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Finalmente, como ya sabían en los despachos del Ministerio de Economía, la inflación de noviembre informada por el Indec fue del 1,2 por ciento. Al tope de las subas estuvieron los alimentos para consumir en el hogar, que con un 2,4 por ciento duplicaron al Indice de Precios al Consumidor (IPC). Las remarcaciones más fuertes se registraron en carnes y lácteos, con aumentos del 4,5 y 1,5 por ciento, respectivamente. Con estos resultados se espera un aumento del 3,3 por ciento en la canasta básica alimentaria. Los mayores precios responden tanto a motivaciones internas como a los mayores precios internacionales, tanto en alimentos como en los principales insumos industriales.
Los aumentos de noviembre se encuentran entre los máximos del año. Las subas fueron particularmente notables en los principales rubros cárnicos (ver cuadro), lo que muestra las limitaciones de las medidas puntuales impulsadas por el Gobierno. Entre ellas, las que indujeron el alza de los precios que los frigoríficos reciben por los cueros, la suba de retenciones y la eliminación de reintegros. Fuentes del Palacio de Hacienda, en cambio, consideran que los efectos de estas medidas se verán el próximo mes. Al margen de las explicaciones, los números son contundentes. Más cuando se consideran los aumentos en relación a diciembre de 2004. Contra dicho mes las carnes aumentaron el 17,5 por ciento y los lácteos el 16,5. Bastante por encima del 11,1 que en los primeros 11 meses sumó el IPC.
Buena parte de los economistas explican que este aumento de la inflación es una consecuencia “inevitable” del crecimiento. En esta línea, los acuerdos sectoriales que impulsa el Gobierno servirían para evitar dos cosas: los “excesos” en las remarcaciones y la “espiralización”. En el actual contexto, el paulatino aumento de precios tendría otra función muy clara: revaluar lentamente el tipo de cambio real para dejarlo en lo que algunos economistas consideran “su valor de mercado”, una suerte de punto medio entre el pico de la devaluación y el 1 a 1 de la convertibilidad.
La base de esta argumentación es que el Tipo de Cambio Real Multilateral (con respecto a las principales monedas y deflactado por el aumento del costo de vida), que se encuentra en un promedio de 2,28 (menos para el campo, más para la industria), supone una ganancia extraordinaria para los exportadores que se asienta en los bajos salarios medidos en dólares. De acuerdo con esta perspectiva, estos bajos salarios no podrán mantenerse indefinidamente si la economía crece a los niveles actuales. Más cuando alrededor de dos tercios del producto es generado por actividades mano de obra intensivas, como la construcción y los servicios, representando buena parte de los “costos industriales”.
Un segundo argumento es que el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) midió en el tercer trimestre de 2005 un crecimiento del 8,7 por ciento interanual. Pero cuando se compara el tercer trimestre contra el segundo, el crecimiento fue a un promedio del 14 por ciento. Este impulso fue provocado, en buena medida, por el aumento del gasto público del 28 por ciento interanual inducido por las elecciones. Crecer a este ritmo cuando se lleva más de tres años creciendo a tasas cercanas a los dos dígitos, con la consecuente reducción de la capacidad ociosa, genera inevitables presiones inflacionarias.
A estos factores inflacionarios “internos” se suman los externos. Los principales bienes de consumo locales son parte de la canasta de exportables, como por ejemplo las carnes y los lácteos, pero no solamente. También muestran valores crecientes internacionalmente de la mayoría de los insumos industriales, como plásticos, cobre, aluminio, papel y fibras sintéticas. Adicionalmente, la oferta interna de estos productos permanece relativamente planchada. La combinación no podría ser peor. La inflación externa se monta sobre la interna. El contexto, entonces, parece mostrar dos hechos sobre los que el Gobierno puede hacer poco. El primero son los mayores precios internacionales. El segundo, aumentar la oferta en el corto plazo. Como destaca el economista Miguel Bein, las inversiones, imprescindibles a mediano y largo plazo, no pueden resolver el problema en el corto. Más bien todo lo contrario, porque la mayor demanda de bienes de inversión presionaría también sobre los precios. “¿Qué haría Lord Keynes en un caso como éste?”, se preguntó Bein; “ciertamente no seguiría expandiendo por el riesgo de inflación, sino que intentaría moderar”. El consultor aclara que no se trata de medidas recesivas, sino de moderación recurriendo a un “ancla fiscal”, es decir, que el gasto público crezca, pero siempre “un par de puntos por debajo de la evolución de la recaudación”. Adicionalmente esto ayudaría a mantener la cotización del dólar con recursos provenientes del superávit. En este contexto, los acuerdos de precios servirían para evitar que la inflación supere un 8 por ciento anual en 2006 y 2007.