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Al anunciar la convocatoria al Consejo del Salario, la Productividad y el Empleo, el ministro de Trabajo insistió en la “vocación del Gobierno por lograr una mejor distribución del ingreso”. Más cauto, el ministro de Economía marcó que mejorar el poder de compra de los asalariados es uno de los ejes de la política de crecimiento. Entre ambos, hay varios puntos de divergencia en cuanto a las reglas que le debe fijar el Estado a la relación entre trabajadores y empresarios. Pero en las actuales circunstancias, ambos parecen haber acordado en el criterio de que serán las negociaciones paritarias, ya sea por rama de actividad o por empresa, las que resuelvan el “derrame” del crecimiento económico hacia los bolsillos de los trabajadores. Hasta ahora, los resultados de estas negociaciones dejan dudas sobre sus verdaderos méritos. Disparidad de aumentos salariales, intangibilidad de las cláusulas de precarización del empleo y un círculo cada vez más cerrado de trabajadores abarcados por las negociaciones colectivas, son algunas de las características que reflejan un cono de sombras sobre el supuesto beneficio de las convenciones colectivas en el estado que quedó el mercado laboral tras el huracán neoliberal.
En el primer trimestre del año, el Ministerio de Trabajo homologó 82 convenios y acuerdos colectivos, lo que marca un nivel de negociación similar al del año pasado, cuando se recuperó este marco de discusión entre obreros y empleadores, prácticamente congelado durante una década y media. Gran parte de estos convenios estuvieron referidos a las actualizaciones salariales, ya sea en el ámbito de una empresa (el 70 por ciento) o por rama de actividad (el 30 por ciento restante). El acuerdo más importante del período, en cuanto a la cantidad de trabajadores abarcada, fue el de la construcción, que mejoró la escala de remuneraciones a los trabajadores registrados (reconocidos por sus empleadores) “y probablemente influya en una alta porción de los no registrados”, según entiende la cartera laboral.
Otras ramas de peso que fueron objeto de negociaciones homologadas en el período son la gastronómica, alimentación, textil y calzado, aunque en varias de ellas se trata de acuerdos para subsectores de actividad. Una particularidad de estos acuerdos es que no incorporaron a la discusión las normas de “flexibilidad laboral” impuestas durante los ’90, que en el caso de los gremios gastronómico y de la alimentación han sido especialmente “duras”, extendiendo jornadas de trabajo o eliminando otras conquistas. El propio sector gastronómico, uno de los pocos que renegoció condiciones de trabajo en la presente década, lo hizo “a la baja”, es decir resignando derechos anteriormente adquiridos. La distribución injusta del ingreso no está dada únicamente por la suma remunerativa, pero de estos otros aspectos, por ahora, “no se habla”.
Entre los acuerdos más destacados a nivel de “empresas”, un informe elaborado por la Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales del Ministerio de Trabajo destaca los firmados en la rama automotriz y el que protagonizaron los trabajadores de Metrovías, cuya repercusión pública y prolongado cese de actividades les permitió obtener un resultado ampliamente favorable, pese a la posición distante adoptada por el gremio de rama de actividad (Unión Tranviaria Automotor, UTA).
Los convenios y acuerdos homologados que establecieron mejoras salariales durante el primer trimestre del año están referidos también a trabajadores bancarios, señaleros ferroviarios, de hipódromos, del Mercado de Hacienda de Liniers, gráficos, pilotos aéreos, televisión, turismo y plásticos. Pero vale advertir que, en muchos de ellos, la variación acordada está referida exclusivamente a la incorporación como suma remunerativa de los 100 pesos otorgados por decreto en enero de 2005, o a su otorgamiento efectivo a pesar de la cláusula que establecía el derecho a su absorción por el empleador, en caso de haber otorgado aumentos en los meses previos. En el caso del convenio de la construcción, el beneficio acordado fue dicha incorporación más una suma adicional no remunerativa de 75 a 150 pesos para diferentes categorías.
Esta característica de limitada mejora salarial en los convenios también quedó puesta de manifiesto en los salarios básicos fijados para las categorías inferiores durante el primer trimestre del año. El 11 por ciento de esos sueldos mínimos convencionales fueron fijados por debajo del salario mínimo vital y móvil (450 pesos), con niveles que arrancan en los 320 pesos en el caso de los acuerdos por empresa y en los 325 en los acuerdos por rama de actividad. Sólo por efecto de los adicionales que cobra el trabajador, el pago efectivo se ubica en el límite de la legalidad. El 55 por ciento de los convenios homologados en el primer trimestre fijó un piso salarial inferior a los 600 pesos.
A algunos de los gremios que firmaron acuerdos salariales en abril y mayo no les fue mucho mejor: los metalúrgicos firmaron con seis cámaras del sector aumentos promedio del 10 por ciento, vigentes a partir del 1º de mayo y absorbiendo asignaciones anteriores, llevando el básico de la categoría inferior a 590 pesos. En cambio, en la rama de la alimentación un acuerdo parcial para la actividad frutihortícola y de yerba mate obtuvo una mejora general del 36 por ciento, ubicando el nuevo mínimo en 900 pesos.
Pese al esfuerzo oficial por mostrar un incremento en la negociación salarial, la fractura del mercado laboral provocada por los años ’90 impide que ésa sea una herramienta efectiva de mejora de los ingresos para el conjunto de los trabajadores. Todavía prevalecen muchas negociaciones para una misma actividad y con resultados muy diversos, a pesar de que desde los despachos oficiales se señale que “se está revirtiendo la descentralización”. El mayor riesgo no es que el tan mentado “derrame” no llegue sino que sólo alcance a una franja, para peor minoritaria, de trabajadores. A la marginación provocada por la desocupación y el trabajo en negro, podría agregársele una marcada discriminación salarial, incluso dentro de una misma rama de actividad. Si las convenciones colectivas son la vía de rescate para los trabajadores, más vale advertir a tiempo que no hay botes para todos.