, que lo paga en su valor pleno el consumidor que lo recibe por redes. Como ese gas representa el 70 por ciento de la tarifa, su brutal aumento en dólares –según los especialistas sin justificación en términos del precio internacional– provocó el ajuste exponencial en el cuadro tarifario que el propio Ministerio de Energía definió a partir de abril. En consecuencia, el principal factor del tarifazo no fue la eliminación de subsidios otorgados por el gobierno anterior, sino el fabuloso aumento en dólares que le concedió Aranguren a las petroleras.

Falacias y engaños

Los coordinadores del IESO analizaron, por otra parte, otras justificaciones y argumentos brindados por el gobierno nacional y los funcionarios del área para sostener el tarifazo. Uno por uno, señalan lo siguiente:

- La emergencia energética por falta de producción. “Falso”, sostienen Rebasa y Repar. “En 2015 la producción de gas aumentó en un 4 por ciento con respecto a 2014 (42.971 millones de metros cúbicos contra 41.483 millones)”. Cabe agregar que, según datos oficiales, en el primer trimestre de 2016 se registró otro aumento de la producción de gas del 4 por ciento respecto del mismo período de 2015 (120,6 millones de metros cúbicos por día, contra 116 millones).

- El derroche de gas por bajas tarifas. También “falso”, según los especialistas. “Los promedios de uso anual por usuario residencial se mantuvieron en los mismos valores desde el año 2000; la inmensa mayoría no ha derrochado el gas”, afirman y lo demuestran gráficamente, con una línea plana de consumo unitario que se mantiene apenas siempre por arriba de los mil metros cúbicos por año. Lo que sí creció es la cantidad de usuarios residenciales incorporados al sistema, de 5,5 millones a 8 millones aproximadamente, lo cual invalida el argumento. Salvo que se considere que sumar consumidores de zonas marginales sea “derroche”.

- El aumento asegura inversiones en exploración y explotación de gas. “No hay garantías, ya que en la concesión del beneficio que le otorga el gobierno a las empresas productoras no hay condiciones de ningún tipo que supongan un compromiso de inversiones, ni exigencias de incremento de exploración o producción. En cambio, las empresas productoras ya tienen, por el gobierno anterior, un plan especial por el aumento de producción para el suministro de gas nuevo no convencional que aporten, para el cual se le garantiza un precio de hasta 7,5 dólares por millón de BTU”, señalan los coordinadores del IESO. El beneficio del 100 por ciento que otorgó Energía es sobre el denominado gas viejo, el que extraen de los pozos que ya se encuentran en producción.

- El precio de gas en boca de pozo nunca fue actualizado. “Es falso”, dicen Repar y Rebasa. “Los valores del gas en boca de pozo entre 1992 y 2002 fueron estables y aceptados de buen grado por las petroleras, con un promedio de 1,20 a 1,30 dólares por millón de BTU. A ese precio se exportaba gas a los países vecinos. Entre 2002 y 2014 el precio se fue modificando y llegó a 2015 a una media de 2,50 a 2,60 dólares para toda la producción”.

- El precio del gas que pagan los usuarios residenciales argentinos, incluso con el aumento propuesto, es muy inferior al que paga el resto del mundo. “Esa aseveración es totalmente falsa si se hace la comparación con países productores de gas. El residencial en Canadá paga por el gas el equivalente a 1,80 dólares por millón de BTU, en Estados Unidos la tarifa para este año en promedio es de 2,07 dólares, es decir, menos del 50 por ciento del precio que Aranguren pretende imponer aquí”.

El secreto mejor guardado

Llevar a discusión, en audiencia pública, el precio del gas en boca de pozo, es poner la lupa sobre los costos de las empresas petroleras en Argentina. Es, según los especialistas, “el eslabón más opaco de la cadena”. El fallo de la Corte dejó expuesto una conducta histórica pero pocas veces cuestionada: que las empresas concesionarias puedan evitar brindar esa información sin que se haya dictado siquiera una norma que las obligue. La nota de tapa del diario Río Negro de ayer, sábado, refleja la inquietud que provocó la decisión del Tribunal, que ya habría motivado contactos entre funcionarios del Ministerio de Energía y las firmas petroleras para encontrar una estrategia común frente a la ahora temible audiencia pública. De forma paralela, agrega el mismo medio, comienzan a agitar el fantasma de la caída de inversiones y la seguridad jurídica. Este mecanismo de audiencias públicas donde se pretende hablar de costos “desalentará el arribo de dólares que requiere el sector para despegar”, se quejan, según cita la misma nota.

Los mecanismos democráticos nunca se llevaron bien con las pretensiones del capital concentrado. Aranguren lo sabe, pero sus decisiones llevaron a las petroleras al lugar menos deseado. Ayer se empezaban a plantear dudas sobre si será el actual ministro la persona que el gobierno designe para defender el tarifazo en la audiencia. Por lo pronto, ni él ni el jefe de Gabinete, Marcos Peña, fueron convidados a la “reunión cumbre” del viernes en Olivos, cuando Macri reunió a una mesa chica para definir los próximos pasos tras el baldazo de la Corte Suprema.