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Según el último relevamiento de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor sobre los precios de una canasta de productos masivos que comercializan los supermercados, el tema inflacionario no debería ser un gran desvelo para el Gobierno: en el 55 por ciento de las veinte bocas de expendio analizadas durante la última quincena de octubre, ese pack de bienes básicos redujo su precio. Lo sorprendente de esa buena nueva es que el menú de artículos seleccionados también incluye productos frescos, piedra de la discordia entre algunos productores e industriales y Economía, que intenta disciplinarlos con acuerdos difíciles de instrumentar, medidas controvertidas o amenazas poco factibles.
El análisis de la dependencia por ahora en manos de Patricia Vaca Narvaja observa los precios mínimos en 42 productos de una lista de bienes confeccionada arbitrariamente, que desde comienzos del año se encareció un 6,3 por ciento, por debajo del índice general. Según la óptica de la funcionaria, el dato es en algún sentido aliviador, ya que involucra a artículos de gran peso relativo en los bolsillos populares, como aceites, leche o quesos. Tan tranquilizador como que el “valor promedio” de esa canasta retrocedió un 0,8 por ciento en los últimos quince días del mes pasado.
Pero el mismo relevamiento da la pauta de que hay razones para que la sensación térmica de los consumidores sea otra y que resulte difícil controlar la inflación con medidas globales, comenzando por el hecho de que existe una brecha de precios importante por cadenas y por barrios. En Belgrano y Palermo es donde existe una mayor diferencia entre la canasta de Plaza Vea, que cotiza 96,17 pesos, y la que en esas mismas zonas comercializa Best a 151, un 57 por ciento más, por mencionar algunos indicios de esa dispersión.
Claro que lo que verdaderamente exaspera a consumidores y al propio Gobierno son los brincos que las últimas semanas dieron, básicamente, artículos frescos como los lácteos y la carne. En este caso, el Gobierno sigue intentando con escaso éxito contener las subas con un pacto de caballeros que involucre a toda la cadena, so pena de castigar a los frigoríficos con más retenciones a las exportaciones.
Más contundente fue el intento disciplinador que hizo Roberto Lavagna la semana pasada, cuando anunció la quita de reintegros (devolución de impuestos) a todos los exportadores de alimentos. Así bajaría el precio de exportación, referencia para el mercado interno.
Previsiblemente, los industriales de Copal la objetaron como un “cambio en las reglas de juego”. Pero dentro del propio Gobierno surgieron reparos porque el golpe podría vulnerar intereses sensibles de algunas frágiles economías regionales. Bajo esta óptica, los técnicos oficiales admitieron abrir un análisis caso por caso, para resolver un eventual retroceso, aunque en público Lavagna defiende esta vía indirecta para frenar las subas.
La semana pasada, Patricia Vaca Narvaja tuvo lo que podría considerarse una gaffe, cuando recordó que el Gobierno dispone de la herramienta de rebajar aranceles a la importación de textiles para controlar el precio de la indumentaria, que claramente dio saltos importantes. De inmediato los fabricantes de textiles explicaron que las subas en los precios finales son responsabilidad de los comercializadores y no de los fabricantes, los principales afectados por una mayor apertura. Esta, de cualquier modo, no figura en la agenda oficial.