Por segunda vez, el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro anuló el juicio contra el poderoso empresario de Bariloche Juan Gilio, acusado de prostituir a una niña de 12 años, hija de su amante, y a la propia madre de la víctima. La primera vez había sido condenado y, la segunda, resultó absuelto. Gilio y Susana –tal es el nombre de pila de la madre– habían sido liberados de culpa y cargo en abril de 2005, luego de que el fiscal de Cámara Enrique Sánchez Gavier retirara la acusación por una supuesta falta de pruebas que ahora el STJ consideró que no era tal. El tribunal además ordenó que se realizara un nuevo juicio oral, frente a un tribunal diferente y con la acusación de otro fiscal. En abril pasado, las dos absoluciones desataron airadas protestas y reclamos en la ciudad del lago.

Lo más curioso del caso es la contradicción. El fiscal Sánchez Gavier es el mismo fiscal que durante el primer juicio, realizado en agosto de 2002, condenó a Gilio y a la madre de la nena a 9 y 10 años de prisión por el delito de promoción a la prostitución con el agravante del vínculo en el caso de la madre y de tratarse de una menor. En el momento de la denuncia, la chiquita tenía 12 años.

La sentencia, sin embargo, fue apelada y el Superior Tribunal de Justicia decidió anular el juicio por fallas procesales y ordenó un nuevo debate. El juicio se llevó a cabo en marzo y abril del año pasado ante los jueces Héctor Leguizamón Pondal, Ricardo Calcagno y Alejandro Ramos Mejía. La niña estuvo representada por el fiscal Sánchez Gavier. Representada es un eufemismo, ya que Gavier retiró su acusación luego de considerar que la niña había entrado en contradicciones con sus declaraciones anteriores, contradicciones que se le representaron en forma curiosa: “... ya no sabemos cuántas veces fueron (las penetraciones)... no cabe más que retirar la acusación”.

El retiro de la acusación y la absolución desató una ola de críticas y provocó tal conmoción en la sociedad de Bariloche que la propia procuradora general, Liliana Piccinini, ordenó al mismo Gavier apelar el resultado que él mismo había provocado. El STJ aceptó en aquel momento la presentación de la APDH como “amicus curiae”, que le permite a la ONG incorporar información al caso aunque no forme parte directa.

Ahora, el STJ aceptó el pedido de casación y ordenó anular el juicio absolutorio y realizar uno nuevo, con composición de jueces diferente y, obviamente, con otro fiscal. El fallo fue desarrollado en 45 folios y firmado por los jueces Alberto Italo Balladini y Luis A. Lutz, y Víctor Hugo Sodero Nievas por la abstención. Aunque en el fallo no lo mencione, los jueces son los mismos que votaron en la ocasión anterior la anulación del juicio que condenaba a Gilio y a Susana.