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Al grupo Suez no le resultará tan fácil irse del país. Antes de cargar las valijas rumbo a París, los dueños de Aguas Argentinas deberán salir de un problema que los persigue desde hace años. Es, posiblemente, el asunto más incómodo con el que les toca lidiar a los franceses. Y para colmo las cosas amenazan con ponerse peor. Se trata de dos juicios que inició en 2001 un grupo de asociaciones de usuarios por una serie de incumplimientos de contrato de la concesionaria, por un total de 1300 millones de pesos. Las causas no ofrecen buenas perspectivas para Suez, pero la mala noticia para la empresa es que, encima, los querellantes están por recurrir al Ciadi, el mismo tribunal internacional que utiliza la compañía para hostigar al Gobierno. Será el contraataque judicial de los usuarios.
Los operadores de Aguas Argentinas se acostumbraron a librarse de sus compromisos con permanentes renegociaciones de contrato. Desde el mismo momento en que asumieron la concesión, en 1993, empezaron los acuerdos entre cuatro paredes para posibilitar aumentos de tarifas, esquivar inversiones y archivar sanciones. Sin embargo, en los juicios en cuestión Suez no puede aspirar a una solución política ni confiar en las presiones del gobierno Francés, el FMI y el Banco Mundial. Los tribunales locales todavía no fallaron sobre el fondo de la cuestión, aunque dieron señales de que la empresa no está muy bien parada.
En una de las causas ya le aplicaron una multa de 5 pesos por mes por cada cliente afectado. La cuenta corre desde diciembre de 2004 e involucra a unos 400 mil abonados. Todos ellos, representados por un conjunto de asociaciones de consumidores, reclaman a la compañía por la falta de presión de agua en sus domicilios. Es un problema grave que afecta esencialmente a familias de la zona sur del conurbano bonaerense, con los partidos de Quilmes y Lomas de Zamora como los más perjudicados.
De acuerdo al contrato de concesión, la empresa debería enviar el agua a sus clientes con la fuerza suficiente como para que suba 11 metros de altura. Con esa presión se garantiza que los usuarios no tendrán problemas. En las zonas comprometidas, sin embargo, no llega ni a la mitad. La solución demandaría inversiones que Suez nunca quiso comprometer. Frente a los incumplimientos, a comienzos del gobierno de Fernando de la Rúa el ente de control del servicio de agua y cloacas, el Etoss, dictó una resolución, la número 29, para forzarla a corregir esa situación: la obligó a aplicar reducciones tarifarias a los usuarios desatendidos.
La voluntad política de la Alianza llegó hasta ahí, puesto que a pesar de establecido el castigo, nunca nadie se encargó de hacerlo cumplir. Tal vez en eso haya confiado Suez para no apelar la resolución en su momento, lo que le costó el puesto al ejecutivo responsable de esa decisión.
El problema para la empresa llegó un año y pico después, cuando un grupo de entidades como Unión de Usuarios y Consumidores, Deuco y Consumidores Libres presentaron una acción colectiva en representación de los 400 mil bonaerenses afectados. El juicio, en el que se pide que se cumpla con el descuento tarifario a los usuarios, se convirtió desde un principio en una piedra en el zapato para los franceses.
Bajo el actual gobierno, el Etoss realizó un estudio completo para determinar la indemnización que debería pagar la empresa: llegó a la conclusión de que serían unos 400 millones de pesos. La información fue entregada a la unidad de renegociación de contratos con las privatizadas (Uniren), que utilizó el dato como prenda de cambio en la intrincada –y hasta ahora fallida– revisión de la concesión de Aguas Argentinas. Los representantes de los usuarios protestaron por esa actitud, puesto que “el Poder Ejecutivo no puede negociar un crédito que no es del Gobierno, sino de la gente”.
El juicio sigue en trámite, pero tanto en primera instancia como la Cámara Civil y Comercial Federal ordenaron que Aguas Argentinas pague una multa de 5 pesos por usuario desde que incumple con la resolución del Etoss.Unión de Usuarios y Consumidores planea llevar el tema al Ciadi, adonde fue reconocido como amicus curiae (amigo del tribunal) para exponer la visión de los clientes. Para Suez no es un tema menor. Mientras cargue con la acusación, figurará como un pasivo contingente que achicará sustancialmente el valor de la compañía. Y esto ocurre cuando los franceses pretenden transferir Aguas Argentinas a otro grupo empresario.
En las últimas semanas Suez ofreció una negociación a las entidades acusadoras para poner una cifra menor a la demanda y cerrarla definitivamente. Sin embargo, la empresa dio luego un paso atrás a la espera del final de la pelea con el Gobierno. Algunos de los actores involucrados en ese largo combate sostienen que tal vez podría haber alguna sorpresa, como que se produzca un arreglo de último minuto antes de que Suez concrete su amenaza de irse. Cada vez parece más difícil, sobre todo luego del episodio de esta semana con el embajador francés, Francis Lott, pero el partido todavía no terminó.
Hay un segundo incumplimiento de contrato de Suez que dio lugar a otros juicios millonarios. En total, son por 900 millones de pesos. En este caso, se trata de una causa iniciada por Cruzada Cívica ante un tribunal de Capital Federal y otra que tramita en La Plata y que fue planteada por Unión de Usuarios y Consumidores. Se trata de la falta de instalación de medidores a clientes industriales y residenciales. Inicialmente, el marco regulatorio de la privatización de Obras Sanitarias determinó que todos los clientes no residenciales debían contar con medidores. Como la empresa nunca cumplió con la obligación de instalarlos, en una de las tantas renegociaciones se dispuso en 1995 que los clientes debían optar si querían o no el medidor.
Lo que hizo Aguas Argentinas fue volcar todas sus energías para llevar los aparatos a los denominados clientes “húmedos” (tintorerías o lavaderos de autos, como ejemplos más obvios) mientras que a los “secos” (playas de estacionamiento) les retaceó información sobre la opción. En conclusión, quienes pagaría más porque tenían mayor consumo quedaron medidos y el resto no. Otra vez, el gobierno de la Alianza intentó inicialmente corregir la situación y ordenó que se les devolviera la mitad de lo facturado a las industrias y comercios que no habían sido debidamente notificados de la opción de contar con un medidor.
De acuerdo con el Etoss, bajo su actual administración, la deuda acumulada por este incumplimiento es de 900 millones de pesos y hay unos 80 mil usuarios perjudicados. Suez, que aprendió la lección después de lo que le pasó con la resolución referida a los problemas con la presión del agua, apeló las sanciones y hace dos años que la subsecretaría de Recursos Hídricos, a cargo de Hugo Amicarelli, tiene que resolver al respecto. La demora tiene que ver con que este tema también se incluyó en la renegociación del contrato. Los usuarios, en cambio, lo jugarán ante el Ciadi para que se apliquen las sanciones.