La nueva empresa de agua y cloacas no podrá privatizarse. El 90 por ciento de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa) en poder del Estado serán “intransferibles”. El Gobierno accedió a incorporar esa palabra en el decreto de necesidad y urgencia que dio origen a la compañía para facilitar su ratificación parlamentaria. La semana pasada, el bloque oficialista de la Cámara de Diputados tuvo dificultades para conseguir el dictamen favorable a la iniciativa. Por lo tanto, abrió una negociación y ayer acordó con el peronismo federal –ex duhaldistas– la fórmula para que esa bancada dé su apoyo. Para hoy, entonces, se espera la media sanción al proyecto.

El Gobierno buscó darle más solidez política a su decisión de estatizar el agua, enviando al Congreso el decreto que lo dispuso. Se encontró, sin embargo, con la resistencia de la oposición, que con distintos argumentos bloqueó la ratificación el último miércoles. Fueron tantos los reparos que el tema ni siguiera superó la instancia del despacho de comisión. El peronismo federal reclamó que la norma dijera expresamente que las acciones de la empresa son “intransferibles”. Esto es porque Aysa es una sociedad anónima y no una sociedad estatal. El ARI también argumentó que bajo esa figura legal es más fácil volver a privatizar la compañía.

La conducción del Frente para la Victoria aceptó ayer hacer una modificación al decreto para establecer que las acciones en manos del Estado son “intransferibles”. “El bloque federal necesitaba algún gesto para cambiar de postura, pero en realidad aprobarán el decreto por la presión de los intendentes del conurbano”, comentó a Página/12 un diputado oficialista.

Aysa reemplazó a Aguas Argentinas, pero todavía hay varios aspectos operativos que dificultan su funcionamiento. Todavía no está claro, por ejemplo, quién cobrará las facturas que había remitido la empresa expulsada. Son cuestiones que se resolverán a medida que se ordene la situación, pero para ello se requiere, de entrada, que el Congreso ratifique la creación de la empresa. Su área de servicios comprende a la Capital Federal y a 17 partidos del conurbano bonaerense. Los intendentes de la mayoría de esos distritos apoyaron firmemente su creación. Ese sector político es el que logró que el bloque federal respalde el decreto.

El presidente de esa bancada, José María Díaz Bancalari, insistió con que la condición es que se modifique la norma para “evitar que las acciones sean de libre disponibilidad”. “Nosotros queremos que el 90 por ciento de las acciones que pertenecen al Estado no puedan ser transferidas, pero esta medida sólo la puede tomar el Gobierno reformando el decreto de necesidad y urgencia 304”, apuntó el diputado.

Para la mañana de hoy está previsto un plenario de la Comisión de Obras y Servicios Públicos, con el fin de emitir el dictamen, que será sometido por la tarde a la sesión ordinaria del cuerpo. Allí se daría la media sanción, con el agregado de que las acciones no podrán venderse.

La oposición del ARI, del radicalismo y de PRO no alcanzará para frenar la ratificación del decreto. Los dos primeros bloques objetan que sea una sociedad anónima y no una sociedad estatal, tanto porque de esa manera habría menos controles sobre la empresa como por la posibilidad de la reprivatización, aunque esto último se salvará con la corrección al decreto. El radicalismo, además, cuestiona que la Nación gaste dinero para una compañía que presta servicios sólo en el área metropolitana. Propone que en el plazo de seis meses la empresa quede bajo la exclusiva administración de la provincia y la Ciudad de Buenos Aires.

El oficialismo sostiene que las acusaciones sobre la debilidad de los controles son infundadas. “Aysa tendrá un sistema de control doble. Por un lado, los que corresponden a cualquier sociedad anónima. Pero también los controles estatales como la Sigen y la Oficina Anticorrupción”, señalan desde ese bloque.