Se lanzó una campaña para que se declare la Emergencia Vial en todo el territorio de la Nación. La iniciativa es impulsada por el defensor del Pueblo de la Nación y varias ONG, porque “llegamos a un punto crítico: la sociedad ya no puede soportar tantas muertes, y cada año son más”. La emergencia, que se establecería por dos años, implicaría la creación de una Autoridad Nacional de Seguridad Vial, de la cual pasaría a depender el Registro Nacional de Antecedentes del Tránsito, que así podría ponerse “en ejecución plena”; la Autoridad procuraría “la unificación de los criterios para la licencia de conducir en todo el territorio”; bajo su supervisión, todos los organismos vinculados con la seguridad vial deberían “obtener el cumplimiento estricto de la normativa vigente” y “formular, en 30 días, un listado de las zonas de alto riesgo”. La Defensoría y las ONG proyectan poner en juego el mecanismo constitucional de iniciativa popular: se proponen juntar 500.000 firmas en distintas provincias, lo cual obligará al Congreso a tratar el tema el año próximo.

“Se carece de políticas públicas que garanticen la seguridad vial y, como resultado, se registran 20 muertes por día en siniestros viales en la Argentina”, denunció Eduardo Mondino, defensor del Pueblo de la Nación, al presentar, junto con distintas ONG dedicadas al tema, el proyecto de Iniciativa popular para que se declare la emergencia vial, “por el término de dos años, con el objeto de garantizar la integridad de las personas que transitan por la vía pública”.

Según la iniciativa, “créase en el ámbito del Poder Ejecutivo la Autoridad Nacional de Seguridad Vial”, entre cuyas atribuciones está “poner en ejecución plena el Registro Nacional de Antecedentes del Tránsito (ReNaT), que pasa a depender de ella”. Esto también facilitaría una metodología unificada para establecer la cantidad de siniestros que se producen anualmente. La iniciativa pide también que el Ministerio de Educación de la Nación elabore un “Plan Nacional de Educación Vial, que será incorporado a la educación formal curricular obligatoria en el período lectivo inmediato posterior”. La propia Autoridad Nacional diseñará un Programa Nacional de Información y Difusión sobre la Prevención de Siniestros Viales, para toda la población.

La iniciativa requiere que todas las municipalidades y organismos que otorgan licencias de conducir queden sujetos a certificación e inspecciones periódicas por la Autoridad Nacional. También establece, para los conductores que obtengan su licencia por primera vez, un “período de prueba por el plazo de dos años”, transcurrido el cual “la autoridad competente revisará el otorgamiento para su ratificación o inhabilitación”. Requiere asimismo “la participación de las empresas concesionarias de la red vial nacional”, que deberían “facilitar el uso de las estaciones de peaje por las autoridades competentes para diversos tipos de control vehicular”.

Los participantes, de acuerdo con actuales criterios internacionales, eligieron utilizar el término “siniestro” (o el coloquial “choque”) en lugar de “accidente”. Silvia Irigaray, integrante de Madres del Dolor –que, como otras entidades que incluyen a familiares de víctimas, suscribe la iniciativa– apuntó que “no cabe hablar de accidentes: no se trata de hechos accidentales, ya que responden a causas evitables”.

En la presentación se deploró la orfandad del tema de la seguridad vial en la agenda de las autoridades y aun de la sociedad. Marcelo Aiello, del Centro de Experimentación en Seguridad Vial (Cesvi), destacó que “la Ley de Tránsito no se cumple por falta de voluntad política”. Fernando Cano, de la Asociación de Ayuda al Accidentado, observó que “según nuestras encuestas, mucha gente no llega a considerar el tema como propio. La seguridad vial debe inscribirse entre los derechos humanos, y en la Argentina, donde tanto se habla de ‘inseguridad’, las muertes violentas en el tránsito cuadruplican las que se producen por cualquier otra causa”.

Antonio González, de la Fundación sobre el Seguro y la Responsabilidad Civil (Fuserc), sostuvo que “llegamos a un punto crítico: la sociedad no puede soportar más una cantidad de muertos que llega a ocho o nueve mil al año y que se incrementa por la incorporación de centenares de miles de nuevos vehículos. Ocho peatones mueren cada día”.

La Constitución establece para las “iniciativas populares” el requisito de contar con una cantidad de firmas equivalente al 1,5 por ciento del padrón electoral –aproximadamente 500.000 personas– en por lo menos seis jurisdicciones.