Miércoles, 22 de marzo de 2006 | Hoy
El ex banquero del menemismo fue citado a indagatoria por el juez Canicoba Corral como sospechoso de integrar una asociación ilícita destinada a lavar dinero y vaciar el Banco República.
Por Susana Viau
El juez federal Rodolfo Canicoba Corral citó a prestar declaración indagatoria a Raúl Juan Pedro Moneta, acusado, junto al resto del directorio del Banco República, de constituir una asociación ilícita destinada al lavado de dinero, la defraudación y el vaciamiento de la entidad. Canicoba Corral tomó la decisión luego de que la gerencia de Asuntos Jurídicos del Banco Central presentara un recurso de queja ante su falta de acción en una causa que se investiga desde hace siete años. Dos son los temas a los que el ex banquero deberá hacer frente: el ocultamiento del Federal Bank como parte del llamado Grupo Moneta y las maniobras que llevaron a la caída de los bancos Mendoza y República pocas horas después de haber recibido cuantiosos redescuentos, deuda que no ha sido saldada y el BCRA calcula en unos cuarenta millones de pesos. La audiencia de Moneta fue fijada para el 15 de mayo a las diez de la mañana. Esta es la primera vez que, a consecuencia de sus andanzas, debe concurrir a dar explicaciones ante los tribunales. Tardíamente, la suerte parece empezar a darle la razón al juez mendocino Luis Leiva, destituido por intentar desentrañar el modus operandi del financista emblemático del menemismo.
La serie de interrogatorios se iniciará el 10 abril con la presentación de Carlos Alejandro Molina; el 20 de ese mes deberá hacerlo Eduardo Antonio Lede, quien fuera alto ejecutivo del Citibank de México al momento de estallar el escándalo de corrupción y lavado de dinero que vinculó al poderoso banco con el ex presidente Raúl Salinas de Gortari y su hermano Carlos Salinas. El 2 de mayo será el turno de Juan Pablo Lucini, primo de Moneta e hijo de Benito Jaime Lucini, copropietario el Banco República, quien tendrá que concurrir a Comodoro Py el 10 de mayo.
En total, son 8 las cédulas que Canicoba Corral libró a los directivos del Banco República. También ordenó extraer testimonios y enviar a sorteo los aspectos referidos al rol que habría cumplido en esa presunta estructura delictiva Carlos Fedrigotti, ex presidente del Citibank de Argentina, trasladado con posterioridad a desempeñar tareas en un país asiático, es decir, lo más lejos posible.
El año judicial ha comenzado mal para el propietario de los caballos bailarines y actual hombre de medios: un fallo del fuero comercial entendió que debe pagarle a su ex empleado Jorge Macchi, desarrollista del Edificio República, la suma de 8 millones de pesos en concepto de honorarios. El fallo de la jueza Alejandra Tévez debería arrastrar consigo la causa que por supuesta extorsión iniciaron Moneta y su abogado y amigo Alberto Petracchi contra Macchi, cuando éste comenzó con sus reclamos. Esa causa ha tenido un derrotero curioso: Macchi fue sobreseído por la Cámara del Crimen en cuatro oportunidades y procesado otras tantas por el juez de instrucción Ismael Muratorio (renunciado para evitar la destitución, precisamente por una maniobra de forum shopping). Los letrados de Moneta no se dieron por vencidos y con la ayuda invalorable de la sala I de la Cámara de Casación, lograron que Macchi resultara por fin encartado. En esa oportunidad, avaló el procesamiento la Sala VII del tribunal de alzada con la firma de los camaristas Abel Bonorino Peró, José Manuel Piombo y Juan Esteban Cicciaro. Con una peculiaridad: en un incidente referido al mismo expediente, Bonorino Peró se habría excusado por amistad manifiesta con Alberto Petracchi.
Por otra parte, en una de sus últimas medidas como cuerpo de 19 miembros, el Consejo de la Magistratura desestimó el pedido de juicio político que habían presentado 70 diputados contra el camarista del crimen Alfredo Barbarosch, uno de los signatarios de la sentencia que apartó a Muratorio y Juan José Mahdjoubian de la denuncia presentada por Moneta contra el Grupo Hicks y sus ex socios de Cablevisión. Entre los fundamentos, los consejeros recordaron que Página/12 había demostrado que los legisladores que motorizaron el pedido de destitución no tenían la menor idea del asunto y ni siquiera conocían el nombre del funcionario judicial al que pretendían sancionar.
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