El Gobierno busca asestar un nuevo golpe a los formadores de precios de la carne. Los dardos siguen apuntando al Mercado de Hacienda de Liniers, pero esta vez llegan desde la Legislatura porteña. Allí, el kirchnerismo busca sancionar mañana una ley que le pone un plazo improrrogable al traslado del mercado de la ciudad. La fecha es el próximo junio. En realidad, ese mes ya está previsto como tope para la mudanza, pero con una prórroga posible de hasta un año. Esa eventual postergación es la que quieren eliminar los diputados K. Desde el macrismo se resisten a dar su aprobación por considerar que el apuro está ligado a los intereses del gobierno nacional y a la actual puja para bajar los precios. Los impulsores del proyecto no lo niegan: “Hay que aprovechar la coyuntura”, señalan.

El Mercado de Liniers concentra alrededor del 15 por ciento de las operaciones de todo el país, pero es el principal formador de precios. El Gobierno busca eliminar esa distorsión con un plan de información de precios que involucre a todas las regiones del país, pero al mismo tiempo tiene la esperanza de que la mudanza a San Vicente le reste parte del poder concentrador que ahora tiene.

La ley 1826, aprobada en octubre de 2005, establece que la prohibición del ingreso de ganado vacuno en pie a la ciudad entre en vigencia el 8 de junio de este año y autoriza a la Legislatura a estirar el plazo hasta un año más, “siempre que se comprueben fehacientemente acciones efectivas tendientes al traslado del mercado por parte de la empresa”. La norma creaba además una Comisión de Seguimiento del Traslado y de los Trabajadores.

Un proyecto de Ana María Suppa, del Frente para la Victoria, pretende acortar los tiempos. El objetivo de máxima era eliminar la prórroga para que el Mercado de Liniers se fuera dentro de dos meses y que las 32 hectáreas del predio volvieran a manos del gobierno porteño. “El mercado tenía un compromiso de abrir una calle interna y no cumplió, tampoco entregó cuatro hectáreas donde iba a construirse una escuela secundaria”, enumeró la legisladora ante Página/12.

En el bloque del ARI, en cambio, prefieren que el plazo extra no se elimine, sino que se limite a seis meses. Es que temen que la mudanza no se pueda cumplir y tengan que volver a prolongar la espera. Así se acordó una modificación al proyecto original del kirchnerismo, con el que vacas, bosta y camiones deberían dejar Mataderos el próximo 8 de diciembre.

El traspaso del predio de la Nación a la ciudad fue en 2002. Desde ese momento, sucesivos cambios en las normas posibilitaron que el Mercado se mantenga incólume. Las quejas de los vecinos también son añejas: cloacas tapadas con tripas, ruido de camiones –unos 300 por día– y las fachadas de las casas manchadas con orín de los animales, además de la bosta de 45 mil animales por semana que termina sin tratamiento en el Riachuelo. Según proyectan los legisladores, el lugar sería ocupado por una escuela, un polideportivo, zonas de esparcimiento y un polo turístico.

Los vacunos deberían reunirse en un nuevo predio en San Vicente, aunque eso parece lejano. “Los terrenos están y los caminos también, pero obras no hay”, explicó Suppa, que recorrió el lugar.

Tanto aristas como kirchneristas se muestran optimistas respecto de lograr consenso y aprobar la ley. Ambos bloques coinciden en la necesidad de “aprovechar la coyuntura”. Según Suppa, “la falta de cooperación del Mercado en la búsqueda de consensos para combatir la inflación determina la necesidad de cancelar la concesión”. Desde el macrismo la visión es otra. “No puede ser que en octubre pasado aprobamos una ley y ahora la querramos cambiar –reclamó Martín Borrelli, de Compromiso para el Cambio-. Parece que hay un apuro por cuestiones políticas.”

Informe: Lucas Livchits.