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Hace diez años, el marino Adolfo Scilingo sorprendió con su confesión sobre su participación en los vuelos de la muerte. La identificación de las tres Madres de Plaza de Mayo desaparecidas –Azucena Villaflor, Esther Ballestrino y María Ponce– permitió corroborar científicamente que los militares arrojaban a sus víctimas desde aviones de la Fuerza Aérea, hecho que además, muchos años antes, habían revelado los sobrevivientes de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Entre Scilingo y la recuperación de los cuerpos de las Madres –anunciada el viernes 8– la Cámara Federal porteña realizó junto al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) investigaciones relacionadas con el derecho a la verdad, específicamente con la búsqueda de los restos de los desaparecidos. Esto implicó un trabajo de reconstrucción de la historia de cada víctima, desde su militancia, hasta su secuestro y lugar de detención. Por ahora, se logró rearmar cerca de 50 casos, aunque no todos implicaron la recuperación de los cadáveres. Las Madres fueron las primeras relacionadas con los “vuelos”. Horacio Cattani, el juez que llevó adelante la instrucción de estas causas, relata cómo se realizó esta tarea.
–¿Cómo se llegó a la identificación de las tres madres fundadoras de Madres de Plaza de Mayo y cuál es su valor jurídico?
–A partir de la movilización de diversas ONG con posterioridad a la confesión de Adolfo Scilingo varias Cámaras Federales intentaron diversos caminos para la búsqueda de la verdad y satisfacer el “derecho al duelo”. Se trataba de realizar investigaciones tendientes a determinar el paradero de los desaparecidos aunque no se pudieran imputar penalmente las desapariciones a persona alguna en razón del dictado de las leyes de impunidad y los indultos. La Cámara Federal de la Capital Federal adoptó una política que comprendió dos estrategias bien marcadas: avanzar hacia la nulidad de las leyes de punto final y obediencia debida y dirigir la búsqueda de la verdad hacia la identificación de la gran cantidad de víctimas de NN que poblaban los expedientes paralizados. La primera se alcanzó con el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia en la causa “Poblete” y la segunda persiste sin prisa y sin pausa habiéndose logrado un salto cualitativo con la identificación de las madres fundadoras.
–Pero no todas las Cámaras adoptaron la misma estrategia.
–No. Por ejemplo las de La Plata y Bahía Blanca en audiencias orales recogieron testimonio de los familiares de las víctimas ya conocidas para completar las indagaciones sobre el modus operandi del exterminio, que ya se habían obtenido en el Juicio a las Juntas y en la causa Camps.
–El general Martín Balza y otros militares sostuvieron que no había registros de las víctimas en dependencias de Ejército. ¿Con qué elementos comenzó la Cámara la búsqueda?
–El pleno de la Cámara me designó como juez instructor y solicitamos el concurso del Equipo Argentino de Antropología Forense, no solamente por su idoneidad técnica sino también por el profundo conocimiento de cómo se había desarrollado el terrorismo de Estado. Contamos con la colaboración de un grupo de funcionarios y empleados del tribunal que había participado en el reordenamiento de las causas de derechos humanos. Toda investigación que pretenda reconstruir el pasado debe partir de ciertas hipótesis que luego deberán ser verificadas. La primera fue discutir la afirmación del general Balza. Nos constaba que se habían destruido registros específicos sobre la represión ilegal pero los genocidios han demostrado que la burocracia siempre deja huellas, y que junto con los registros que podríamos llamar “blancos” (defunciones, inhumaciones, de identidad etc.) debería haber información intercalada sobre los desaparecidos. Así que nos decidimos a buscarla pero con ciertos cuidados: no se podía subir el perfil para evitar provocar la destrucción de la documentación.
–¿Qué medidas se adoptaron?
–Fueron múltiples. En primer lugar se dispuso la preservación de toda la documentación administrativa existente en los tres poderes del Estado relativa al período 1976-1983. Se libraron oficios a las autoridades policiales y militares, registros de las personas, registros civiles, registros de reincidencia, cementerios de la ciudad de Buenos Aires y del conurbano, la Morgue Judicial y expedientes judiciales. Desde el punto de vista de la técnica pericial se pusieron a punto dos métodos: obtener huellas digitales, mejorarlas mediante técnicas de scaneo y otros procedimientos informáticos y posteriormente cotejarlas con indubitables existentes en los registros de las personas. Por otro lado, existiendo restos humanos, la posibilidad de exhumación, estudios antropológicos e identificación a través de pruebas de ADN. Este procedimiento requería una investigación adicional ya que para saber con quién cruzar esa información debía construirse una hipótesis previa sobre la identidad de los restos.
–¿Cómo se obtuvieron los primeros resultados?
–Fueron la consecuencia del hallazgo de numerosas fichas y algún microfilm en dependencias policiales, en el ámbito del Ejército Argentino y en archivos judiciales. La impunidad del terrorismo de Estado fue tan grande que información fundamental fue hallada intercalada en documentos de la época. Por ejemplo, fue muy común encontrar juegos completos de huellas digitales pese a lo cual las víctimas se enterraban como NN.
