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Tres son los procesos judiciales que investigan la masacre de Avellaneda, trece policías y un civil irán el año próximo a juicio oral por el homicidio de los dos jóvenes piqueteros, por las lesiones de centenares de manifestantes y otros delitos. Pero hasta ahora la Justicia ignoró las responsabilidades políticas de aquella represión de junio de 2002, que precipitó el recambio presidencial. Sin embargo, el entonces presidente Eduardo Duhalde y varios de quienes fueron sus funcionarios podrían ser citados en el juicio oral, al menos como testigos. El actual secretario de Seguridad Norberto Quantín, en aquel momento fiscal de Cámara, podría ser convocado porque participó de una reunión previa a la marcha en la que varios funcionarios acordaron la “cobertura legal que tendría el accionar policial”, según un cable de agencia fechado el 18 de junio. Esto es lo que pedirán al Tribunal Oral 7 de Lomas de Zamora los familiares de las víctimas de la masacre. Por otra parte, Página/12 pudo saber que la denuncia del gobierno de Duhalde sobre presuntos planes “sediciosos” de los piqueteros previos a aquella marcha sobre el Puente Pueyrredón “quedó en la nada”.
Cuando todavía resonaban las balas en la estación Avellaneda la administración duhaldista responsabilizó a los propios piqueteros por la violencia, y anunció que tomaría medidas judiciales para investigar el “complot tendiente a desalojar al Presidente de la Nación”, tal como redactó el ex ministro de Justicia Jorge Vanossi en su denuncia. “Los sucesos del Puente Avellaneda indican una escalada de acciones violentas”, agregó. El entonces jefe de la SIDE, Carlos Soria, venía insistiendo con un informe de inteligencia sobre una asamblea piquetera en el estadio Gatica de Avellaneda, que fue aportado como prueba. Desfilaron como testigos ante el juez Norberto Oyarbide políticos, funcionarios y periodistas que habían hablado sobre el complot. “Luego de la represión, Vanossi dijo en el juzgado que no había tenido intención de hacer una denuncia”, comentó a Página/12 una alta fuente judicial. El intento de sedición no fue comprobado, pero esos elementos fueron agregados al expediente que aún investiga la supuesta conspiración que habría comenzado en diciembre de 2001, en la que los piqueteros siguen estando sospechados. Por la causa madre que investigó aquella cacería de manifestantes serán juzgados siete policías y un civil. El comisario de la 1ª de Avellaneda Alfredo Fanchiotti, aquel que se victimizó frente al Hospital Fiorito mostrando sus heridas, y su chofer el cabo Alejandro Acosta, están acusados de homicidio simple en dos hechos y tentativa de homicidio en siete. El oficial Carlos Jesús Quevedo, quien fue fotografiado sonriendo junto al cadáver de Maximiliano Kosteki, el oficial Mario de la Fuente, ex jefe del servicio de calle, y el cabo primero Lorenzo Colman van a juicio bajo el cargo de encubrimiento agravado (por el delito particularmente grave que encubren). Celestino Robledo se sentará en el banquillo para responder por “usurpación de títulos y honores”. Es un policía dado de baja que apareció aquel 26 de junio persiguiendo gente palo en mano. Junto a ellos también se sentarán el ex subcomisario Gastón Sierra y el ex jefe de la Departamental de Lomas de Zamora Félix Vega, que habían sido sobreseídos en primera instancia, pero la Cámara los mandó a juicio acusados de encubrimiento agravado. Vega designó a Fanchiotti al frente del operativo, y adujo que ese día iba camino al puente aunque “se le hizo tarde”. Claudio Pandolfi, representante de los querellantes, explicó a Página/12 que en tanto el tribunal oral no facilite el acceso a los 31 cuerpos del expediente para producir la prueba, no se puede calcular cuándo tendrá lugar el juicio. De todos modos, no ocurrirá este año.
El suboficial Leiva dirigió de civil la segunda patota policial que actuó en Avellaneda. Fue filmado disparando su Itaka y también se lo vio recogiendo cartuchos. Estuvo prófugo y se entregó tras negociar protección para su familia y para sí mismo en el lugar de detención. Su caso formó unexpediente aparte que aún no fue elevado a juicio. A través de peritajes los investigadores podrían establecer que hubo más policías disparando. También van a juicio en una tercera causa quienes allanaron ilegalmente el local de Izquierda Unida de Avellaneda, dispararon plomo contra la puerta y balas de goma contra la cabeza de Mariano Benítez: el cabo Colman, Walter Gaiser, Marcelo Pérez, José Reguera, Juan Paz, Cristian Gómez y Jorge Ostrosky.