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Un foro de diputados nacionales de distintos partidos de la oposición lanzó una campaña para rechazar el proyecto de ley de Responsabilidad Fiscal. La iniciativa pone límites al gasto público y al endeudamiento provincial, en sintonía con una aspiración histórica del FMI. De hecho, la aprobación de la ley forma parte de las condiciones exigidas por el organismo para mantener en pie el acuerdo con la Argentina. El Gobierno aspira a que la Cámara baja sancione el proyecto –ya votado en el Senado– el 4 de agosto próximo. Para lograrlo deberá contar con el apoyo de los 129 diputados del bloque justicialista, debido a que la mayoría de las demás bancadas, desde las de centroizquierda hasta el radicalismo, pasando por el interbloque Federal de partidos provinciales, expresó su oposición.
La participación activa de dos diputados duhaldistas en el Foro de legisladores opositores dio lugar a otras lecturas políticas. Sin embargo, los bonaerenses Marina Cacéese y Daniel Basile aclararon que concurren a las reuniones en carácter personal. El gobernador Felipe Solá se despegó de ellos, al asegurar ayer que instruirá a los representantes de su provincia a sancionar la ley. Si el duhaldismo jugara en contra del proyecto, su aprobación sería imposible. Por ahora, uno de los principales referentes de ese espacio, el presidente de la Cámara, Eduardo Camaño, no respondió al pedido de los diputados críticos de postergar la sesión prevista para el 4 de agosto.
Ese es uno de los reclamos básicos del Foro. Uno de sus inspiradores es Claudio Lozano, quien puntualizó a Página/12 las razones del rechazo a la iniciativa. “La ley promueve la generación de superávit fiscal para cancelar deuda”, evaluó. “Se puede plantear una ley que promueva el equilibrio fiscal, pero no una que ampute la política fiscal como instrumento de política económica”, protestó.
Las bancadas radical (representada por Margarita Stolbizer y Leopoldo Moreau), del ARI (Eduardo Macaluse), socialista (Héctor Polino y Ariel Basteiro), de Izquierda Unida (Patricia Walsh), Frente para el Cambio (Alicia Castro) y otros diputados como Mario Cafiero y Silvana Giudici comparten el Foro. Por ahora no están allí pero también manifestaron su disconformidad con el proyecto diputados del interbloque Federal.
El próximo miércoles está convocada una audiencia pública en el Congreso para que entidades y dirigentes sociales debatan sobre la ley. La CTA, con Víctor De Gennaro, y el Grupo Fénix, con Abraham Gak, estarán presentes. Entre las acciones para frenar la iniciativa los diputados le enviaron una carta a Néstor Kir- chner pidiéndole que amplíe el debate en la sociedad.
Lozano explicó que la ley, al limitar el crecimiento del gasto público a la evolución del PIB, cristaliza la situación actual de un bajísimo nivel de erogaciones estatales. El gasto total en la Argentina, contemplando el de la Nación y las provincias, equivale a 26,7 puntos del PIB, contra 39,5 de Chile y 48,1 de Brasil. Y cuando el PIB no crezca, el gasto tampoco podrá hacerlo, por lo que la política fiscal no servirá para revertir el ciclo económico negativo. En épocas de bonanza, el excedente fiscal por sobre el aumento del PIB quedará congelado en un “fondo anticíclico”. “La ley elimina el riesgo a los acreedores, porque saben que siempre habrá plata para pagarles, mientras que las jubilaciones, los sueldos estatales, la salud, la educación y una economía que necesita recursos para crecer deberán resignarse a sus condiciones actuales”, completó Lozano.