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Antes de alistar los pliegos para reprivatizar el ferrocarril San Martín, el Gobierno ya resolvió afectar el espacio que esa línea ocupa en la terminal de Retiro a un megaemprendimiento estatal en la zona, que incluirá una playa de estacionamiento para colectivos de corta distancia. La iniciativa, a la que tuvo acceso Página/12, está alentada por el reciente rescate de la concesión de ese ramal, que la empresa intenta resistir en los Tribunales, donde los responsables de Transporte Metropolitano y el Gobierno se encontrarán el 5 de julio. Planificación comenzaría hoy mismo una auditoría de los bienes que el Estado se dispone a rescatar con la idea de convocar a una nueva licitación “en treinta o cuarenta días” pero, por ahora, la línea sigue en manos de aquella adjudicataria.
El proyecto en el que trabaja aceleradamente la Secretaría de Transporte, a cargo de Ricardo Jaime, prevé concentrar el despacho y arribo de los trenes del San Martín en la actual estación del Mitre, desde donde parten las formaciones operadas por TBA. Esto permitiría liberar una porción de los apetecidos terrenos de esa zona para desarrollar una iniciativa que integraría otros medios de transporte.
La propuesta, finalmente, se completaría con la electrificación íntegra del ramal provisoriamente reestatizado, emprendimiento que costaría cerca de 60 millones de dólares y al cual tendrían que contribuir los futuros adjudicatarios. Las condiciones de ese eventual aporte privado surgirá de un pliego en cuya redacción promete intervenir hasta la Oficina Anticorrupción y que, a decir de Jaime, “consagraría un modelo diferente de privatización”. Las actuales licitaciones del servicio urbano de pasajeros son contratos de gerenciamiento, que garantizan al concesionario un subsidio estatal por la explotación, para inversiones y –en los últimos años– también una compensación por aumentos tarifarios no aplicados.
Los fondos para la transformación edilicia de Retiro provendrán en parte de los créditos que otorgaron los organismos multilaterales de crédito, 200 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo y 300 millones del Banco Mundial (de los cuales hoy están disponibles 100). Un paquete de recursos que deberá también prorratearse entre otros proyectos, incluidos los de resurrección de los servicios de pasajeros de larga distancia a Córdoba, Rosario o Posadas.
La conflictiva relación generada entre el Gobierno y trenes Metropolitano dejó en duda el futuro de este delicado proceso formalizado por la publicación en el Boletín Oficial del decreto que rescinde el contrato del San Martín, pero deja en manos del consorcio que integran Electromat, los colectiveros de Trainmet y Hormas la explotación del Belgrano Sur y el Roca.
Esta última línea, la más atractiva de las tres, está en la mira oficial no ya por las deficiencias en la prestación del servicio, sino básicamente por las sospechas de que el atentado que sufrió días atrás fue orquestado por la propia empresa para desalentar cualquier decisión oficial adversa. Al menos, eso sugerirían informes de los Servicios de Inteligencia que llegaron a los despachos oficiales y del que tuvieron conocimiento el resto de las prestadoras ferroviarias, convocadas a través de una resolución a integrar la Unidad de Gestión Operativa para gerenciar técnicamente el San Martín.
TM demostraría buena disposición para una transición ordenada de la línea. Según asegura el Gobierno, el presidente del consorcio, Osvaldo Iglesias, escoltado por el abogado y ex secretario de Transporte menemista Armando Canosa, ayer habría firmado un acta por la que se inicia el traspaso formal. Aun así, la empresa continúa la batalla judicial para impedir la rescisión, pelea que habría iniciado antes del decreto que la dispone. Según aseguran en la oficina de Jaime, la única notificación recibida por Planificación es la que la cita para presentar los fundamentos de la medida el 5 de julio.
Mientras se resuelve el entuerto judicial, una resolución de ese ministerio organiza a la Unidad de Gestión Operativa bajo la órbita de Transporte pero que integrarán técnicos de Ferrovías, Metrovías y TBA: éstas redactarán presupuesto, auditarán recursos y propondrían planes operativos, pero sin echar mano de los ingresos.