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Cuando la prolongada recesión hacía estragos y la convertibilidad ya era insostenible, un grupo de economistas de reconocida trayectoria y origen político diverso se involucró en presentar ideas alternativas para salir de la profunda crisis económica. El ámbito institucional fue la Facultad de Ciencias Económicas y la propuesta la denominaron Plan Fénix. Pocos de esos especialistas hoy son funcionarios en áreas técnicas, muchos están entusiasmados con el actual proceso político-económico y otros menos mantienen un apoyo crítico. Todos piensan que existe una oportunidad histórica para dejar atrás décadas de decadencia. Están enrolados en el campo de la heterodoxia, lejos de economistas-consultores reunidos en fundaciones subordinadas al interés de empresas patrocinantes. Pese a que ya ha sido superada la debacle que provocó el 1 a 1 en un sendero de crecimiento a tasas chinas, el debate económico ha quedado atrapado en las alarmas desorientadas de la ortodoxia. En ese contexto, esos investigadores corrían el riesgo de que, por querer defender al Gobierno, convencidos y con honestidad intelectual, no expresaran su disconformidad por la demora en encarar asignaturas pendientes. O las justificaran en devaneos tácticos sobre la oportunidad de criticar teniendo en cuenta el crispado momento político. El debate debía escapar de la trampa que invitaba a “no hay que hacerle el juego a la ortodoxia” y discutir, ya no cuál fue la herencia de la convertibilidad y cómo fue el rebote de la crisis, sino las características del actual patrón de crecimiento y la calidad del desarrollo. El Plan Fénix asumió ese desafío al presentar esta semana, en la Universidad Nacional del Litoral, una versión actualizada de sus propuestas, esquivando el corto plazo y planteando un proyecto de desarrollo de país, que es mucho más que un modelo del dólar alto y acumulación de reservas.

Un rasgo distintivo de la segunda versión –denominada Proyecto Estratégico Plan Fénix 2006-2010– es la exposición de un ejercicio de simulación y consistencia macroeconómica que se extiende desde este año hasta el del Segundo Centenario de la Revolución de Mayo. “Esa fecha parece suficientemente cercana y oportuna para proponer objetivos y metas precisas que permitan llegar a ella en nuevas condiciones sociales y económicas”, afirman, para aclarar luego en pos de evitar una incómoda asociación con los economistas de la city que “este ejercicio ensaya un escenario que se presume posible, de concretarse las políticas propuestas. Su despliegue temporal se orienta a términos indicativos, por lo que las metas no deben ser consideradas predicciones”. E insisten con que “apuntan a delinear el perfil de un país posible para el mediano plazo y brindar evidencias acerca de la consistencia de las políticas del plan”. En concreto, lo que sugieren es que se necesita un conjunto coherente de políticas públicas, estructurado y presentado a la sociedad en un Programa Nacional de Desarrollo.

En síntesis –el documento son más de 100 páginas y poco más de la mitad son anexos estadísticos base para el ejercicio de simulación–, los objetivos para el 2010 son los siguientes:

- El Producto Interno Bruto “podría situarse” en el orden de 820.000 millones de pesos (a precios de 2006), lo que implica una tasa de crecimiento del 7 por ciento anual en promedio.

- Como resultado de ese crecimiento “y del conjunto de acciones que se proponen”, la tasa de desempleo abierto se reduciría a niveles próximos a los friccionales (alrededor del 5 por ciento).

- A la vez, la población con ingresos por debajo de la línea de pobreza bajaría a 16 por ciento del total.

- Desaparecería la indigencia al asegurar un ingreso superior a esa línea para todos los habitantes del país.

- Respecto del salario real, la estrategia principal sería sobre el sector no formal y el sector público debido a que ambos acumulan aún un importante retraso.

- Se plantea que el empleo registrado constituya alrededor del 80 por ciento del total, lo que implica bajar a la mitad el actual nivel del trabajo en negro.

“No pretendemos que este plan sea la única propuesta válida; por el contrario, nos orientamos a la apertura del debate sobre la viabilidad de cada uno de sus aspectos”, aclaran. Pero advierten: “En lo que no transamos es en el retorno a recetas que nos han llevado al atraso y a la frustración. Nos ubicamos en el campo popular, bajo los preceptos de la profundización de la democracia, la distribución de la riqueza y la defensa de nuestra soberanía”. Los economistas del Fénix han asumido así la saludable tarea de avanzar en el análisis y en la exposición de controversias sobre qué tipo de crecimiento se está dando, el país en el marco de un esquema que no genera derrames significativos de los sustanciales niveles de productividad y ganancias.

