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“¿Qué querían los que fueron a la Legislatura? Pedían que los dejaran tener un trabajo genuino: reclamaron contra un Código que no habría que llamar de Convivencia, porque se escribió para perseguir a los pobres. Que hoy estén presos muestra que si no tenés plata, no hay justicia, porque la jueza se ensañó con ellos, al punto de que no quiere aceptar las pruebas de que no hicieron aquello de que se los acusa. Ninguno de ellos tiene por qué estar preso”, dijo Nora Cortiñas, de Madres Línea Fundadora. Se refería a los 15 manifestantes arrestados por la marcha en la Legislatura el 26 de julio del 2004; ayer cumplieron un año privados de su libertad y sus familiares y amigos hicieron una jornada de protesta.
En el Obelisco, sobre una de las medialunas de la Plaza de la República, hubo una feria y se instaló un escenario para un recital, en el que hablaron artistas, abogados y figuras del ámbito académico. Fue uno de los días más fríos del invierno, por lo que los músicos se las tuvieron que arreglar como pudieron. La orquesta típica Fernández Fierro tocó debajo de varias capas de abrigos y bufandas, y los especialistas reemplazaron los paneles de debate previstos por exposiciones más cortas. La directora de cine Lucrecia Martel, la Universidad Trashumante, el Grupo de Arte Callejero, la asamblea de San Telmo y los integrantes de Alerta Argentina estuvieron entre los presentes. Dos de los presos, Margarita Meira y Pablo Amitrano, hablaron desde la cárcel.
Los 15 detenidos están alojados en los penales de Ezeiza, Marcos Paz y Devoto. Nueve son vendedores ambulantes, dos albañiles y uno anticuario. Hay además un transformista y dos mujeres en situación de prostitución. La marcha en la que participaron había sido convocada por una Coordinadora contra el Código que reunió a los sectores afectados por la nueva norma, que recortaba las posibilidades de vendedores ambulantes y prostitutas, fijando multas y prisión para quienes trabajan en la calle. Aquel día, cuando los manifestantes llegaron al lugar, la puerta de ingreso al edificio fue cerrada y se impidió al público presenciar la sesión de debate. Más tarde, un grupo de manifestantes con sus caras tapadas –que no habían participado de la Coordinadora– se separó de la columna e intentó tirar abajo la puerta. Los incidentes se extendieron duraron cinco horas sin que la policía interviniera. Cuanto todo terminó, la Federal detuvo a 15 personas en los alrededores. La jueza Silvia Ramond procesó a los arrestados como autores de los delitos de coacción agravada (consideró que habían buscado atemorizar a los legisladores), privación ilegítima de la libertad (sostuvo que los diputados no habían podido salir del edificio por la protesta) y daños. Aunque varios de los presos presentaron pruebas de que no habían hecho más que tocar el bombo y 20 legisladores declararon que no se habían sentido presionados, sino que no pudieron sesionar por falta de quórum, la situación de los arrestados no se modificó.
El abogado Gerardo Fernández, del Centro de Estudios Legales y Sociales, habló de la “falta de fundamento” del fallo. “Acusar a quienes participan de una protesta de los delitos de coacción agravada y privación ilegítima de la libertad es una utilización abusiva del Código Penal”.
“Están presos, fundamentalmente, por ser pobres”, señaló por su parte Héctor Trajtemberg, de la Liga. “Cuando pedimos la excarcelación en base al principio de igualdad ante la ley (habían sido liberados María Julia Alsogaray y Omar Chabán) los jueces dijeron ‘no, porque estos se van a fugar’. ¿Por qué lo creían? Dijeron que eran presos que no tenían arraigo, bienes con los cuales responder.”
Otro de los panelistas del día, el profesor Roberto Gargarella, se refirió al rol de la Justicia. “Tiene muchas posibilidades de respuesta frente al conflicto social: puede mediar, conciliar, preguntarle al poder político por el modo en que ha abandonado la protección de ciertos derechos. La opción penal es la última, pero en la Argentina los jueces han dado una respuesta patoteril.” El expediente por los 15 presos ya fue elevado a juicio oral, pero las audiencias no tienen todavía fecha de inicio. Los defensores estiman que el proceso podría comenzar, con suerte, cerca de fin de año.