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Las generadoras de electricidad y los productores de gas serán, por ahora, los únicos beneficiarios de la primera medida adoptada por el Gobierno para comenzar el descongelamiento de las tarifas de servicios públicos, algo que le demandan desde las propias compañías prestadoras hasta el Fondo Monetario Internacional y el poderoso G-7. El ministro de Planificación, Julio De Vido, su secretario de Energía, Daniel Camerón, y el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, anunciaron ayer subas en el precio de aquellos fluidos que oscilarán entre el 12 y el 35 por ciento, según los casos, y que incluye un ajuste de “entre 6 o 7 centavos” para el consumidor final de Gas Natural Comprimido. Pero la flamante recomposición –que en el caso de la energía eléctrica tiene vigencia desde el primer día de este mes y en la gasífera desde mediados de marzo– excluye expresamente a los usuarios residenciales y a los pequeños comercios. Su suerte, así como la retribución que cobran las distribuidoras, están supeditadas a las renegociaciones de los contratos de esas privatizadas. Empresas como Edesur, Edenor, Metrogas, Gas Natural Ban y otras ubicadas en este segmento tendrán que esperar un poco más para cantar las hurras, aunque celebren como “auspiciosa” la señal de ayer.
Esta vez no hay riesgo de que un recurso judicial termine bloqueando los aumentos como ya ocurrió con los decretos que había firmado Eduardo Duhalde, a instancias del ministro de Economía Roberto Lavagna. Entonces los ajustes involucraban a los usuarios residenciales, quienes reclamaron ante los Tribunales por no haber participado de la decisión, tal como les garantiza un artículo constitucional. Pero en esta ocasión la mejora de precios sólo abarcará a grandes comercios e industrias, aquellos que, tal como ayer subrayaron varios funcionarios del Gabinete, son los que más se beneficiaron con los cambios económicos instrumentados desde la devaluación. Bien porque tienen ingresos en dólares, bien porque recompusieron sus precios por encima de un 100 por ciento, aunque su producción estuviera orientada al mercado interno.
La resolución 93 firmada por el secretario de Energía, Daniel Camerón, no contempla aumentos para los consumidores de hasta 10 kw de potencia contratada, encuadrados en la Tarifa 1: domicilios y pequeñas demandas como clubes, sociedades de fomentos, salas de primeros auxilios o iglesias. Los consumos medianos (T2), comercios más grandes y pequeñas industrias, sufrirán una suba del 15 por ciento, mientras que para los grandes usuarios (T3) el incremento es del 35 por ciento.
Algo similar ocurrirá con el servicio de gas, cuya recomposición será dispuesta mediante decreto. No habrá subas para quienes consuman hasta 9000 metros cúbicos por mes; por encima, los incrementos oscilarán entre el 12 y el 25 por ciento, en una escala creciente según mayor sea el consumo. Esta segmentación, que impone subas a unos sí y a otros no, quedó expresamente autorizada por un decreto refrendado por el jefe de Gabinete, que fija nuevas pautas para el funcionamiento del gas.
Según las nuevas reglas, los grandes clientes tendrán más libertad para contratar con los productores y con los transportistas y los precios que surjan de esos contratos serán informados al nuevo “mercado electrónico del gas”. “Una forma de socializar y transparentar acuerdos que hoy no se conocen: así le damos más competencia al mercado”, se entusiasmaba anoche el ministro del Interior, Aníbal Fernández.
Aquellos mayores precios no engrosarán las cajas de las distribuidoras ni de las transportistas, cuyo márgenes permanecen intactos por el momento. En el caso del gas, servirá para sostener un mayor precio en boca de pozo que, aunque está liberado, no podía ajustarse porque los otros actores del mercado –cuyas tarifas están reguladas y no pueden moverse sin autorización expresa del Gobierno– estaban impedidos luego de trasladar a sus clientes ese mayor costo. Esto motivó fuertes reclamos de petroleras como Repsol, Tecpetrol o Petrobrás (cuando Pérez Companc era dueña de la división de energía ahora transferida a los brasileños) desde la devaluación, cuyo saludable negocio lo era un poco menos por esa restricción ahora levantada.
Según estimaba ayer el especialista y ex director del Enargas, Andrés Repart, los ajustes previstos por el Gobierno podrían significar una mejora “de entre 38 y 40 por ciento” para el gas boca de pozo. Esta suba “irá asociada a una serie de contraprestaciones”, deslizó ayer el secretario de Energía. Entre ellas, figura el levantamiento de las demandas que habrían presentado ante el tribunal arbitral del Banco Mundial (Ciadi) Total y Pan American Energy, en su condición de accionistas de privatizadas.
Aunque en un grado mucho más modesto, las otras aventajadas por el primer ajuste tarifario dispuesto por la gestión de Néstor Kirchner son las generadoras de electricidad, operadas por empresas privadas, pero con un esquema de precios diferentes. Por ahora, la mayor recaudación serviría para compensar una deuda que tiene con ellas Cammesa, la administradora del mercado eléctrico mayorista, que al 31 de diciembre era de 378 millones de pesos.
Debido a que el precio final de la energía eléctrica estaba congelado, se agotó el fondo de estabilización alimentado con un porcentaje de la tarifa y que servía para compensar a las usinas cuando resultaba más caro producir, básicamente en invierno. La resolución de la Secretaría de Energía rehabilita esos ajustes estacionales suspendidos, que hasta ahora obligaban al Estado a compensar con sus propios recursos a las generadoras: los aumentos también alivianan la carga fiscal.
La segmentación, es decir, la posibilidad de aplicar aumentos diferenciales y subsidios cruzados entre los usuarios de luz y gas, fue reclamada por las empresas desde la devaluación, con el argumento de que quienes tenían fuertes ingresos en dólares bien podían afrontar un mayor costo del servicio. La realidad es que los mayores consumos representan el grueso de la demanda y, por consiguiente, de la facturación: un 70 por ciento en el caso de la electricidad y casi el 80 en el del gas. Y que cualquier corrección en este orden podría estimular lobbies en contrario, pero tiene mucho menos impacto político que retocar una factura familiar.