Con el firme respaldo del Gobierno y las críticas formuladas por las compañías aéreas, el defensor del Pueblo de la Nación y sectores de la oposición, ayer se llevó a cabo la audiencia pública en la que se debatió el nuevo contrato de concesión de Aeropuertos Argentina 2000, el consorcio que administra 33 estaciones aéreas en el país.

Para las empresas de aviación y algunos diputados de la oposición, como la arista María América González, existen fundamentos de peso para que el Gobierno rescinda el contrato con el grupo liderado por el empresario Eduardo Eurnekian. El Ejecutivo, en cambio, promueve la vigencia de la concesión de AA2000 hasta el año 2028.

El contrato de concesión de los aeropuertos fue uno de los más conflictivos de los últimos años. La empresa dejó de pagar el canon anual de 171 millones de dólares y hubo una pelea judicial por la dolarización de las tasas aeroportuarias. El nuevo acuerdo promueve un canon variable, en función de los ingresos de la compañía. A su vez, AA2000 está obligada a depositar mensualmente 15 por ciento de sus ingresos en un fideicomiso administrado por el Estado para financiar obras en los aeropuertos concesionados y también en los que no lo están.

Otro capítulo importante del nuevo acuerdo refiere al reconocimiento, por parte de la empresa, de una deuda con el Estado por 850 millones de pesos por el canon impago. Ese pasivo se saldará con la incorporación del Estado como socio en AA200, con hasta un 20 por ciento del capital. Otro punto obliga al concesionario a concretar inversiones por 2100 millones de pesos en los 22 años que le quedan de concesión. Las inversiones hasta 2010 deberán ascender a por lo menos 978 millones de pesos.

La Defensoría del Pueblo de la Nación rechazó el nuevo vínculo. Reclama que el acuerdo se rubrique en el marco de una nueva ley que regule todo el sistema aeroportuario, en la cual se atienda las principales quejas de los usuarios: reprogramaciones de vuelos, falta de materiales y atención deficiente.

El Gobierno defendió el contrato. Ana María Zabala, de la Uniren, consideró “razonables los términos de la Carta de Intención”. El órgano regulador (Orsna) admitió que si bien el anterior contrato se incumplió, en éste habrá una actuación clave del Estado para asignar las obras. En tanto, las líneas aéreas en su conjunto pidieron directamente la rescisión del contrato con Eurnekian. Básicamente, se quejaron de las tarifas que AA 2000 les cobra para operar y por los “severos” incumplimientos que acumuló esa empresa desde que se hizo cargo de la concesión.