El empresario de modelos Pancho Dotto, el grupo operador del Acceso Norte, Highland Park Cooperativa de Servicios Públicos la transportista Expreso Echeverría, la aseguradora Garantía, Di Paolo Combustible, el Instituto Médico Mater Dei, Cerámicas Zanon, Falabella y el Club Universitario de Buenos Aires son algunos de los 58 mil contribuyentes deudores de Rentas bonaerenses en condiciones de sufrir un embargo administrativo en sus cuentas bancarias.

La extensa nómina difundida anoche por Internet incluye a contribuyentes de Ingresos Brutos contra los cuales Rentas ya inició la correspondiente demanda judicial. Empresa de Transporte Fournier, Transportes Nueve de Julio, Mario Cirigliano (Grupo Plaza), Eyelit y Petroquímica Sudamericana son otros de los tantos nombres destacados entre contribuyentes que en conjunto deberían algo así como 4000 millones de pesos, según oficiosas estimaciones de Ingresos Públicos. Los cuarenta más importantes tienen una mora individual que va desde casi 2 millones de pesos a los 8 millones de una autotransportista, los 10 millones de una compañía de combustibles o los 11 millones que adeuda una financiera.

Aun en el caso de concretarse esta embestida, esos morosos podrían acogerse a los planes de pagos especiales que Santiago Montoya ofreció bajo el singular título de Plan Primavera, en nada vinculado con el que a fines de los ’80 instrumentó el ex ministro de Economía radical Juan Sourrouille, pero al que el secretario de Ingresos Públicos apuesta con semejante fe. Tanta, que está planeando abrir las oficinas del organismo recaudador los sábados para poder atender a un imaginado alud de pagadores.

Según prevén el colaborador de Felipe Solá y su equipo, quienes visualicen el listado puesto en la web podrán próximamente ver un pop up que invitará a los morosos a acogerse a los planes de facilidades de pago, que Montoya insiste en no considerar una moratoria. Este atajo de cancelar las deudas con ciertas prerrogativas es válido aun en el caso de que se hubiere instrumentando el embargo financiero de las cuentas, que consiste en indisponerlas hasta el monto de la acreencia estatal y previo aviso a los tribunales. Aun así, Rentas no podrá cobrarse mientras no exista la expresa orden de juez.

Esta atribución, que a priori podría parecer una prerrogativa especial, en realidad es un recorte de atribuciones en relación con las expectativas originales de los recaudadores. De acuerdo con el remozado Código Fiscal provincial, Rentas podía embargar hasta dos meses antes de iniciar un juicio. Pero la cantidad de amparos adversos que se acumularon en la Corte local contra esa facultad hicieron desistir a Ingresos Públicos de sostenerla en términos tan amplios y promovieron un nuevo retoque.

La perspectiva de instrumentar el acotado embargo administrativo es igualmente muy relevante para los administradores bonaerenses, que llegaron a confeccionar distintos presupuestos para el año en curso en función de la perspectiva de poder o no concretar esta medida. Con este instrumento legal, los ingresos fiscales del año, originalmente calculados en 10 mil millones, se reproyectaron con 500 millones adicionales. Claro que la ambición de los recaudadores no se agota aquí.

En las oficinas de Montoya se hicieron varios cálculos, pero sobre la base de que de aquellos 4000 millones adeudados, las arcas bonaerenses recuperarán algo más de 1000 millones en el corto plazo. Un oxígeno vital para las comprometidas cuentas de la provincia.

El fundamento de la apuesta es que, en definitiva, la parálisis aunque sea parcial de una cuenta bancaria resulte mucho más disuasiva y útil a los fines del cobro que el embargo de un inmueble. La provincia todavía tiene un gusto amargo por el remate de un edificio de Canal 10 de Mar del Plata, que debía a Rentas alrededor de dos millones de pesos por tributos impagos. Después de fracasar el primer remate con base, la propiedad se vendió en el segundo intento por sólo 400 mil pesos, de los cuales a la provincia apenas le habría quedado menos del 10 por ciento.