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El principal partido de oposición en Italia, el Democrático de la Izquierda, presentó ayer una salida para los bonistas de ese país que poseen títulos de la deuda argentina en default. Los máximos dirigentes del PDS enviaron al Parlamento un proyecto de ley para que el Estado italiano se haga cargo e indemnice a los inversores perjudicados. La movida es un reflejo del fuerte impacto político que tiene en Italia la cesación de pagos declarada hace dos años. A la vez, aparece como un reconocimiento tácito de que, al menos en el corto plazo, la solución no vendrá desde la Argentina.
En Italia existen alrededor de 400 mil acreedores italianos del Estado argentino. Reclaman 12.600 millones de dólares, el 15,6 por ciento del total de la deuda defolteada. El problema en Italia es que los bonos están distribuidos entre pequeños inversores y no entre bancos o grandes fondos institucionales, como ocurre en otras plazas.
Esa realidad, que conlleva un peso político importante de cara a cualquier elección, fue decisiva para que el representante de Italia en el FMI cambiara su voto y se abstuviera en la última votación del directorio del organismo, dándole la espalda a la aprobación de las metas argentinas a pesar de que estuviesen sobrecumplidas. Italia, junto a Alemania, Inglaterra y Japón, son los principales países que presionan, también en el seno del Grupo de los Siete, para que la administración Kirchner brinde señales de “buena fe” y flexibilice su postura en relación a la deuda.
Ante la dureza del gobierno argentino, la oposición socialdemócrata de Italia avanzó en un intento de solución. Unos meses atrás, la coalición de derecha que gobierna Italia había deslizado la posibilidad de indemnizar a los inversores. Pero esa idea quedó en la nada, y ahora la oposición hizo suya esa bandera. La propuesta del PDS prevé reembolsos graduales y diferenciados, según cuál sea la situación personal y la urgencia económica del afectado. Los principales lineamientos del proyecto son los siguientes:
u Un reembolso del 60 por ciento del capital invertido, en un plazo de 90 días, para quienes acrediten bonos por un máximo de 60.000 euros (unos 78.000 dólares) en los casos de los inversores más necesitados.
u Reemplazar, en un plazo también de tres meses, el 70 por ciento del valor de los bonos argentinos adquiridos por obligaciones bancarias italianas que tengan rendimientos mínimos del 4 por ciento anual. El máximo sería de 85.000 euros.
u Para los inversores “sofisticados” (entre ellos los institucionales), la iniciativa prevé un beneficio fiscal por un máximo de 50.000 euros, que podría utilizarse durante cinco años.
Como se aprecia, la ley serviría para compensar a los ahorristas italianos. Entre lo que les pague el gobierno argentino y lo que ponga el italiano, recuperarían la totalidad de lo invertido.
El proyecto también impulsa la formación de un fondo de 180 millones de euros, con dinero que debería aportar el sistema bancario italiano. Acaso sea ése el costo que tendrían que pagar por haber colocado títulos argentinos entre sus clientes cuando era previsible una caída de la convertibilidad. Un grupo de acreedores de clase media inició, a fines de 2003, una multimillonaria demanda contra un centenar de entidades financieras que les vendieron los bonos.
Por la presión de los pequeños ahorristas, el gobierno italiano había pensado en propuestas alternativas: que los inversores recuperen sus ahorros de manos del Estado argentino y reinvertir esos fondos en la Argentina. Pero tampoco esa iniciativa prosperó, y ahora la oposición en Italia tomó la iniciativa de agarrar la papa caliente.