Apelando a su probado poder de persuasión, el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, convocó a las petroleras a realizar un importante aporte económico para construir una nueva refinería, cuyo esquema propietario y de funcionamiento aún no está definido, salvo el hecho de que se concretaría alguna forma de asociación con el Estado. Lo que el funcionario sí tiene calculado es cuánto le tocaría desembolsar a cada una de las empresas energéticas, a las que el Gobierno observa de cerca por varias cuestiones perturbadoras para el funcionamiento de la economía: la incesante caída de reservas de gas y petróleo y la escasez de gasoil, insumo crítico para el agro y el transporte. A priori, el convite resultó poco seductor para los empresarios que lo escucharon. Pero por ahora ninguno se animó a contrariar con un “no” al amedrentador funcionario, que controla a las productoras de aquel combustible bajo la amenaza de sancionarlas en el marco de la Ley de Abastecimiento.

La idea es aún germinal. Pero según las primeras estimaciones oficiales, la refinería costaría algo así como unos 2000 millones de pesos, en principio más de lo que presupuestaría el mismo emprendimiento cualquiera de los privados participados del proyecto. Según esbozó Moreno, el mecanismo para reunir y administrar el dinero podría ser el de un fondo fiduciario, fórmula que presuntamente sirve para evitar “desvíos” de los recursos a otros fines y a la que la actual administración es muy afecta.

Uno de las hipótesis para explicar la escasez de gasoil es que la capacidad de refinación está cerca de su tope, ya que está adaptada a las necesidades del año 1998, superadas por la creciente demanda. En parte por ello el Gobierno admite la importación libre de gravámenes, compra a la que las refinadoras están actualmente obligadas para cumplir con la pauta que les impone la flamante resolución número 25, fundada en la Ley de Abastecimiento: tienen que proveer al mercado en la misma cantidad que el año pasado, ajustada por el crecimiento de la economía (8 por ciento), so pena de ser amonestadas.

Pero desde la óptica empresaria, la clave no está en una nueva planta refinadora, que entraña una inversión importante. Según destaca una de las convidadas, varias de las principales actoras del mercado energético tienen planes para aumentar la capacidad de elaboración de combustibles, que en su mayoría se ejecutarían en los próximos dos años. Para otra, la clave está en la previsible falta de petróleo que aquejaría a la Argentina en corto plazo. Desde esta óptica, no tiene sentido ampliar la capacidad de refinación si en poco tiempo habrá que importar crudo. En tal caso, convendría directamente comprar el gasoil.

Pero es muy factible que estos reparos claudiquen ante la autoridad que impone eficazmente el custodio de los precios internos cada vez que llama a los empresarios a ajustarse a alguna pauta oficial. En particular cuando lo hace bajo amenaza de castigarlos apelando a la Ley de Abastecimiento o algún otro recurso legal que tuviere a mano.

Para una destacada firma del mercado, la propuesta recibida desde el aludido despacho de Economía no debe ser desechada en principio. “Estamos abiertos y atentos a estudiar cualquier proyecto que implique aumentar la producción de combustibles. Pero todavía es prematuro hablar de la idea que nos propuso el Gobierno, que no fue formalizada y todavía no tiene detalles”, fue la elíptica opinión de un destacado ejecutivo petrolero.

Finalmente, el mecanismo sugerido para la construcción de la nueva planta proyectada por Moreno no es totalmente novedoso. El secretario de Energía, Daniel Cameron, también está haciendo una colecta entre las empresas del área para completar los fondos que necesita para la construcción de las dos centrales de ciclo combinado que levantará Siemens, ganadora de una reciente licitación.

Esas usinas tendrán un esquema propietario bastante singular, ya que serán operadas por un conjunto de firmas dueñas de centrales eléctricas con las que el Estado asumió una deuda millonaria: como las tarifas eléctricas de la distribución están congeladas, los generadores no pudieron traducir a sus precios sus mayores costos, que sí son libres. Energía asumió esa brecha como una deuda propia, pero en lugar de pagarla decidió invertir en aquellas centrales que finalmente serán propiedad de los generadores (la norteamericana Aes y la española Endesa entre otras).

El problema es que ni siquiera el dinero que el Estado asumió como deuda alcanza para terminar las dos centrales proyectadas. Frente a esto, el ministerio de De Vido vio como una buena opción involucrar a las empresas energéticas para que desembolsen los que falta a modo de préstamo en condiciones que todavía no son precisas.

En todos los casos, el argumento oficial de fondo, implícito en las convocatorias a los empresarios del sector, es que hacen o hicieron negocios tan lucrativos que bien pueden animarse a un esfuerzo.