Aunque siguen procesados por “abandono de persona seguido de muerte”, quedaron en libertad hasta la realización del juicio oral los 15 guardiacárceles imputados por su presunta responsabilidad en la causa en la que se investiga la muerte de 33 internos en el incendio ocurrido en el penal de Magdalena, en octubre del año pasado. La Sala II de la Cámara de Apelaciones de La Plata hizo lugar al pedido de excarcelación de 14 guardias –uno ya estaba en libertad– y fuentes judiciales argumentaron que se tuvo en cuenta que “no puede atribuirse a (todos) los agentes penitenciarios todas las responsabilidades sobre lo ocurrido”. Esto hace suponer que algunos de los acusados pueden ser acusados por el monto máximo de la pena, que llega a los 15 años de prisión, mientras que otros podrían ser imputados por delitos de menor gravedad. En la causa actúan como querellantes los abogados del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que además de acumular pruebas contra los 15 procesados, intentan establecer la responsabilidad que les cupo a las autoridades del penal en los hechos que se investigan.

Rodrigo Borda, del CELS, le confirmó a Página/12 que están analizando el expediente para establecer “la actuación de los funcionarios que estaban al frente del penal y que tenían conocimiento de las condiciones en las que se encontraba el penal” de Magdalena, previo al incendio. “Ellos sabían que no contaba con un sistema antiincendios, que había 58 internos alojados en un pabellón colectivo. Cada uno de los presos contaba con un espacio de cuatro metros cuadrados, una cifra que está por debajo de la media internacional.” Borda sostuvo que las autoridades del penal “en ningún momento tuvieron en cuenta esas condiciones y por eso entendemos que pueden tener alguna responsabilidad penal”.

En su momento, el Ministerio de Justicia bonaerense hizo saber que en el sumario interno que se realiza, en forma paralela a la causa judicial, están imputados 41 guardiacárceles. En ese sumario, sobre el que está trabajando el CELS, se determinó en principio la existencia de “una serie de graves incumplimientos de funciones que, de manera concatenada, concluyeron en la tragedia”. Entre los investigados, según la información oficial, había 16 oficiales superiores y dos oficiales jefes. Los cargos iban desde “conductas negligentes, como la falta de mantenimiento de la red hídrica, hasta impericias o actitudes imprudentes, como dejar la puerta delantera cerrada en tanto intentaban sacar internos por la parte superior del pabellón”. Se estimaba, en marzo de este año, que unos 30 funcionarios acumulaban las conductas más graves.

El abogado Rodrigo Borda insistió en que “eran muy precarias las condiciones en que se encontraba el pabellón colectivo, previo al incendio. Esos lugares son llamados ‘pabellones de bajo costo’, por el propio Ministerio de Justicia. En el caso que nos ocupa, contaba con materiales prohibidos como el poliuretano. Uno de los peritos que estuvo trabajando en la causa nos dijo que, de mantenerse las actuales condiciones, lo que ocurrió en octubre del año pasado se puede repetir en cualquier momento”.

Borda coincidió en que, entre los 15 procesados, hay algunos que tuvieron “una mayor responsabilidad, como ser los que cerraron el pabellón con llave y se fueron sin que al parecer les importara lo que podía suceder”. Además de los 15 procesados y de los jefes que podrían ser imputados por los abogados querellantes, la fiscal María Laura D’Gregorio acusó a otros tres penitenciarios por el delito de “homicidio culposo”. La libertad de 14 de los 15 imputados por la Justicia se logró porque la Cámara de Apelaciones platense hizo lugar al hábeas corpus presentado por los defensores de los procesados.

Las fuentes judiciales consultadas ayer dijeron que los miembros de la Sala II de la Cámara interpretaron que “la decisión de hacer lugar a la excarcelación no pone en riesgo el normal desarrollo de la causa judicial”. La libertad fue dispuesta justo el día del vencimiento del plazo que tenía la Justicia para resolver si levantaba o no la prisión preventiva que pesaba sobre los penitenciarios. Las detenciones habían sido decididas el 5 de octubre pasado por el juez de Garantías Guillermo Atencio, que hizo lugar al pedido de los fiscales D’Gregorio y Sergio Delucis. Los guardiacárceles están acusados de no haber ayudado a salir a los 33 internos que murieron por asfixia, durante el incendio provocado por una protesta de los detenidos con quema de colchones.