La audiencia pública por el aumento de la tarifa de gas en Neuquén fue suspendida, tras la represión de la policía a la manifestación de los trabajadores estatales, nucleados en ATEN, que encabezaron marchas y manifestaciones frente a la sede del Concejo Deliberante durante toda la mañana. Los trabajadores, que habían organizado una marcha con paro de 24 horas junto a otras organizaciones agrupadas en una Multisectorial, se agolparon contra el edificio. La postura de custodia de la Policía Federal, la provincial y la Gendarmería transmutó a un violento rechazo a los manifestantes, con golpes y corridas, bajo la excusa de que así se evitaba un intento de ingreso al edificio por los manifestantes. En el Ministerio de Energía informaron sobre la suspensión de la audiencia en la provincia neuquina y aseguraron que retomaría su curso “una vez normalizada la situación”. Sin embargo, esa “vuelta a la normalidad” no ocurrió a lo largo de la jornada. Las 18 personas inscriptas para exponer sobre gas, entre ellas el intendente de la ciudad, Horacio Quiroga, diputados provinciales y representantes de organizaciones sociales, deberán esperar a que se reanuden los encuentros.

Las tensiones no sólo se observaron en Neuquén, sino que en Salta y Rosario también hubo restricciones para participar en las audiencias. En la provincia del Norte, un número importante de individuos se agrupó frente al edificio de la Sociedad Española pero no pudo ingresar. El argumento esgrimido por el Defensor del Pueblo Nicolás Zenteno fue que “la gente no puede pasar, sólo los periodistas acreditados, como lo marca la normativa de la Ley”. La situación generó fuerte rechazo en distintos referentes políticos, quiénes aseguraron que hubo arbitrariedades concretas en la organización de la audiencia. La convocatoria era a las 10 de la mañana, pero por las tensiones en los alrededores de la Sociedad Española, el evento recién avanzó con normalidad a partir de las 12.30.

En Rosario, uno de los principales centros urbanos del país, la audiencia fue recibida con un “ruidazo”, lo que estuvo organizado por una Multisectorial contra el tarifazo. Juan Alcaraz, uno de los abogados que participa de esta organización, aseguró que lo que hace el Gobierno con las audiencias no resuelve ni de cerca los problemas de la gente. “Lo de hoy es un formalismo más que una audiencia pública. Se ha restringido la participación de toda la ciudadana. En Rosario hubo 200 inscriptos y van a ser escuchados 16. Hay que tener presente que los oradores (en la Audiencia central, en la ciudad de Buenos Aires) serán trescientos y pico de personas y la mayoría de la ciudadanía no estará representada”, aseguró.