Pocas semanas atrás, una de las principales petroleras que operan en el país pagó a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) 240 millones de pesos por un “ajuste técnico” sobre su última liquidación tributaria. Esta corrección forzosa se enmarca en un reclamo de la AFIP a contribuyentes, en su mayoría grandes empresas, para que corrijan sus balances tributarios por un monto que en los primeros cinco meses del año sumó 2182 millones de pesos. No hay sector que escape a esta nómina: además de las hidrocarburíferas, hay financieras, constructoras, frigoríficos o privatizadas. Las personas físicas también están en la categoría de elusores y, según conjeturaron los técnicos de Alberto Abad, hasta apelan a una “planificación, seguramente efectuada por asesores especializados en la materia”.

Las faltas detectadas configuran básicamente una maniobra elusiva. No se trata de no tributar el impuesto, sino de distorsionar la base sobre la que se calcula para pagar menos. Cuando la AFIP posa la lupa sobre las liquidaciones, suele toparse con trampas recurrentes, como subfacturar ventas a empresas vinculadas del exterior para disminuir utilidades y tributar menos Ganancias. Pero también ciertos hallazgos son asombrosos, como la extraordinaria donación de 190 millones de dólares que un hombre de origen griego había realizado al empresario local Eduardo Eurnekian.

Entonces, la AFIP plantea al contribuyente sospechado un reclamo que puede derivarse al Tribunal Fiscal, cuando aquel objeta la pretensión oficial. O recala en la Justicia, si no hay un acuerdo en la instancia previa. Según dan fe los colaboradores de Abad, suelen “conformarse” (pagar en un amigable plan de cuotas) alrededor del 60 por ciento del importe reclamado por esos ajustes que, en conjunto, suelen orillar los 4500 millones de pesos por año. Muchas veces, la cancelación se hace para evitar que el pedido oficial castigue el balance de las empresas en falta con un pasivo contingente, que termina depreciándola. Otras, simplemente porque el elusor sabe que no tiene elementos para sostener su posición y, antes o después, terminará pagando.

De acuerdo con un reciente informe de la AFIP al que accedió Página/12, sobre 182 mil casos fiscalizados entre enero y mayo la Administración reclamó ajustes por 2182 millones de pesos. De ellos, 1770 millones corresponden a “inspecciones integrales”, por las cuales los inspectores auscultan los registros contables en detalle y pueden componer minuciosamente el mecanismo utilizado para tributar menos. La mitad de los ajustes impositivos (1118 millones) están reclamados a empresas que facturan más de 1 millón de pesos por año: un 34 por ciento son industrias y un 28 por ciento comercios. Pero los transgresores se reparten en todos los rubros, liderados por las petroleras, a las que a marzo pasado la AFIP ya había exigido ajustes por 598 millones de pesos sobre un total de 1993 millones pendientes de cobro en todo el universo de fiscalizados.

Según los técnicos, las petroleras presentan “diversidad de inconsistencias”, que van desde exportar productos con tratamiento de “exento” cuando en realidad son gravables, a la más frecuente de encubrir utilidades a través de operaciones con firmas vinculadas del exterior. Bien sea recibiendo falsos préstamos o exportándole a un precio que se denuncia como superior al real.

Estas están secundadas por las entidades financieras y compañías de seguros, que castigaron sus balances ignorando la utilidad derivada de los Boden que el Estado les entregó como compensación por la pesificación asimétrica. A las privatizadas –básicamente del sector “energía y comunicaciones”– se les imputa omitir actuar como agentes de retención o deducir de Ganancias conceptos que no son deducibles.

A los frigoríficos se les recrimina tanto la “reticencia para brindar información requerida” como la simple subfacturación de ventas. A las constructoras, la AFIP objeta amortizar exageradamente rápido los bienes de capital, recurso contable que permite menguar ganancias; y a laselaboradoras de bebida se les imputa entre otras cosas el uso de facturas apócrifas para justificar erogaciones que no existen.

También están en falta las personas físicas. Aquellas con “relevante capacidad económica”, según los técnicos, suelen apelar a sociedades radicadas en paraísos fiscales para engrosar su patrimonio: aquí se inscribe el ejemplo de suntuosas casas de Cariló que figuran como pertenecientes a firmas de Bahamas. Esos elusores individuales también suelen ingresar fondos del exterior bajo la pretendida forma de préstamos, donaciones o resultados de ventas accionarias no comprobables. O intentan eludir Bienes Personales con desprendimientos patrimoniales cuyo producido figura como fideicomisos en el exterior o contratos de renta vitalicia.