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Durante la mayor parte del siglo XX, la combinación de intereses que se conoce como el establishment, representado a menudo por el “partido militar”, pasaron por encima de la Constitución y de las leyes sin ningún escrúpulo. Hoy mismo, al comparar el texto constitucional reformado en 1994 con la situación real de más de la mitad de la población, es innegable que los derechos y deberes que el Estado debería promover y amparar para millones de argentinos son letra muerta o, cuando menos, expresión retórica hueca de los que gobiernan.
La recuperación en 1983 de las formas republicanas, después de dos décadas continúa en transición permanente que se estira sin plazos definidos hacia la organización plena de la democracia. La naturaleza de la democracia es terrestre y humana, ya que es la manera en que las personas que comparten un territorio definen su propia convivencia, con legislación y autoridades acordes, sin ningún carácter divino o sobrenatural que libere de responsabilidad a los convivientes.
Por lo tanto, es una verdadera hipocresía que hoy en día los mismos que usaron de papel higiénico a la Constitución y las leyes sean los que pretendan sacralizarlas ante cada manifestación de violencia popular. Vaciaron de sentido a los partidos y a las instituciones, desnaturalizaron la democracia, hicieron de la injusticia la única regla vigente, pero se rasgan las vestiduras con parrafadas admonitorias contra las movilizaciones de grupos piqueteros o los estallidos de algunas puebladas como las que registran las crónicas de estos días. ¿Qué deberían hacer esos desamparados a quienes nadie escucha? ¿Acaso presentar un petitorio por triplicado en la mesa de entradas del Congreso que alberga, en teoría aunque pocas veces en la práctica, a los representantes del pueblo? No es en vano que una de las consignas más coreadas en este tiempo por las calles de todo el país sea “jus-ti-cia”, por ausencia, desidia, trampa o lentitud. Hoy, por ejemplo, se cumplen dos años desde los asesinatos de Kosteki y Santillán en la estación de Avellaneda, con múltiples evidencias fotográficas y hasta hace pocos días uno de los principales imputados seguía cobrando el salario de la institución policial.
A pesar de que en algunas marchas vecinales participan significativas porciones de la comunidad afectada, por lo general estas expresiones son de minorías. ¿Esa condición los vuelve despreciables? Al contrario, porque uno de los rasgos que definen la convivencia democrática consiste en que la mayoría defienda a las minorías como a sí misma, porque el mecanismo de alternancia puede modificar esos roles. A veces, la arbitrariedad despótica produjo el mismo efecto, como sucedió durante casi veinte años con la proscripción del peronismo. Más aún: los principios democráticos obligan al respeto de las minorías, consideradas como suma de individuos, y también a la defensa del disidente, que puede ser una sola persona, expresión extrema del disenso. Es más fácil decirlo que practicarlo, pero no hay democracia sin, al menos, el esfuerzo por respetar y cumplir esas premisas.
Por supuesto, esas expresiones minoritarias no siempre son tan ingenuas como aparentan. A veces están cruzadas por intereses facciosos, internas partidarias o manipulaciones de aventureros que buscan provecho propio. En otros casos, el juicio libre de los ciudadanos es retorcido por lasinfluencias mediáticas, sobre todo de la televisión, en ese cruce de la atención por lo espectacular y el deseo de los manifestantes de ganar espacio público para que alguna autoridad se interese por sus reclamos. Es más fácil conseguir una cámara de TV en la calle que un legislador. Un caso emblemático es Juan Carlos Blumberg, en la actualidad promotor de cursos para policías en Miami con instructores norteamericanos. Tampoco hay que dejar de lado que algunos medios dedican sus líneas editoriales a los mismos fines que los nostálgicos del despotismo.
Los que aterrorizan a las audiencias con estremecedores pronósticos sobre inminentes violencias, en la mayoría de los casos usan el argumento para atacar la decisión gubernamental de evitar la represión directa sobre las manifestaciones, así se trate de una minoría como el medio centenar de jóvenes que impidió anteayer la venta de boletos ferroviarios en la estación Constitución. Esa política oficial fue ratificada ayer por Daniel Scioli, en ejercicio de la presidencia mientras el titular cumple su gira por China. Aquellas voces apocalípticas suelen registrar, en sus prontuarios públicos, adhesiones varias a regímenes despóticos y una ambición terca por quebrar lo que llaman “garantismo”, título despreciativo con el que se refieren a las normas democráticas.
En la contracara, están los grupos minoritarios que usan los derechos a la protesta y a la libre expresión para confrontar al “sistema” hasta tumbarlo, porque desde sus miradores la “revolución” está a la vuelta de la esquina. Ejercen en algunos casos ciertas formas de la violencia a fin de “educar a las masas” para la que suponen inminente confrontación definitiva. Algunos desprecian al Estado porque sirve al enemigo burgués imperialista y, al mismo tiempo, reclaman que ese mismo Estado recupere la administración de todos los servicios concesionados. En la democracia, las minorías no escapan a sus cuotas de responsabilidad para la convivencia colectiva.
Nadie duda que los trabajadores desocupados tienen que encontrar sus propias formas de lucha, en sustitución del derecho a la huelga que fue pensado para trabajadores con empleo, pero no parece probable que llegue el éxito de sus reivindicaciones agrediendo al resto de la sociedad con los reiterados cortes en los puentes de acceso y salida de la Capital y otras arterias centrales, por las que circulan centenares de miles de personas que se esfuerzan cada día por llevar el pan a la mesa familiar. ¿Es justo prolongar sus jornadas colocando obstáculos en los trayectos de ida y vuelta? Ese desinterés por los demás, aunque los objetivos sean tan diferentes, ¿no es idéntico al que practican algunos concesionarios de servicios públicos, por caso los ferrocarriles? Un poco de imaginación disidente no vendría mal, así sea para desarticular la vocinglería de los despóticos y los temores de los incautos o demócratas vacilantes.
Ser pobre es una injusticia, pero no es una virtud que purifica todos los actos de los desdichados. Saber distinguir también en este campo es tan importante como el buen juicio para juzgar la obra de gobierno y las conductas de los liderazgos de todo tipo y condición. Más ahora que este tipo de violencia va extendiéndose no sólo en el país sino en la región. Los últimos sucesos en Bolivia, con los piquetes de aymaras y el linchamiento de dos intendentes acusados de corrupción son muestras recientes de esta expansión. Nunca es simple, por supuesto, mantener la línea de principios ante cada conmoción cotidiana y en más de una ocasión los reflejos emocionales gravitan en las opiniones generalizadas más que el rigor de la razón. Sin embargo, pese a la complejidad, es un esfuerzo indispensable en nombre de la libertad y la justicia para identificar a los verdaderos amigos del pueblo, aquellos que contribuyen con sus luchas a mejorar la calidad de la convivencia democrática y el bien común.