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“Sinceramente creo que el ministro ha cumplido una función sumamente importante, ha posibilitado mejorar las condiciones económicas del país, pero ahora viene otra etapa que no sé si está en condiciones de llevar adelante, ahora viene la etapa de la distribución de la riqueza que generan los trabajadores.” Con esa declaración, Hugo Moyano dobló la apuesta en su pelea con Roberto Lavagna, desatada luego de que el titular de Economía responsabilizó a los aumentos salariales de la suba de la inflación. El jefe de la CGT se convirtió en la primera figura con peso político en plantear la salida de Lavagna del Gabinete.
Sin embargo, dentro del Gobierno hubo instrucciones del propio Néstor Kirchner para frenar el cruce entre funcionarios por la cuestión inflacionaria. La preocupación que genera el alza de precios es suficiente como para que encima se potencie con una pelea interna. Una de las funcionarias que tomó nota fue Patricia Vaca Narvaja, quien anteayer se quejó de los dichos de Lavagna y negó que las mejoras salariales tengan la culpa del salto en el costo de vida. Ayer, en cambio, explicó que la intención del jefe de Hacienda es “monitorear” las negociaciones paritarias para controlar no a los trabajadores sino a los empresarios.
“Cuando el Ministerio de Economía plantea el monitoreo, se refiere a la cuestión de ver cuál es la justa incidencia de los costos en el precio” de sus bienes o servicios, indicó, en un esfuerzo de interpretación. “Históricamente –agregó– hay empresarios e industriales que son inoperantes a la hora de trasladar sus costos a los precios con su justa incidencia.” Lo hacen, concluyó, “porque quieren tener los márgenes de rentabilidad de otras épocas”. Por eso les pidió “que se pongan las pilas”.
Moyano no tuvo tantas contemplaciones. Opinó que “no se pueden tener en cuenta seriamente las declaraciones de Lavagna sobre la inflación y los salarios, porque en momentos en que no hubo aumento salarial se produjeron picos de inflación importantísimos”. En ese sentido, reclamó al Gobierno la aplicación de “una política que eleve el salario en forma paulatina, pero de manera seria y duradera”.
Por su parte, el titular de la CTA, Víctor De Gennaro, enfatizó que “el Gobierno está buscando una causa ficticia para echar culpas, e intenta frenar el avance de la organización de los trabajadores”. “Si quisiera controlar la inflación debería vigilar a las 200 empresas formadoras de precios”, recomendó el sindicalista, para quien “la inflación ya venía de antes de las discusiones salariales”. También recordó que los ingresos promedio de los trabajadores están 15 por ciento por debajo, en términos reales, del nivel que tenían antes de la devaluación.
Como era previsible, otros que terciaron en la discusión fueron los economistas. La Fundación Capital, que fundó Martín Redrado, advirtió que el principal desafío de corto plazo para el Gobierno es “administrar la puja distributiva en un escenario electoral, donde los renglones que muestran mayor retraso (asalariados y jubilados) están presionando muy fuerte por necesidad y por una cuestión de timming”. Finalmente, el consultor Marcelo Lascano indicó que “en economía todo está relacionado, pero pensar que salarios e inflación necesariamente van juntos es una generalización que no corresponde”. Para el economista, “el tema debería discutirse en función de la productividad de los sectores”, tal como solía decir Lavagna.