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Antes de subirse al avión que lo lleva a China, el presidente Néstor Kirchner firmó un decreto por el cual se abre la convocatoria para incorporar, de inmediato, a 4300 nuevos efectivos a la Policía Federal, la Gendarmería y la Prefectura. Estas incorporaciones estaban previstas en el Plan Nacional de Seguridad y la idea original era que los efectivos integren la Agencia que se ocuparía de operativos de seguridad e investigaciones sobre bandas, secuestros y delito organizado. Sin embargo, la creación de la Agencia está demorada y el proyecto de ley aún no fue enviado al Congreso. Por de pronto, los 4300 hombres estarán listos para salir a la calle a fin de año y la idea es extender los operativos que, por ejemplo, se hacen sobre la avenida General Paz o agregar vigilancia a algunos puntos conflictivos del conurbano bonaerense.
En el Plan de Seguridad presentado hace dos meses por el ministro Gustavo Beliz se preveía la incorporación de seis mil hombres en 2004, seis mil en 2005 y seis mil en 2006. Esos efectivos se sumarían en distintas proporciones a la Policía Federal, la Gendarmería y la Prefectura, pero estas fuerzas al mismo tiempo cederían esos hombres para que conformen una nueva fuerza, la Agencia Federal de Investigaciones y Seguridad (AFIS), que bajo el mando de un civil sería un FBI argentino para la investigación de casos complejos y, al mismo tiempo, una especie de fuerza de paz que actuaría en puntos conflictivos en materia de delito.
Aunque hubo entusiasmo inicial con la idea de la AFIS, en la Casa Rosada luego se plantearon algunas dudas porque se consideraba que poner tanto poder de investigación en una sola persona –el titular de la Agencia– podía ser peligroso. De todas maneras, ese cuestionamiento todavía no tomó forma definitiva. Por ahora, lo concreto es que el proyecto todavía no se envió al Congreso.
Más allá de esa polémica, la decisión de Kirchner de firmar el decreto –junto al jefe de Gabinete, Alberto Fernández– indica que se hará mayor esfuerzo en materia de seguridad. Lo cierto es que con AFIS o sin ella –en este último caso bajo la órbita de la Secretaría de Seguridad que encabeza Norberto Quantín– habrá 4300 nuevos efectivos en las fuerzas federales. La distribución, según el decreto, será de 2000 nuevos gendarmes, 1500 policías y 800 prefectos. No se convocó a los seis mil hombres previstos originalmente porque el año 2004 ya está muy avanzado y no hay tiempo para formarlos. Las proporciones de nuevos efectivos entre las fuerzas responden a ese mismo motivo: la cantidad máxima de lugares en los institutos de formación de cada una de las fuerzas.
Si la ley que crea la AFIS no se vota antes de fin de año, los 4300 nuevos efectivos se incorporarán a las tres fuerzas de seguridad y participarán desde allí en los operativos de seguridad que hoy ya se están haciendo. La estrategia sería la siguiente:
- En el Gobierno evalúan como positiva la experiencia que se hizo en tres barrios considerados conflictivos del Gran Buenos Aires: las villas La Cava y Carlos Gardel y el barrio Ejército de los Andes, conocido como Fuerte Apache. En esos barrios se considera que la presencia de efectivos mejoró mucho la seguridad, aunque a ello falta agregarle una dosis importante de beneficios sociales indispensables.
- La idea del Ejecutivo es que los 4300 hombres que se incorporen permitan extender la experiencia a otros barrios. Se habla de al menos cuatro barrios más en el corto plazo.
- También se ha puesto en marcha una cantidad de controles de seguridad. Algunos son estables, como en la avenida General Paz, que tienen el inconveniente de que se han burocratizado y tienden a perder efectividad porque los ladrones y secuestradores ya les tienen tomado el tiempo. También existen operativos más sorpresivos. La idea es multiplicar estos últimos operativos y reforzar los más estables en puntos críticos.
- También está la idea de aumentar el número de operativos en lugares donde se concentra la venta de elementos robados.
Sin embargo, la clave estará en la mejora de los controles sobre las fuerzas de seguridad: está probado que en buena parte de los delitos existe complicidad policial, zona liberada o cobertura para los reducidores o secuestradores.