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El ministro de Justicia argentino, Horacio Rosatti, hará hoy en París el alegato final en defensa de la decisión de pesificar las tarifas públicas frente a la demanda de la norteamericana CMS. Esta última reclamó ante el CIADI una indemnización de 260 millones de dólares por los perjuicios que le habría ocasionado aquella medida a la Transportadora de Gas del Sur, de la que es socia minoritaria. Según reconoció ayer desde la capital francesa, el funcionario apuesta a que ninguno de los juicios que iniciaron las privatizadas ante el Banco Mundial tengan fallo “antes de marzo o abril” del año que viene, fecha para la cual estarían terminadas las renegociaciones contractuales: éstas dejarían sin efecto esas multimillonarias demandas.
La exposición del hasta hace días procurador del Tesoro cerrará una serie de audiencias sobre el primero de los reclamos del accionista de una empresa privatizada que fue sometido a aquel tribunal arbitral y que, por este hecho, se erige en un caso testigo. En esta semana expusieron los testigos que aportaron tanto CMS, empeñada en demostrar que la desdolarización tarifaria fue tan dañina como evitable, y los abogados del estado argentino, quienes no sólo justificaron una decisión tomada “en el marco de la emergencia económica”, sino que objetaron el manejo económico financiero de TGS, que la habría llevado a un excesivo endeudamiento en dólares.
El cierre de esta serie de audiencias se hace luego de que los tres árbitros del CIADI designados para esta cuestión descalificaran el pedido de “confidencialidad” de las sesiones reclamado por CMS, frente al criterio argentino de que es una cuestión de carácter público. La empresa se había quejado porque, en virtud de fuentes argentinas, trascendieron algunas de las controvertidas ideas expuestas por sus representantes ante el tribunal, como aquella que intentó minimizar la cantidad de muertes que provocó la tragedia económico-social que se vivió en diciembre de 2001.
Previsiblemente, Rosatti insistirá en justificar la pesificación de las tarifas públicas en la grave situación que sacudió a la Argentina entonces y que, a su juicio, puso en serio riesgo hasta la gobernabilidad del país. Pero también avanzará en los cuestionamientos a la propia CMS, incluyendo el dato de que es deudora del Banco Mundial, por un crédito que la entidad le habría otorgado a través de la Corporación Financiera Internacional (CFI).
De fracasar en su gestión, el ministro tiene otras cartas. Una es que las renegociaciones de contratos invaliden de hecho ésta y otras demandas contra el Estado, que no firmará ningún nuevo acuerdo si no incluye el compromiso de levantar el pedido de arbitraje.