El Gobierno y las entidades del campo se reunieron ayer por segundo día consecutivo para intentar destrabar el conflicto surgido luego de las nuevas medidas tendientes a controlar los precios de la carne, el maíz y el trigo. Inicialmente, el secretario de Agricultura, Miguel Campos, había convocado a los dirigentes rurales a participar de la Comisión de Seguimiento del Mercado de Ganados en el Ministerio de Economía y les recomendó fijar una postura común frente a los frigoríficos para evitar un posible cierre del mercado externo. Sin embargo, ayer por la mañana el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, les informó que esa mesa se había cancelado y que los recibiría por separado en su oficina de la Secretaría de Industria. En Economía informaron que nunca se pensó en invitar a los frigoríficos y que se prefirió la convocatoria escalonada para evitar que las entidades se enfrenten entre ellas. Los ruralistas aseguran, en cambio, que la modificación se debió a las internas del Gobierno y al deseo de no enfrentar a todas las entidades juntas.

El cronograma de reuniones comenzó con Federación Agraria, siguió con Coninagro, el Frente Agropecuario Nacional, la Sociedad Rural y, por último, los dirigentes de Confederaciones Rurales Argentinas. Junto a Moreno estuvieron Campos y el subsecretario de Agricultura, Javier De Urquiza. En todas las reuniones se debatió sobre los precios y los mecanismos de comercialización, confirmando algunos anuncios adelantados por Campos el lunes.

En el caso de la carne, se aseguró que el peso mínimo de faena bajará de 280 a 260 kilos por 90 días para garantizar el abastecimiento del mercado interno y además se prometió diferir un porcentaje del pago del impuesto a las ganancias para destinar esos recursos al incremento de la oferta de ganado. La baja del peso mínimo de faena es para compensar el menor ingreso de cabezas provenientes de los feedlots, debido al aumento del precio del maíz que se utiliza para alimentar a los animales.

En cuanto al trigo, se confirmó que los exportadores se comprometieron a pagar 140 dólares por tonelada a los productores en lugar de los 120 dólares que se venían ofreciendo hasta ahora y que habían llevado a la paralización del mercado. Dos tercios de lo que compren lo comerciarán en el mercado externo al precio internacional, cercano a los 180 dólares, y el tercio restante lo venderán a “pérdida” a los molineros por 120 dólares para “ayudar” a contener los precios internos. Fuentes del sector aseguraron a Página/12 que el Gobierno cerró ese acuerdo con Raúl Padilla de Bunge Born y agregaron que de ese modo quedó en evidencia que los 120 dólares que se venían ofreciendo en las bolsas de comercio desde mediados de octubre no eran producto de la oferta y la demanda sino de un pacto previo sellado con el mismo actor para evitar una suba de precios interna.

Las entidades aseguran que las medidas son un avance para intentar resolver la situación, pero afirman que desconfían de su implementación y que mantendrán el cronograma de reuniones con sus bases para decidir posibles medidas de fuerza.