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El juicio político es una instancia institucional excepcional que, como tal, debe usarse en casos excepcionales y fue creada como un instrumento para sanear problemas de carácter constitucional. Cuando se trata del juicio político a la máxima instancia de un Estado, electo por la mayoría de la población, las causales deben ser inequívocas y deben desprenderse de su responsabilidad directa y no de una responsabilidad diluida. Evidentemente, ninguno de estos requisitos se dan en el caso del juicio político a Aníbal Ibarra.
En primer lugar, los trágicos hechos ocurridos en Cromañón no están relacionados con la responsabilidad directa de la competencia del jefe de Gobierno. Este factor, básico y fundamental, fue desechado de cuajo por una Legislatura que muy tempranamente dio señales de arbitrariedad manifiesta a fin de lograr su principal objetivo: ¿llegar a la verdad, identificando a todos los responsables y generar las condiciones para que nunca más se repita un hecho semejante? No, destituir al jefe de Gobierno sólo por el rédito político que esto les significaría. Para lograrlo, se construyó una cadena de irregularidades que viciaría de nulidad cualquier proceso judicial.
La primera comisión en actuar, la Comisión Investigadora, fue absolutamente parcial, al punto de avalar con su silencio e inacción el ataque a legisladores que sostenían una postura crítica hacia el juicio político, finalmente expulsados de la comisión a base de insultos y agresiones.
Por su parte, la Comisión Acusadora procedió con el mismo desprecio por las normas: se negaron pruebas, se alteraron los testigos propuestos y se limitó el derecho de defensa. Pero no se detuvo allí: en el momento de resolver por votación si se procedía o no al juicio político del jefe de Gobierno, al ver que no reunían los votos requeridos para su propósito, los legisladores de la oposición no tuvieron empacho en boicotear la sesión, permitiendo, y hasta promoviendo, todo tipo de desmanes en el recinto.
Finalmente, cuando tres días después se votó, se lo hizo sin precisar los hechos, ni los cargos, ni el dictamen a considerar.
Llegado este punto, la ciudadanía tiene el derecho de exigir que este juicio se lleve a cabo respetando las normas constitucionales y con garantía del debido proceso. Sin embargo, algunos legisladores que integran la Sala Juzgadora ya han dado muestra de lo contrario, atacando a quien por mandato constitucional la preside, el Dr. Julio Maier, presidente del Tribunal Superior de Justicia.
Paralelamente, en una acción temeraria que no parece desligada del proceder de ciertos legisladores, varios familiares manipularon los procedimientos legales presentando ocho demandas consecutivas para impedir el funcionamiento de esta Sala Juzgadora, hasta que una de ellas llegó a su verdadero destino: el despacho de un juez que ya ha dado sobradas muestras de arbitrariedad e inconducta en su afán por atacar al Poder Ejecutivo. Se trata de una maniobra que en la jerga judicial recibe el nombre de “Forum Shopping” para expresar una conducta inescrupulosa y reñida con las normas, al punto de que le puede costar la matrícula al abogado que lo intente.
Este juez, que carece de toda atribución constitucional, mandó suspender la sesión de una sala que tiene categoría constitucional. Aunque resulte difícil de creer, eso no es lo más grave. Lo peor es que los legisladores aceptaron ese fallo incompetente, poniendo en juego una premisa esencial del sistema democrático como es la división de poderes.
Así se llegó a la realización de una sesión de la Sala Juzgadora sin presidente, para redactar un reglamento que no solo va a regir este juicio político. Además, un conjunto de legisladores que conformaron la Sala Acusadora pronunciándose a favor del juicio político pretenden ahora intervenir también en la definición de las reglas de la Sala Juzgadora, lo que los convertiría en jueces y partes al mismo tiempo.
Mientras tanto, siguen sin definirse los integrantes de la Sala. Constitucionalistas de reconocido prestigio como Daniel Sabsay entienden que, una vez constituida, la Sala debe continuar y terminar su labor, de otro modo se alteraría el orden institucional. Aquellos que sostienen que existe un vacío constitucional que obligaría a renovar mandatos no pueden resolver el problema también institucional que se deriva de la necesidad de que la composición de las salas refleje las representaciones políticas existentes al momento del hecho.
Demasiadas desprolijidades, demasiadas parcialidades, demasiadas irregularidades. Sabemos que los inescrupulosos que atropellan la ley y tuercen las normas en su propio beneficio apuestan a la desmoralización de los justos para salirse con la suya, en detrimento de los genuinos intereses de la ciudadanía. No permitamos que ello ocurra y reclamemos un proceso justo, con garantías y una Legislatura que abandone el rapiñaje político y se coloque definitivamente a la altura de las circunstancias.

* Secretario de Cultura del Gobierno porteño.