En muchos casos se logró la identificación dactiloscópica, pero no fue posible el hallazgo de los restos por haberse trasladado a fosas comunes de los cementerios. En estos casos se practica la rectificación de la partida y se otorga una identidad al NN a través de la inscripción de su nombre en el Registro Civil. En otros casos, como fue el de las madres, se puede recuperar el cadáver y hacer entrega a sus familiares para su inhumación definitiva y con su identidad.
–¿Cuál fue la reacción de las familias ante estos hallazgos?
–La primera reacción es de desconfianza e incredulidad. Después, cuando les explicamos el procedimiento indagan el nivel de certeza y sufren una gran conmoción. Para ellos la historia comenzó en los ’70 con una desaparición y los años avanzaron con un gran peregrinar buscando información, siempre insatisfecha. De repente los contactamos a través del Equipo Argentino de Antropología y les damos la certeza que necesitan. Puede ser que después del secuestro lo llevaron a un centro clandestino y después de la tortura y la muerte a una tumba colectiva o también pudo haber sucedido que después del secuestro dieran vuelta la esquina, lo mataran fingiendo un enfrentamiento y lo sepultaran como NN. En ambos casos la búsqueda llegó a su fin.
–¿Cómo se llegó al hallazgo de los restos de las Madres de Plaza de Mayo?
–Conociendo que en los años ’70 se habían descubierto cadáveres aparecidos en el litoral marítimo en jurisdicción de los Tribunales de Dolores, en marzo de 1999 se solicitó la búsqueda y remisión a la Cámara de todas las actuaciones judiciales labradas. En el año 1984 el intendente del partido de General Lavalle había denunciado inhumaciones clandestinas y logrado sendas investigaciones judiciales. Aunque las causas se terminaron sobreseyendo, se realizaron inhumaciones y peritajes. A uno de los cadáveres se sexo femenino se le habían amputado las manos para su remisión al laboratorio necropapiloscópico de la policía de la provincia de Buenos Aires y posteriormente se determinó que correspondía a Angela Aguad. Angela fue una de las doce personas que entre los días 8 y 10 de diciembre de 1977 fueron secuestradas en la iglesia de la Santa Cruz y en distintos lugares de la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires. A partir de allí, se siguió trabajando sobre la hipótesis de que el resto de los cadáveres hallados en la costa atlántica y en fechas cercanas al mes de diciembre de 1977 podrían pertenecer a ese grupo llamado de la iglesia de la Santa Cruz. Con todo rigor científico se procedió a una exhumación de los restos, a su estudio antropológico, a la extracción de ADN mitocondrial, a la extracción de muestras a los familiares, a su remisiónal Laboratorio de Inmunogenética y Diagnóstico Molecular (Lidmo) de la Universidad de Córdoba, que certificó la identificación de las madres, lo que posibilitó al tribunal entregar los restos para su definitiva inhumación.
–¿Se sigue intentando la identificación de los demás restos?
–Sí. Efectivamente se sigue trabajando sobre la misma hipótesis y sobre otras que se han ido incorporando.
–¿Por qué estas identificaciones han supuesto un salto cualitativo en las investigaciones?
–Se sabe que las madres fueron entregadas por Astiz, se sabe que estuvieron en la ESMA donde fueron torturadas, se dio por probado en la causa ESMA que habrían sido “trasladadas” (eufemismo utilizado como sinónimo de aniquilamiento) en un vuelo de la muerte. Pues bien, ahora se cierra el círculo encontrando los restos y confirmándose por el examen forense que presentan lesiones compatibles con haber sido arrojados desde un avión. Es por eso que la Cámara dispuso que copia de lo actuado se remita a la causa ESMA que muy pronto pasará a Tribunal Oral.
–La Cámara fue una precursora en impulsar la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida. Después del fallo de la Corte ¿cuáles son las tareas pendientes en este plano?
–Desde el punto de vista jurídico creo que no hay. La Cámara desplegó los instrumentos para posibilitar las investigaciones cuando mandó las causas a primera instancia. Lo que hay que hacer es preparar las investigaciones para los juicios orales, avanzar en el terreno procesal. Ya las grandes defensas del derecho como las leyes de impunidad o los indultos prácticamente no están e incluso los indultos alcanzan a muchos menos.
–De acuerdo con los argumentos del fallo del caso Poblete, ¿la Corte debería anular los indultos?
–Es un tema diferente. No es previsible lo que pueda hacer porque el indulto tiene otra naturaleza jurídica. La incertidumbre con el fallo de la Corte es qué harán las Cámaras del interior, porque a partir de ahora tienen que poner en marcha un sistema de enjuiciamiento. Para nosotros es un espaldarazo que da la Corte a lo que ya se venía haciendo, pero hay muchas jurisdicciones en las que tienen que empezar.
–También se debería unificar el procedimiento de estos juicios porque hay distintos criterios según las jurisdicciones.
–Lo ideal sería que se hiciera con una ley ad hoc para estos casos. Si no, la Corte o la Cámara de Casación podrían hacerlo.