Desde Córdoba

Mirta Bisio es abogada y una de las profesionales que forman parte de lo que en Córdoba se conoce como Ciudadanos contra el Tarifazo. A ella y a un puñado de colegas, como Horacio Viqueira y Valentina Enet, no se les permitió ingresar a las audiencias por el aumento de la tarifa del gas, a pesar de que se anotaron según se indicó. Finalmente, pudo alegar recién el sábado a la noche, al filo del cierre de la jornada. “El viernes a la mañana no me dejaban entrar –relató a Página/12–. Decían que no estaba inscripta. Pero sí lo estaba. Tenía el número 333 y les insistí. Según ellos, no estaba en las listas. Me buscaron porque no me iba y descubrieron que me habían anotado en Salta… No sé de dónde sacaron eso. Yo vivo acá. Les mostré mi documento para que corroboraran mi identidad, y al fin entré. Me tuvieron esperando y me dejaron hablar antes de cerrar todo.”

La abogada detalló que “me pasé yendo y viniendo del auditorio de Radio Nacional desde el viernes a la mañana. El sábado al atardecer pensé que no nos iban a dejar hablar. Pero lo mismo fui. Recién a eso de las nueve y media de la noche me llamaron. Los cinco minutos se me pasaron como una ráfaga. Cuando terminé de hablar, el salón estaba casi vacío, como todo el tiempo. Un señor, de unos 70 años, me paró antes de que me fuera y me dijo que gracias, que yo lo había representado con lo que había dicho. Un único espectador entre el grupito de expositores que estábamos.”

Además de Mirta Bisio, en contra del tarifazo expusieron “el ciudadano Alberto Cosini, dos chicas de la universidad, y una del barrio Alberdi, de una de las agrupaciones barriales. Es vergonzoso lo que hicieron acá: les dieron prioridad y voz primero a los del PRO, a los que están de acuerdo con todo esto que están haciendo. Nosotros tuvimos que hacernos oír para entrar”.

–Fui preparada para algo más largo, pero lo acorté. Hice hincapié en el tema de los subsidios. Son mucho más que subsidios y más que derechos adquiridos. El usuario del gas no es cualquier cliente. Se trata de un tema de derechos humanos. Hablé casi a borbotones. No debería ser así, pero así lo plantearon ellos. Dije también que Argentina es firmante y ratificante de todos los tratados internacionales. Si se busca en el artículo 22, inciso 75, de la Constitución Nacional se puede ver que entre esos tratados está el de los Derechos Económicos y Sociales. Y lo que se plantea con este tarifazo es directamente anticonstitucional. La propia Corte Suprema lo declaró en su fallo. Dijo que los servicios esenciales son derechos humanos. Así que los subsidios no pueden ser quitados, son parte de esos derechos que el país debe garantizar a sus ciudadanos. Está legislado. Tiene base constitucional. Y allí no sólo entra el gas, sino también el agua, la electricidad y la salud pública.

–Sí, se presentó en Tribunales (Federales, en el juzgado presidido por Alejandro Sánchez Freytes). Yo también dejé planteada la nulidad casi al final de esos cinco minutos. Dije que si todo esto de las audiencias es nada más que un escenario para convalidar un plan, era para hacer lo que ya tienen decidido, hacía expreso el planteo de nulidad de todo lo que han venido haciendo. Todo ha sido irregular. No se ha cumplido con todas las instancias para convocar a las audiencias, ni con la información que debieron habernos dado. Se negaron a dar cifras. Y así no se hacen las cosas. Yo fui, insistí, fui y volví del auditorio hasta que logré hablar. No pensaba perderme la oportunidad, aún cuando considere que las audiencias no son lo que debieron haber sido.

El “nuevo” tarifazo

La audiencia pública sobre el aumento del gas de Córdoba fue, durante este fin de semana, una muestra cabal de lo que se ha cocinado en ocho de las veintitrés provincias del país: un tarifazo que parece ya decidido, más allá de estos foros de dudosa legitimidad.

En Córdoba, de los 205 inscriptos que se anotaron para participar, la organización estatal sólo aceptó a 21 expositores. Aunque de ellos no más de 10 estuvieron presentes en el primer día. En los dos que siguieron, el paisaje interno de la sala permaneció casi desierto, y sólo el sábado a última hora se le permitió argumentar contra el aumento a un puñado de expositores locales. En ese sentido, Mirta Bisio apuntó: “Hablaban los del PRO. Hubo uno, incluso, que tenía el número 290, ya se iba por el 296, y lo volvieron a llamar… Cuando habló, quedó en claro porqué: estaba a favor del tarifazo”.

El viernes, y minutos antes de que comenzara lo que aquí se llamó “una audiencia sin legitimidad, una audiencia trucha”, los abogados que llevaron adelante los mayores amparos de la provincia, Horacio Viqueira y Valentina Enet, presentaron un recurso de amparo en el juzgado Federal N° 2, de Alejandro Sánchez Freytes, en el que se pidió la nulidad de la audiencia. Según explicó Viqueira a este diario, “primero, no se brindaron los informes de esta decisión arbitraria de Aranguren para justificar el tarifazo que están armando. Dejaron trascender aumentos del 200 por ciento y con una progresión geométrica en los próximos dos años y a valor dólar, triplicando el valor actual”.

Viqueira consideró que “la gente no tiene porqué pagar eso. Además no tiene forma de pagar ese aumento. Será privativo para muchos. Y la tarifa, como bien dijo la Corte Suprema de Justicia, no puede ser confiscatoria del salario”.

El amparista abundó: “Este nuevo tarifazo, porque de eso se trata, se va a ir agravando semestre a semestre”. Y acusó: “No están los informes, porque no pueden mostrar informes que sustenten una medida tan arbitraria. Y encima de todo, a los abogados que hemos estado al frente de los amparos, nos excluyeron de la audiencia. Está claro que no quisieron escuchar ni a los usuarios, ni a los que tuvieron una actitud activa en el rechazo del tarifazo en el terreno judicial”. Viqueira adelantó que “nosotros planteamos la nulidad de esta audiencia y de los pasos posteriores. Que sepan que lo que salga de esta audiencia lo vamos a cuestionar. Aquí hubo una burda exclusión de centenares de expositores. Y eso es algo que ha ocurrido en todo el territorio nacional. Queda claro: Aranguren ya tiene definido todo: anunciaron los aumentos y transformaron las audiencias en una formalidad”.

Por su parte, el abogado y ex juez Miguel Rodríguez Villafañe presentó un recurso de amparo en nombre de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas (Apyme), que deberá ser resuelto esta semana por el juez Federal N° 3, Miguel Hugo Vaca Narvaja, sobre quien recayó el tema por sorteo. La de Vaca Narvaja será la primera resolución judicial en el país que se tome para el sector.

Entre otras razones, Rodríguez Villafañe pidió la nulidad de todo lo actuado por el actual ministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren, por considerar que éste está encuadrado en las incompatibilidades que plantea la ley 25.188 de Etica Pública, que hace que todo lo que ha resuelto y firmado el ministro de Energía y Minería desde que asumió en diciembre hasta ahora sea nulo de nulidad absoluta en estos temas. Según el amparista, “incurre en lo que implica el famoso principio jurídico conocido como el producto del árbol envenenado”.

Rodríguez Villafañe planteó que “de acuerdo al artículo 17 de esa ley, el ministro Aranguren no cumple con los requisitos para haber dictado estas resoluciones, ya que era parte de una petrolera (Shell) y tenía acciones hasta hace pocos días”.