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“La Argentina únicamente asumirá compromisos que pueda cumplir plenamente en el mediano plazo. Aceptar un servicio de la deuda excesivo, que pueda hacer peligrar la recuperación económica y social, no sirve a los intereses de nadie, ya que lo único que conseguiría es desestabilizar más la región y los mercados financieros.” Esta ratificación de la postura del país está incluida en la declaración de diez carillas, escritas a un espacio, que presentó ayer Roberto Lavagna ante la asamblea conjunta del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial iniciada en Washington. Si bien el documento no contiene nada nuevo, lo que será valorado positivamente por quienes esperan que la decidida posición del país respecto de su deuda no cambie, sí aporta un análisis muy calificado sobre las contingencias de la economía mundial, e incluye observaciones filosas respecto del FMI, que se comentan más abajo. Lavagna entregó el texto, pero no le cupo exponerlo. Quien sí presentó oralmente su declaración fue Antonio Palocci, ministro brasileño de Finanzas. Su documento, de sólo seis páginas, contiene un párrafo no demasiado simpático para el equipo económico argentino. Es el que proclama que “la consolidación (ajuste) fiscal seguirá siendo una prioridad clave por muchos años, dada la necesidad de reducir nuestra (la brasileña) alta deuda pública, de modo de continuar disminuyendo las vulnerabilidades y de ganar margen para las políticas fiscales contracíclicas”. Las diferencias entre un país que ya cayó en default, como la Argentina, y otro que pugna por evitarlo, como Brasil, siguen bifurcando sus caminos. Entretanto, para Alfonso Prat Gay y Pedro Lacoste, cúpula del directorio del BCRA, la jornada no contuvo hechos sobresalientes, más allá de un desayuno con Enrique Iglesias, presidente del BID, quien después dio a conocer un pronunciamiento elogioso hacia la Argentina.
“Se debe seguir fomentando la noción de que el FMI es una institución en proceso de aprendizaje”, desliza el texto elaborado por Lavagna y elequipo que lo secunda. “Es crucial aprender de la experiencia de los países que han aplicado programas”, aguijonea. “Es vital someter a prueba el asesoramiento que brinda el FMI en materia de política económica”, añade. Luego, y dándose de patadas con la promesa de Palocci de una eterna consolidación fiscal, la declaración argentina advierte acerca de “el efecto desfavorable de un prolongado ajuste fiscal sobre la inversión pública, sobre todo en infraestructura”. Y hay más todavía: “Se ha llegado a un punto –sostiene– en que se ponen en juego las perspectivas de crecimiento a mediano plazo”, adhiriendo a la recomendación de “dar cabida en el presupuesto a más y mejores inversiones públicas en infraestructura”, a través de sociedades público-privadas (a las que también se refiere el documento brasileño).
Como es sabido, Brasil y la Argentina están tratando de lograr que la inversión pública no sea considerada por el Fondo como un gasto, lo cual flexibilizaría las exigencias de ajuste y permitiría contar con el aval del organismo para un cambio de ponderaciones en la estructura de los egresos del Estado. Las discrepancias entre los dos mayores socios del Mercosur se corresponden con las diferentes situaciones que enfrentan. Brasil toma su endeudamiento como un dato, y debe buscar la forma de ir reduciéndolo, absoluta o al menos relativamente. La Argentina no toma como un dato la mitad de su deuda, que no paga desde hace 28 meses, y quiere achicarla mediante una formidable quita. Las exigencias fiscales hacia futuro difieren por lo tanto entre Brasilia y Buenos Aires.
Como quiera que sea, el team de Lavagna resalta que, además del aumento en la recaudación tributaria, el control sobre el gasto, sobre todo a nivel salarial (léase congelamiento de los sueldos estatales), está ayudando a forjar un superávit primario superior al comprometido en el acuerdo con el Fondo. “Esto es fruto de un esfuerzo considerable –asevera–, teniendo en cuenta el repentino empobrecimiento que sufrió el pueblo argentino... Es necesario poner en perspectiva el esfuerzo fiscal que la Argentina está haciendo y que está dispuesta a continuar”, remata. Es decir: la Argentina también seguirá con el ajuste fiscal, aunque en un escalón inferior al brasileño. De todas formas, este compromiso no parece coherente con la conciencia de lo nocivo que es vivir en permanente ajuste para el crecimiento sostenido de la economía.
La declaración lavagnista también revuelve en las heridas del Fondo al indicarle que el objetivo principal de su supervisión debe ser la prevención de crisis, materia en la que el organismo fracasó estrepitosamente. En tono tenuemente sarcástico acota el documento que “es alentador que ahora se esté prestando más importancia al relevamiento de la experiencia; es decir, a analizar y discutir con los países miembro los resultados obtenidos en la aplicación del asesoramiento y la eficacia del mismo, ya que ello permite al Fondo y a los países aprender de la experiencia”.
Aunque la silla argentina representa también a Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú y Chile, el texto los despacha a todos en poco más de una cuartilla, volviendo a extenderse generosamente respecto de la Argentina. Al respecto, insiste en saldar cuentas con el Fondo (y de paso con muchos economistas locales) al recordar que la mayoría de los pronósticos desde mediados de 2002 “han sido erróneos”, y señala, como con asombro, que “aún hoy es común oír opiniones que ponen en duda la sostenibilidad de la recuperación”. Luego se jacta de que el tipo de cambio está en “un nivel correcto” (¿cuál será ese nivel correcto: 2,80 por dólar, 3 pesos, acaso 3,20?), se logró una transición política “sin sobresaltos” y existe “amplio apoyo popular al gobierno”.
Mucho más en sintonía con las posiciones del Fondo, el texto señala que “la última crisis del sector energético ha puesto de manifiesto la necesidad de acelerar la normalización de los contratos con las empresas privatizadas”. En relación con esto, postula la fijación de precios adecuados y un compromiso claro y exigible de niveles apropiados de inversión, aunque sin aclarar bajo cuál régimen. Lo que parece implícito es que las privatizadas seguirán siendo las responsables de invertir, no limitándose sólo a operar los servicios.
Luego Economía le echa buena parte de la culpa por la crisis energética a un nivel de demanda muy superior al previsto (lo cual es un autoelogio, pero confiesa implícitamente que también las proyecciones oficiales fueron incorrectas, y no sólo las del Fondo y los gurúes). Aduce asimismo que en el verano hizo demasiado calor. Una vez más, falló el pronóstico, pero la culpa la tuvo el Servicio Meteorológico.
En un final para todos los gustos, en la última parrafada se asegura que la Argentina “respeta plenamente la condición de acreedor privilegiado del Fondo y de las instituciones financieras internacionales en general”, agregando como prueba contundente de ello “los 7000 millones de dólares en transferencias negativas que han tenido lugar con esas instituciones desde que se inició la crisis en enero de 2002”. Vale decir que, en plena crisis, los organismos le quitaron al país un neto de esa dimensión. Y encima se quejan los desalmados.