El Ministerio de Trabajo informó ayer que el 44 por ciento de los trabajadores empleados en compañías de distribución de alimentos y bebidas se encuentran en “situación laboral irregular”. Esta modalidad de fiscalización, que es relativamente nueva porque anteriormente estaba orientada solamente a la inspección de comercios, se realizó ayer sobre la avenida Rivadavia, entre Pichincha y Matheu, en esta Capital, con la participación de cuatro fiscalizadores, dos funcionarios y el auxilio de efectivos de la Policía Federal.

El subsecretario de Fiscalización del Trabajo y de Seguridad Social del Ministerio, Julio Casavelos, dijo que “éstos son operativos de rutina para controlar si los trabajadores están debidamente registrados. Hace 15 días que estamos realizando esta modalidad de fiscalización”. El funcionario aseguró que, según surge de las inspecciones que se vienen realizando, el 44 por ciento de los trabajadores que realiza este tipo de tareas está en “situación irregular”, porque “no tienen la clave de alta temprana y no están declarados ante la AFIP, ni en ningún organismo de seguridad social”. La inspección abarcó a los conductores de camiones distribuidores de gaseosas, soda, vinos, lácteos y alimentos en general.

El procedimiento que llevan adelante los inspectores consiste en identificar al trabajador y al vehículo que conduce y luego verificar quién es el dueño del transporte y quién es el empleador. “Después controlamos en el sistema informático del Ministerio si el trabajador está declarado”, explicó Casavelos.

Al consultarlo sobre qué porcentaje de trabajadores es finalmente regularizado después de este tipo de operativos, Casavelos reconoció que termina siendo registrado formalmente “menos de la mitad” de los inspeccionados. En tanto, el director de Inspección Federal del Ministerio de Trabajo, Guido González Bellini, aclaró que “estos operativos se hacen permanentemente en rubros como la construcción, los restaurantes y los festivales musicales”. “Tenemos 50 inspectores abocados al Plan Nacional de Regularización del Trabajo, que hace tres años viene llevando a cabo el ministerio”, detalló.

Una vez que se chequean los formularios de declaración jurada del trabajador, si se detecta que éste no está registrado se cita a la empresa. La multa es mínima en caso de que se registre al trabajador antes de la cita. Cuando se le consultó si los trabajadores mienten en cuanto a su estado laboral, González Bellini afirmó que “algunos dicen que tienen recibo y otros no. El tema es que si no están registrados no van a poder acceder a la jubilación, no tienen obra social ni asignaciones familiares y en caso de que se los despida no van a tener indemnización”, explicó.