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La Asociación de Deudores Hipotecarios criticó los posibles alcances del proyecto de ley que el Poder Ejecutivo estudia enviar al Congreso para frenar la ejecución de viviendas por deudas hipotecarias tomadas por fuera del sistema financiero, concretamente a través de inmobiliarias y escribanías, porque “no servirá para frenar los remates”.
A pesar de la existencia de la legislación que creó el Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria (ley 25.798), que en teoría representaba una solución para esta clase de deudas, muchos acreedores accionaron judicialmente invocando la inconstitucionalidad de la norma y obteniendo de los juzgados comerciales sentencias favorables, que no sólo llegaron en muchos casos a redolarizar las acreencias sino que, como es propio de todo proceso judicial, cargaron cuantiosos intereses punitorios y honorarios legales. Merced a la munificencia judicial por estos últimos dos conceptos, las acreencias se aumentaron hasta en un 50 por ciento, y esto sin contar la redolarización total o parcial. Vale recordar que la legislación sólo cubrió a quienes se endeudaron en hasta 100 mil pesos, por entonces dólares, sobre una vivienda única y que dejaron de pagar sus cuotas entre enero de 2001 y septiembre de 2003. Por tratarse en la mayoría de los casos de asalariados cuyos ingresos, al margen de la crisis, estuvieron lejos de triplicarse, como la cotización de la moneda estadounidense, la continuidad de esta situación augura remates masivos. Muchos ya se produjeron y otros tienen carácter inminente. En esta situación se encontrarían, según distintas estimaciones, alrededor de 13.500 familias.
Para evitar esta situación, el Ministerio de Economía elaboró un nuevo proyecto que debe tratar el Congreso. Hilda Gumprich, titular de la Asociación de Deudores Hipotecarios, sostuvo que el proyecto de Economía, que se trataría hoy en el Senado, “reabriría un fideicomiso para aquellas personas que tuvieran una sentencia de remate, por ello decimos que los tiempos judiciales son más rápidos, y no darían tiempo a que la gente se inscriba”. En consecuencia, esta alternativa “no sirve para dar una solución a los deudores privados, ya que no es para todos”, evaluó Gumprich. “Aquí la única solución es que se compense a los acreedores privados”, agregó. En concreto, la propuesta de la representante de los acreedores demanda que se aplique una “compensación similar a la que se dispuso para el caso de los bancos”.
La dirigente pidió además que la solución no se demore, porque “de manera inminente, este problema afecta a un total de 8300 familias, que son las que enfrentan una orden de desalojo para el posterior remate de sus viviendas, pero además quedan otras 5000 que deberán también pasar por esto en un futuro próximo”.
Gumprich afirmó que “la iniciativa propuesta por el Ejecutivo la presentarían mañana en Senadores”, donde contaría con el apoyo del kirchnerismo y duhaldismo, pero “sólo sirve para los deudores del Banco Hipotecario ya que les condonan los punitorios e intereses y los gastos de los abogados. Esto reduciría la deuda en un 47 por ciento. Así los deudores privados quedan como la gran asignatura pendiente. Esto no les soluciona su situación en absoluto”, concluyó.