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Que los robos, que los secuestros, que la invasión a la intimidad. Por una razón u otra, los jueces se resisten a hacer público su patrimonio. Desde hace casi dos años, tanto la Corte Suprema como el Consejo de la Magistratura dan vueltas y siguen sin aprobar un régimen para garantizar que los ciudadanos tengan acceso a sus declaraciones juradas, algo que exige la Ley de Etica Pública. Por ahora rige un viejo sistema en el que es prácticamente imposible saber qué tiene un juez en su haber. Los proyectos de reforma que cosechan más apoyos son igualmente restrictivos.
En la actualidad, las declaraciones de bienes de los jueces de todas las jerarquías son atesoradas por la Administración General de la Corte. Se supone que cualquier persona que quiera consultarlas puede hacerlo si exhibe una razón que el administrador, Nicolás Reyes, evalúa atendible. Sin embargo, en la práctica, llegar al inventario de un juez es una misión imposible. Ni el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) ni Poder Ciudadano lo lograron. Incluso presentaron un amparo que pasó de juzgado en juzgado durante cuatro años (nadie lo quería resolver) hasta que lo tomó Martín Silva Garretón y lo rechazó hace quince días.
La publicidad del patrimonio de los jueces fue uno de los primeros temas que instaló Enrique Petracchi cuando asumió la presidencia de la Corte y del Consejo de la Magistratura a fines de 2003. En ese momento se llegó a hablar de poner la lista de bienes y cuentas de cada juez en Internet. La Asociación de Magistrados no tardó en protestar. Objetó de plano la difusión cibernética y se opuso a la divulgación de datos “sensibles” como cuentas bancarias, domicilio y patentes de autos.
El Consejo y la Corte se reúnen periódicamente e intentan superar sus viejas peleas de poder. Pero todavía ni siquiera se pusieron de acuerdo sobre cuál de los dos organismos debe administrar las declaraciones juradas. El cuerpo de consejeros pretende supervisar a los jueces inferiores mientras que el proyecto que, en principio, estudian los supremos apunta a que el alto tribunal siga centralizando todo. Aun así, dicen que intentan compatibilizar ideas y métodos. El otro plano en debate es qué información exigirle a los jueces en su presentación pública de bienes y qué requisitos poner a los ciudadanos que quieran conocerla.

Resistencias
“El asunto sigue sin resolverse porque es muy fuerte la presión de los jueces penales, que dicen que temen por su seguridad. El argumento es que están expuestos a actos de venganza de quien pudo perder un juicio”, explica un integrante de la Corte a Página/12. En el tribunal perduran algunas diferencias internas de criterio. Elena Highton de Nolasco, por ejemplo, comparte los reparos de los magistrados penales y preferiría que la declaración contenga sólo una cifra global del patrimonio. Carlos Fayt replica que a él no le molesta mostrar todas sus posesiones.
Los jueces que ocupan bancas en el Consejo de la Magistratura ejercen presión, cada vez que pueden, contra los proyectos que promueven más transparencia judicial. “Para la inmensa mayoría de los magistrados esto (dar a publicidad su patrimonio) sólo puede constituir una mortificación y una invasión a su intimidad”, decía una nota que repartieron el año pasado los jueces Victoria Pérez Tognola y Claudio Kiper. El texto alegaba también la amenaza de la inseguridad. “Esta clase de medidas –agregaba– no son tan eficientes para combatir la corrupción, por suerte casi inexistente en el Poder Judicial. Si algún miembro incrementa su patrimonio, seguramente buscará el mecanismo de ocultar esta situación.”
Las voces más críticas a esa postura, como es habitual en el Consejo, son las del abogado Beinusz Szmukler y la diputada Marcela Rodríguez (ARI).”El crimen organizado no necesita una declaración jurada para actuar. Igualmente los jueces penales, que son los más expuestos, tienen custodia”, sostiene Szmukler. “Las declaraciones juradas deben estar a disposición de cualquier ciudadano sin ninguna clase de trabas. Lo establece la Ley de Etica”, reclama Rodríguez.

Acceso restringido
Los proyectos que analizan en la Corte y el Consejo tienen varios puntos en común: quien quiera ver una declaración patrimonial tendrá que hacer un pedido por escrito, la Administración notificará al juez titular y al cabo de tres o cinco días (hay distintas propuestas) le avisará al interesado si le entrega o le niega la información. El margen para rechazar la petición es amplio porque las razones no están bien definidas. Bastará “una decisión fundada”, dice el plan de mayor consenso en el Consejo. Se puede apelar y, según el caso, resolvería el alto tribunal o el cuerpo de consejeros. El trámite duraría un mes o más. El acceso será directo sólo cuando la solicitud venga de la Justicia, el Consejo o el Congreso.
Casi en los antípodas, para conocer los bienes de los funcionarios del Gobierno y la administración nacional prácticamente no hay escollos. La consulta se resuelve en unos días en la Oficina Anticorrupción. Sólo rigen los límites de la ley de Etica: propósitos ilegales, comerciales, búsqueda de información crediticia o fines políticos.
El borrador para la publicidad patrimonial que circula en la Corte fue elaborado, a pedido, por un conglomerado de ONG llamado Argenjus. Lo suscriben organizaciones de perfil conservador (ver aparte). En el Consejo, el proyecto con más adeptos es el que votó el año pasado la Comisión de Reglamentación, que sintetizó ideas del académico Humberto Quiroga Lavié, el juez Abel Cornejo, Szmukler y Lino Palacio. Ambas propuestas prevén que los jueces hagan dos presentaciones: una pública y una confidencial, más detallada. Ninguno de los dos planes produciría un cambio sustancial en el funcionamiento vigente. La Corte todavía no debatió el tema en sus plenarios. En el Consejo, cuando lo tiene en el orden del día, siempre lo deja último de la lista y nunca se trata.
La consejera Rodríguez, que está en minoría, propone un esquema sin notificación al juez y sin grandes obstáculos. “En todos los proyectos en danza queda un margen de discrecionalidad que no garantiza la publicidad”, señaló a este diario. “También hay que solucionar la falta de controles”, advirtió en una nota enviada a los ministros de la Corte donde critica el plan de Argenjus. Hoy nadie sabe, añade, si los jueces cumplen con la renovación anual de su declaración jurada. Ella impulsa la publicación de una lista de incumplidores y que se los denuncie ante la Comisión de Acusación del Consejo, que inicia los juicios políticos. “De nada sirve –dice Rodríguez– tener un sistema normativo que prevea la publicidad si quienes operan el sistema se niegan a hacerlo cumplir.”