Mientras sigue la polémica por los eventuales lingotes de oro que el ex dictador chileno Augusto Pinochet mantendría en un banco de Hong Kong, el magistrado Alejandro Solís reabrió el flanco más repudiable en el historial del retirado militar: la violación a los derechos humanos. Ayer, el ex gobernante de facto fue procesado como autor de numerosos delitos contra víctimas al interior de Villa Grimaldi, uno de los centros de detención clandestinos de la siniestra Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), entidad que persiguió crudamente a los opositores del régimen militar, liderada, en ese tiempo, por Marcelo Moren Brito.

La resolución estableció que Pinochet fue acusado por su responsabilidad en 36 secuestros, un homicidio y 23 torturas cometidas en el mencionado recinto. Solís adoptó la resolución luego de rechazar la solicitud de sobreseimiento definitivo que había presentado la defensa del ex general y que basó sus argumentos en que éste no se encuentra en condiciones de salud para enfrentar un debido proceso. La estrategia de los abogados del ex militar –que gobernó Chile entre septiembre de 1973 y marzo de 1990– se vino al suelo cuando el magistrado sostuvo que ese requerimiento es válido sólo cuando el inculpado es diagnosticado como un enajenado mental, situación que en este caso no corresponde a la del nonagenario militar.

Según revelaron los últimos exámenes médicos realizados a Pinochet y, más importante aún, a juicio del propio Solís que lo interrogó el pasado jueves, el ex dictador estaría en condiciones de salud y mentales para enfrentar un proceso judicial. Además, el ministro contó con las pericias psiquiátricas y psicológicas que se le hicieron a Pinochet en otras causas como la llamada Operación Colombo (ver recuadro).

El procesamiento acontece luego de que tanto la Corte de Apelaciones como la Corte Suprema lo desaforaran por los delitos por los cuales fue imputado. Así las cosas, Pinochet será notificado de la resolución a primera hora del lunes siguiente, quedando detenido en su domicilio de La Dehesa, uno de los sectores más exclusivos de esta capital. Con la espalda política debilitada, dada la estampida que ahora la imagen de Pinochet provoca en gran parte de la derecha chilena, se espera que su defensa apele y acuda al viejo argumento de la incapacidad mental y física para no ser juzgado.

Otra de las aristas del caso Pinochet son los supuestos depósitos de oro. Ante los nuevos antecedentes que señalan que no existirían las nueve toneladas de ese metal a su nombre en un banco de Hong Kong, el ministro suplente del caso Riggs (un banco norteamericano donde sí le encontraron cuentas secretas), Juan González, dijo que junto con las diligencias que ya puso en marcha (exhortos a Hong Kong y Alemania), las acciones apuntarán a verificar una eventual falsificación de los documentos que denunció la entidad financiera asiática.

El juez agregó que además existe una orden amplia de investigación a la policía civil para revelar el origen de los supuestos fondos y probables viajes de Pinochet a la ex colonia británica. Aclaró que frente a la declaración del jueves por la tarde del banco HSBC –sostuvo en un comunicado que los documentos de los doce supuestos depósitos son falsos–, ,esa información deberá ser verificada judicialmente. En tanto, ayer el ministro de Relaciones Exteriores chileno, Alejandro Foxley, afirmó que nunca hubo intención de dañar la honra de ninguna persona y que la Cancillería sólo reaccionó como correspondía en estos casos. “En todo este episodio, desde el punto de vista del gobierno, incluyendo a este ministerio, no ha habido ni habrá ningún intento de afectar la honra de nadie ni tampoco de la familia de la persona que ha sido aludida en esta acusación”, dijo el ministro, que agregó que su cartera jamás prejuzgó la veracidad o falsedad de las acusaciones contra el ex gobernante y sólo se limitó a entregarle los antecedentes a la Justicia.

El miércoles, Chile amaneció conmocionado al enterarse de la existencia de documentos que indicaban que el ex dictador mantenía nueve mil kilos de oro en un banco asiático. Sin embargo, con el correr de las horas, emergió el comunicado del banco, lo que junto con informaciones del propio CDE puso en jaque la veracidad de los datos preliminares que, no obstante, se siguen investigando. Con todo, el abogado defensor de Pinochet, Pablo Rodríguez, sostuvo que el ministro de Relaciones Exteriores, Alejandro Foxley, tiene responsabilidad política en la difusión de los documentos.