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“¿Qué estrategia adoptarán? ¿Qué piensan hacer?”. Del otro lado de la línea, el inglés John Thornton interpeló a los funcionarios de Economía y del Banco Central. El jefe de la misión del FMI que negocia con la Argentina quería saber cómo hará el Gobierno para frenar la salida de depósitos por la vía de los amparos judiciales. En la primera semana de este mes, el rescate por amparos alcanzó a 618 millones de pesos. Y en el Banco Central estiman que podría cerrar julio en torno de los 2000 millones. “Este es un problema político que se resuelve en la primera línea de decisiones”, respondieron los funcionarios.
La videoconferencia con Thornton se realizó en el Palacio de Hacienda. Concurrieron el secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, su segundo, Leonardo Madcur, el asesor de la secretaría Gabriel Rubinstein y el economista jefe del Banco Central, Alejandro Henke. El contacto con el hombre del Fondo sirvió para dar repaso a la marcha del programa monetario elaborado por el Banco Central. Según señalaron a este diario fuentes que participaron de la comunicación, Thornton aprovechó la ocasión para insistir en lo que ya se constituyó como un clásico en los reclamos del FMI: la cuestión de los amparos.
Desde que se implementó el corralito, los amparos permitieron la salida de 4604,3 millones de pesos a través de 54.485 casos presentados. Ni en Economía ni en el Banco Central saben con precisión la cantidad de presentaciones judiciales que aguardan sentencia, ni qué montos están en juego. Pero asumen que, luego de una desaceleración de la fuga tras la sanción de la Ley Antigoteo, la salida se acrecentó. De hecho, en las últimas cinco semanas de los bancos salieron 1626 millones de pesos, el 35 por ciento de lo que se fue en los cinco meses previos. El valor promedio de los amparos asciende a 84.507 pesos.
El FMI presiona para que el Gobierno ponga fin a este goteo. Desde el Gobierno se iniciaron contactos de primer nivel con los ministros de la Corte Suprema para que el máximo tribunal avale el corralito y, así, ponga cierto freno a la fuga de capitales. Ese es el “acuerdo político” al que hacen referencia los funcionarios.
Por otra vía, en el Gobierno están trabajando en diferentes opciones para poner en marcha en caso de que fracase el Plan Bonos que finaliza el próximo martes. Tal como reveló Página/12 en su edición de ayer, entre las variantes figura la re-reprogramación de los ex plazos fijos atrapados en el “corralón” que suman unos 29.000 millones de pesos, de manera tal de posponer los vencimientos. También, la posibilidad de que los ahorristas obtengan acciones de los bancos en caso de que estos no devuelvan los depósitos. Anoche, el secretario de Finanzas desmintió esta información. Es lógico que lo haga. No podría admitir la existencia de estas evaluaciones pocos días antes de que se extinga el período para elegir los Boden, y en medio del desinterés de los ahorristas.