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Los legisladores porteños resolvieron ayer discutir en la última sesión antes del recambio legislativo del próximo sábado si el juicio político a Aníbal Ibarra debe quedar en manos de los actuales miembros de la Sala Juzgadora o de los próximos. Esa sesión fue convocada para hoy, aunque el temario es tan amplio que se presume que a fuerza de sucesivos cuartos intermedios el debate se prolongará incluso hasta el viernes y, por lo tanto, aún no está definido en qué momento se tratará lo relativo al enjuiciamiento del jefe de Gobierno. Hay tres propuestas: el ibarrismo y sus aliados impulsan la prórroga de los mandatos de los juzgadores en funciones, mientras que la oposición –con más chances de imponer su criterio– se divide entre reemplazar sólo a aquellos que abandonan la Legislatura o sortear nuevamente a todos los integrantes de la Juzgadora.
A tres semanas de haber suspendido a Ibarra, la Legislatura avanzó poco y nada en su juicio político. Recién la semana pasada se designaron a los tres fiscales que formularán la acusación durante el proceso al jefe de gobierno, a quien aún no le fueron precisados formalmente los cargos por los que será enjuiciado.
Ibarra volvió a quejarse por la falta de notificación de las imputaciones que le hacen y reiteró que “corresponde” que sea juzgado por los actuales legisladores porque “ya empezaron el proceso”. “Parece que quieren cambiar de jueces para asegurase algún resultado porque el 10 viene una nueva Legislatura, con mayoría macrista y con un mismo criterio para mi destitución”, enfatizó el jefe de Gobierno, quien pretende mantener la presente Sala Juzgadora porque le sería más favorable.
La discusión sobre quiénes deben juzgar a Ibarra se dará en el recinto antes del próximo sábado. Así se acordó en una reunión conjunta de la Comisión de Asuntos Constitucionales y de la Junta de Etica y Reglamento, donde se expusieron las tres posiciones que se someterán a debate.
El ibarrismo acompañará el planteo del legislador de su aliado Partido de la Ciudad, Julio De Giovanni, de prorrogar los mandatos de los actuales juzgadores, aunque sabe que no tiene número suficiente para imponerla. Frente a esa situación, los fieles a Ibarra –se supone que el kirchnerismo también– votarán la del macrista Santiago De Estrada de sortear entre los treinta nuevos legisladores los reemplazantes de los ocho miembros de la Sala Juzgadora que dejan la Legislatura. Para respetar la proporcionalidad, el macrismo se quedaría con tres lugares, el kirchnerismo y el ARI con dos y el restante se dirimiría entre el socialismo y Autodeterminación y Libertad.
La otra alternativa es sortear los quince miembros de la Sala Juzgadora entre los sesenta legisladores que quedarán a partir del sábado. El problema es que quienes fueron acusadores podrían convertirse en juzgadores y aún si se excusaran, no hay ningún mecanismo previsto para reemplazarlos. Esa propuesta la hizo la izquierdista Susana Echegoyen, pero tendría el guiño del macrismo que así se aseguraría mayor presencia entre los acusadores que con el proyecto de De Estrada.
A la espera de una definición, el ibarrismo recibió con agrado un pronunciamiento del constitucionalista Daniel Sabsay a favor de la continuidad de los actuales juzgadores. Sabsay destacó que así “se mantiene incólume al debido proceso sin afectar a la garantía del juez natural” y advirtió que hasta hoy “el acusado se ve sometido a juzgamiento desconociendo las reglas a través de las cuales el proceso será encausado”
El jefe de Gobierno sumó también el apoyo político de sus pares integrantes de la Red de Mercociudades. “Quienes conocemos sus valores democráticos y su trayectoria a favor de la justicia social, aspiramos a que el proceso iniciado se desarrolle al margen de cualquier manejo político sectorial que pretenda influir sobre el mismo”, señalaron, entre otros, los intendentes de Asunción, Enrique Riera; de Montevideo, Ricardo Ehrlich; de Morón, Martín Sabbatella; de Rosario, Miguel Lifschitz, y de Santo André, Joao Avamileno.