En el documento que acaba de dar a luz apuntan que “la economía ingresa en una nueva trayectoria de crecimiento, cuyo perfil se encuentra aún en vías de definición” y “esperamos que su consolidación abra una nueva etapa, en la que el país real se acercará al país posible y que el proceso de acumulación económica responda esta vez a una matriz distributiva caracterizada por la justicia social”. Los economistas del Plan Fénix se meten en el barro de una de las principales controversias de la agenda política referida a la calidad de las instituciones, obsesión de la derecha y de progresistas bienintencionados. Y son terminantes: “El análisis comparado internacional revela que una condición fundamental de la fortaleza de las instituciones es la cohesión social; ésta tiende a fracturarse cuando la sociedad distribuye de manera poco equitativa la riqueza disponible y, sobre todo, su incremento”. Para concluir que “las sociedades institucionalmente sólidas, con sistemas políticos capaces de procesar conflictos, son en esencia sociedades cohesionadas. Esos contextos promueven la aparición de liderazgos capaces, con vocación de acumular poder en el propio espacio y abrir oportunidades para el conjunto de la sociedad, a la inversa de lo que ocurre en los casos en que predominan los comisionistas de intereses trasnacionales”.

El Plan Fénix vincula temáticas que no suelen relacionarse en forma explícita. Por caso, la educación y las políticas que sostienen la competitividad de la economía. Incluyen propuestas en el área social, además de las del campo económico, y también para la política externa, integración regional y comercio, medio ambiente, ciencia y tecnología y políticas culturales, entre otros. Por ejemplo, en el servicio de infraestructura le asignan un rol irremplazable al Estado como planificador. En términos globales, estiman un requerimiento de inversión pública anual en esa área del orden de los 20 mil millones de pesos, a valores corrientes, para el período 2006-2010.

Muchas y variadas son las iniciativas presentadas. Entre las más importantes se destacan las siguientes:

- En el campo laboral, reducir el período de prueba, terminar progresivamente con los contratos precarios, controlar las empresas de trabajos temporario, reformar normas referidas a duración y condiciones de la jornada de trabajo, con el objetivo de reducir su extensión máxima legal.

- En políticas de sostenimiento de ingresos, asignar una suma de dinero mensual en cabeza de la madre equivalente al costo de la canasta de bienes y servicios requerida para la subsistencia de los niños. Este beneficio debería tener el carácter de universal en el mediano plazo, que supone una redefinición del régimen de asignaciones familiares.

- Se propone una reformulación integral del sistema previsional, con un beneficio universal para toda persona en edad jubilatoria, sin requisitos contributivos previos, y el desplazamiento del régimen de AFJP al segmento voluntario.

- En el área educativa se detallan una serie de premisas básicas bajo el concepto de considerar la educación un derecho social a lo largo de toda la vida. Para el desarrollo de las propuestas consideran que la inversión en educación del 6 por ciento del PIB debe ser tomada como un piso y no incluir en ese monto los presupuestos de educación superior e investigación y desarrollo.

- En política macroeconómica, evalúan que se requiere una tasa de inversión más elevada que la actual para sostener un crecimiento elevado y, para evitar eventuales estrangulamientos externos, sugieren negociar con las grandes empresas el desarrollo de redes de proveedores locales.

- También proponen denunciar o renegociar en mejores términos los tratados de protección de inversiones firmados sin límites durante la década del ’90.

- Reforzar el control de capitales especulativos.

- Mantener como objetivo estratégico el tipo de cambio real en niveles cercanos a los actuales por “la estrecha vinculación entre competitividad, nivel de empleo y de salarios”. Aunque señalan que un tipo de cambio competitivo “es una condición necesaria pero no suficiente para obtener crecimiento”.

- Intentar revertir la tendencia pasada hacia la “primarización” de la economía. Para ello, recomiendan persistir en la actual política de tipo de cambio diferenciado (con retenciones) como elemento central de política industrial.

- Afirman que la acumulación de reservas es el mejor seguro prudencial frente a potenciales shocks exógenos.

- Recomiendan incorporar en la carta orgánica del Banco Central un agregado al artículo 3º, que complemente el actual objetivo de la política monetaria de preservar el valor de la moneda, con un nuevo objetivo adicional de propender al crecimiento económico y la inclusión social.

- Señalan que se deberá fortalecer la imposición sobre las rentas personales y los patrimonios (reimplantar el impuesto “a la herencia”) y atenuarse la carga sobre los consumos de carácter masivo (bajar el IVA). Y eliminar las exenciones de las actividades financieras.

Otras muchas medidas están incluidas en el proyecto. Se trata, en concreto, de un plan integral que la academia de la Facultad de Ciencias Económicas ofrece a la sociedad, definiendo que “un plan estratégico, basado sobre la necesidad de avanzar hacia la sociedad del conocimiento, es una auténtica cuestión de Estado”. Pero, al final del documento, el grupo de economistas del Plan Fénix expone dos inquietudes: “¿Está lista la clase dirigente argentina para asumir sus obligaciones y encarar un programa de las características señaladas?” y “¿o un sector de la sociedad, que sólo parece preocuparse por sus intereses individuales y de grupo, continuará comportándose como clase dominante y renuncia expresamente a ocuparse de los diseños estratégicos de contenido nacional?”.

Las respuestas tienen final abierto.