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“Con esta ley no vamos a reparar el daño causado, pero al menos creo que el Estado, que debe representar los intereses del pueblo, está presente y trata de llegar de alguna manera con la mano reparadora para aquellos que sufrieron la afrenta de aquella fecha”, dijo ayer el presidente Néstor Kirchner al firmar un proyecto de ley para indemnizar a las víctimas de la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001, cuando la protesta popular terminó provocando el desalojo del poder del gobierno de la Alianza. “Esta es una ley reparatoria que en realidad no repara... por lo menos que paguen lo que nos hicieron, pero eso tampoco alcanza. Lo único que nos queda es buscar justicia”, afirmó a Página/12 María Arena, viuda de Gastón Riva, el motoquero asesinado en Avenida de Mayo. “Trataron de acallar con los peores métodos la justa protesta que se daba en esos días, en el marco de una explosión social propia de la agudización que vivía el país”, dijo Kirchner en otro tramo de su discurso.
El Salón Blanco de la Casa Rosada estaba colmado con la presencia de familiares de las víctimas de aquellas jornadas, en las que fueron asesinadas 37 personas a manos de las fuerzas policiales y de seguridad, además de representantes de organismos defensores de derechos humanos. En primera fila se sentó Estela Carlotto, de Abuelas de Plaza de Mayo, y a su lado, en su silla de ruedas, se ubicó Jorge “Tuly” Portillo, el joven que quedó paralítico por una bala policial. Del acto también participaron funcionarios nacionales, provinciales y del Gobierno de la Ciudad.
“No hay dinero que pueda reparar lo que nos hicieron; tanto a los familiares como a los heridos, la vida nos cambió a todos. Si bien la ley contempla la responsabilidad del Estado, que se hace cargo de la masacre del 20 de diciembre, la verdad es que la única reparación es que haya justicia, y ni siquiera, porque no repara tampoco la vida”, expresó la viuda de Riva. En un comunicado, los Familiares de Asesinados y Heridos del 19 y 20 de diciembre indicaron que reciben la ley como el “inicio del fin de la impunidad, que condene la criminalidad de los funcionarios políticos y policiales, y reconozca que las decisiones políticas pueden y deben ser cuestionadas en su legitimidad y su legalidad”. Y aseguraron que seguirán reclamando “cárcel para (Fernando) De la Rúa, (Enrique) Mathov, (Rubén) Santos, todos sus cómplices y los responsables materiales”. Cintia Castro, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, agregó que “acá la única reparación posible es que se consiga justicia y que se obtenga lo que se salió a pelear el 20, una vida digna”.
La iniciativa oficial enviada al Congreso alcanza los casos de muerte, lesiones gravísimas, graves y leves, y establece montos indemnizatorios que van de los 15 mil a los 224 mil pesos. Las solicitudes de este beneficio deberán tramitarse ante el Ministerio de Justicia. Si se convierte en ley, esta norma establecerá que las indemnizaciones son incompatibles con cualquier acción judicial por daños y perjuicios planteada por los beneficiarios.
“Quienes se animaron a hacer las cosas que hicieron el 20 de diciembre, las cometieron porque hubo impunidad ayer. Si hubiera habido justicia, no sé si se hubieran animado”, reflexionó el presidente Kirchner, al tiempo que pidió que se aceleren los juicios contra “los responsables del genocidio”. Sin embargo, subrayó que “los que queremos una sociedad mejor, queremos justicia y no venganza”.
En las provincias es donde menos han avanzado las causas judiciales. De hecho, en ningún expediente hay responsables políticos imputados y la mayoría de los acusados como autores materiales siguen en libertad. Ayer en la Rosada estuvieron la madre y la cuñada del correntino Ramón Arapi, que tenía 22 años y murió de un tiro en la espalda. En la investigación del homicidio llegó a estar imputado un policía, pero ya fue liberado. Los familiares denuncian que fue adulterado el libro de guardia de lacomisaría. De la provincia de Santa Fe, donde murieron siete personas, llegó una delegación de 40 familiares que se quejaron porque la justicia no les permite ser querellantes en la causa. Además, denunciaron una maniobra por la cual no termina de establecerse si el proceso corresponde a la jurisdicción de Santa Fe o a la de Rosario. Por ese motivo, se movilizaron hasta el Congreso para hacer un escrache contra el ex gobernador Carlos Reutemann.