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Cuando en febrero de 1994 la periodista de Página/12 Susana Viau descubrió la trama secreta de las coimas en el PAMI, halló una cifra mágica: 25 por ciento. Eso decían los sobres que los prestadores dejaron de apuro, con el dinero adentro, en el hall de un banco. Algunos de esos sobres tenían pistas que llevaron a un puñado de cajas de seguridad donde a su vez había más dinero. La Justicia no hizo después otra cosa que absolver sospechosos. Pero antes no tuvo más remedio que incautar 800 mil pesos de los sobres y las cajas, seguramente la cifra más alta birlada a la corrupción y recuperada por el Estado en la historia argentina.
El presupuesto del PAMI alcanza los dos mil millones de pesos. Si la coima siguiera siendo del 25 por ciento y abarcara, por poner solo una hipótesis, la mitad de la torta, mil millones, representaría 250 millones por año de plata dulce. En la cámara oculta combinada entre Luis D’Elía y el programa Punto.doc, un presunto coimeador cuenta que antes el soborno era del 20 por ciento. Serían, entonces, sobre mil, 200 millones. Y el coimeador ofrece un piso del 10 por ciento. Si ésa fuera la norma actual, se estaría hablando de una ganancia ilegal de 100 millones de pesos.
El cálculo lleva a un mínimo de 100 millones de pesos conseguidos sin trabajar y burlando al Estado, pero es fácil conjeturar que los 250 millones anuales fueron una costumbre durante muchos años.
Las cifras impresionan. Pero impacta otra cosa que apareció en los dichos de Horacio Pisano, el dueño de la proveedora de prótesis Angiocor. En la negociación que quiso emprender con D’Elía, dijo que el margen del soborno dependería del valor de la cápita que el PAMI pagase a los prestadores. Y ésa es la clave del negocio: no se trata de una economía paralela, montada de los que roban pero hacen, sino de la expoliación sistemática del Estado a través de grandes grupos con intereses en la salud privada. El ex interventor del PAMI Víctor Alderete o el ex ministro de Salud Alberto Mazza estaban relacionados con ese sector. Las versiones indican que también lo están el senador Luis Barrionuevo y el cenador de Patricios Enrique Nosiglia.
Si el Gobierno mantiene el apoyo a Graciela Ocaña en la pelea con los prestadores estará dando una señal fuerte. Y doble. Por un lado, anulará una caja negra de la política y así evitará que otros la usen en su contra. Por otro, se estará privando de utilizarla, y lo hará por medio de un compromiso público.
Faltaría un esfuercito más, que es recuperar al menos una parte del dinero robado a los argentinos en los últimos años. Si Página/12 lo hizo con perspicacia y constancia, no puede ser imposible que el Estado investigue de una buena vez el estado fiscal y financiero del mercado de la salud. Algunos bolsillos no resisten una buena ecografía.