Los demonios en Oaxaca siguen sueltos. Cada paso que se da en dirección a un acuerdo, se retroceden dos en enfrentamientos, como el ocurrido el miércoles ya tarde, cuando elementos de la policía estatal y sicarios dispararon contra una de las brigadas móviles de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca que se retiraba de las puertas de la Secretaría de Protección Ciudadana, luego de fracasar en su intento de toma simbólica de esta dependencia.

Tanto la APPO como el gobierno estatal movieron sus fichas ante la inminente llegada de la subcomisión senatorial que analizará las condiciones de gobernabilidad en el estado, con miras a certificar una eventual desaparición de poderes que le costaría el cargo al gobernador priísta Ulises Ruiz. El grupo de legisladores arribó apenas ayer en la mañana, pero la víspera, el gobierno estatal ordenó reabrir todas las oficinas públicas que no funcionan desde hace dos meses, en un intento por aparentar que trabajaba con normalidad. En respuesta, la APPO organizó una serie de brigadas móviles para retomar “simbólicamente” las principales dependencias y reforzó las barricadas y las pintadas. Al llegar al cuartel policial los manifestantes intentaron convencer a los policías de abandonar el lugar, pero no recibieron respuesta. Cuando se retiraban les dispararon durante 10 minutos con armas de diverso calibre; cuatro personas resultaron heridas, aunque no de gravedad.

Ayer, los tres senadores del PRI, PAN y PRD, integrantes de la subcomisión enviada a Oaxaca, se entrevistaron con los titulares de los poderes Legislativo y Judicial del estado, que insisten en que ellos trabajan normalmente, aunque en realidad el Congreso local se encuentra cerrado y los diputados del estado sesionan en casas particulares u hoteles, de forma itinerante, en tanto que todos los juzgados de la capital oaxaqueña se encuentran tomados por la APPO. Mientras, el tercer poder, el Ejecutivo, dejó de funcionar hace dos meses y las principales oficinas del gobierno del estado se encuentran cerradas. Algunas han rentado casas particulares desde donde despachan discretamente para evitar que también sean bloqueadas por los manifestantes.

Lo cierto es que la cabeza del gobernador Ulises Ruiz se encuentra cada vez más sobrevaluada, y aunque no es parte formal de las negociaciones, todos trafican con ella. El PRI sostiene que los poderes del Estado funcionan. Mientras el PAN se debate en contradicciones y el PRD insiste en la necesidad de resolver la crisis mediante un proceso político que designe a un gobernador interino y se convoque a nuevas elecciones. El presidente Vicente Fox se reunió con el presidente electo Felipe Calderón y con la dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la ex priísta Elba Esther Gordillo, pero el tema de Oaxaca fue minimizado por su vocero.

Las voces que insisten en una salida represiva no se han acallado. Héctor Larios, coordinador de los diputados federales del PAN –el partido de los presidentes salientes y entrante–, ayer pidió que ya se haga uso de la fuerza pública para reestablecer la gobernabilidad en Oaxaca.

Como para conjurar a los demonios, la Secretaría de Marina replegó ayer tres mil infantes que habían sido desplegados desde hace dos semanas en las costas y el interior del estado, como una muestra de que ellos no intervendrían en el conflicto para reprimir o para apoyar a la Policía Federal Preventiva, “a no ser que recibamos otras órdenes del comandante supremo de las fuerzas armadas, el presidente Vicente Fox”, según fuentes castrenses.